La extradición a Colombia de dos capos del narcotráfico durante los gobiernos de Felipe González pudo haberse dado, según se publicó en el libro ‘El hijo del ajedrecista’, gracias al pago de sobornos
¿Es Felipe González un narcotraficante? No. ¿Ha tenido relación directa o indirecta con personas vinculadas al narcotráfico o adoptó en la presidencia del Gobierno decisiones que presuntamente beneficiaron a los cárteles colombianos? Eso es lo que analizaremos en este artículo.
Todo comienza con un caso de supuesto soborno y presiones de las más altas instancias del Estado, Presidencia y Ministerio de Justicia, para evitar una extradición, del mismo modo que presuntamente ocurrió recientemente con el empresario Ángel Pérez-Maura, sobrino de Emilio Botín y primo de Ana Patricia Botín. En este caso, la extradición se refiere a dos narcotraficantes colombianos, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90.
Tras el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 por sicarios del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Ochoa Vázquez, Escobar se escondió en Nicaragua y Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela se instalaron en España donde vivían a cuerpo de rey en sus lujosas viviendas con piscina, pista de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarcón.
Ochoa y Orejuela se dedicaron, con la ayuda de su socio el capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, que también vivía en España como un pachá en su lujosa vivienda de la urbanización “Las Lomas” de Boadilla del Monte, cercana a la actual Ciudad financiera del Santander, y el apoyo de Sito Miñanco y demás clanes de las rías gallegas, a crear en España el canal de entrada de la cocaína en Europa.
Ochoa y Orejuela, tras la investigación de la Drugs Enforcement Administration (DEA) la agencia antidroga americana que había instalado una delegación en la calle Serrano de Madrid, fueron detenidos y encarcelados por la policía española en noviembre de 1984, por las peticiones de la Embajada de los Estados Unidos por procesos criminales de tribunales de Nueva York y California (...)
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