Este 20 y 21 de febrero se han celebrado las vistas tras las que el Tribunal Superior de Justicia británico decidirá si la defensa podrá recurrir la extradición de Assange o si lo entregará definitivamente a EEUU, donde se enfrenta a 175 años de prisión
Partidarios de Julian Assange se manifiestan contra la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks en el consulado del país americano en Barcelona. — Nacho Doc / REUTERS
La acusación de Julian Assange ha reconocido ante el juez del Tribunal Superior de Justicia británico, Adam Johnson, que la Justicia estadounidense no posee ningún mecanismo para impedir que el periodista australiano sea condenado a una pena de muerte. Así lo han confirmado a Público fuentes presentes en la audiencia que se celebra este miércoles en Londres.
Esta ha sido la respuesta de la representación de EEUU a la pregunta formulada por la Justicia británica sobre si el delito de traición -uno de los 18 que enfrentaría Assange de ser extraditado a EEUU-, contemplado en la ley de Espionaje estadounidense, podría conllevar la aplicación de la pena de muerte. El juez también ha querido saber si, de ser así, EEUU podrían asegurar que el fundador de WikiLeaks no recibiría dicha sentencia. Los abogados de la acusación se han visto obligados a confirmar ambos escenarios.
La posibilidad de que Assange sea sentenciado a la pena capital contradice las garantías dadas por Reino Unido a Ecuador en 2019, cuando se comprometió a no extraditar al periodista a un país en el que se le pudiera aplicar dicha condena. En 2020, el subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en Ecuador, Simon McDonald, aseguró que "lo que sí dijimos es que nunca extraditaríamos al señor Assange si existía peligro de que afrontara una pena de muerte".
Cuatro años después, la acusación estadunidense evidencia que el fundador de WikiLeaks estaría expuesto a este riesgo de ser extraditado a EEUU.
Dicha opción también genera disonancias con la argumentación dada en 2021 por su Justicia, cuando aseguró a Londres que salvaguardaría la integridad y bienestar físico y psicológico de Assange durante el proceso judicial y la posterior condena en su territorio. Este aval fue el que permitió a los británicos dar luz verde a la entrega del periodista, que inicialmente había sido rechazada por razones humanitarias.
Tras la autorización judicial, la entonces ministra de Interior de Reino Unido, Priti Pattel, aprobó la extradición de Julian Assange.
El delicado estado de salud del australiano y la posibilidad de que las condiciones de su cautiverio en EEUU las agravaran, fue uno de los muchos argumentos -grounds of appeal- presentados por su defensa para paralizar la extradición. A excepción de este, el resto de los argumentos fueron rechazados por las diferentes instancias judiciales británicas (...)
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