“A las cinco de la mañana del día
25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa
y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo, procurando
ir todos provistos de azadas y demás instrumentos para efectuar un
deslinde”.
Fueron las instrucciones que iniciaron
tal día como hoy, hace 80 años, las ocupaciones colectivas de tierras en
Extremadura. Estas son las claves para comprender qué pasó aquél 25 de marzo de 1936:
- A principios de 1936 se produce el crecimiento del paro en el campo
(más de 20%), coincidiendo con la crisis y un periodo de lluvias que
impedían realizar las labores, y por tanto, acceder a un jornal.
-La estructura de la propiedad está en muy pocas manos. Es un sistema arcaico, con propietarios absentistas frente a una masa de jornaleros sin tierra que se enfrentan a una crisis de subsistencia desde hace siglos.
El control social a través de los gobiernos, las fuerzas del orden
público y la Iglesia son efectivos, hasta que comienzan a expandirse los
movimientos obreros.
-El
Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, intentó primero
evitar que se produjeran. Luego se vio obligado a reconocer las
ocupaciones. Se producía un conflicto entre lo legal, lo
“prescrito por ley y conforme a ella”, y la práctica de la desobediencia
civil frente a situaciones de "injusticia social", según entendía el
movimiento campesino.
- La II República abrió en 1932 la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria: entrega
de tierras a campesinos, modernización y fin de latifundios. Además,
otras medidas y normas para mejoras en las condiciones de vida, como una
subida de salarios, jurados mixtos para los patronos y la limitación de
la jornada (ocho horas).
-La lentitud de la reforma
por la escasez de recursos y la oposición de propietarios, así como la
necesidad de indemnizarlos, hizo que la reforma tuviera resultados muy escasos (sólo 12.000 asentamientos de lo 60-75 mil planteados). La miseria continuó y también las reivindicaciones campesinas,
en muchos casos con insurrecciones duramente reprimidas por las fuerzas
del orden público, como el caso de Casas Viejas (Cádiz), Castilblanco (Badajoz) y Arnedo (Logroño).
En mitad de este escenario el triunfo de las derechas y sus gobiernos
(1933/1935) supuso un retroceso para la reforma agraria. Con ello
comienza la frustración y la desconfianza. El triunfo del Frente Popular
en febrero de 1936 le dará un nuevo impulso.
-Las ocupaciones del 25 de marzo de 1936 traen un cambio de estrategia de la protesta campesina, basado
en la desobediencia civil, lo que obligó al Ministerio de Agricultura a
adoptar medidas para retomar la legislación del primer bienio de la
República y ampliar sus recursos campesinos.
-Ahora
eran los campesinos quienes se adelantaban los acontecimientos, y el
Estado tenía que ir detrás dando legitimidad a sus reivindicaciones.
Precisamente el levantamiento militar de julio de 1936, de carácter
conservador, favoreció indirectamente que en las zonas que quedaron bajo
control republicano comenzara la extensión y profundización de este
proceso de ocupación de tierras, muchas de ellas trabajadas por colectividades de campesinos de CNT/UGT.
-Buena parte de los campesinos que participaron en aquellas pacíficas
ocupaciones de fincas de marzo del 1936 o con posterioridad, fueron asesinados o encarcelados por la represión franquista como castigo a su rebeldía.
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MÁS EN http://ctxt.es/es/20170322/Politica/11782/Extremadura-25-marzo-II-Republica-Guerra-Civil-reforma-agraria.htm Navalmoral de la Mata (Cáceres) | 24 de Marzo de 2017 - Mª Ángeles Fernández / J. Marcos
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MÁS EN http://ctxt.es/es/20170322/Politica/11782/Extremadura-25-marzo-II-Republica-Guerra-Civil-reforma-agraria.htm Navalmoral de la Mata (Cáceres) | 24 de Marzo de 2017 - Mª Ángeles Fernández / J. Marcos
(...) Sin cambios
El resto, hasta hoy, es sabido: la falta de oportunidades obligó a emigrar a un 40% de la población en tan sólo 15 años, la renta per cápita es la más baja del país (16.166 euros, un 30,6% inferior a la media nacional), mientras las cifras de paro son las más elevadas de España (más de un 28%).
Y el silencio y el desconocimiento de esta reciente historia es lacerante: “Extremadura fue un foco de atención de los tratadistas de los fenómenos revolucionarios y de la antropología y sociología del campo. Y, sin embargo, con la llegada de la democracia todo esto pasó al olvido”, apunta Víctor Chamorro, quien lleva 50 años novelando sobre la región, de manera incluso “tóxica”, dice. Ahora, la recién creada Asociación 25 de marzo está trabajando para generar un debate sobre la importancia del empoderamiento de la ciudadanía, de la identidad y, por qué no, de la redistribución de la tierra. “Esta es una región periférica en lo económico, social, cultural y político. El 25 de marzo es un elemento constituyente de la identidad del pueblo extremeño, y tiene una capacidad de transformación social enorme”, añade Cañada, quien fuera coordinador de Izquierda Unida en la región.
Han pasado 81 años de aquellas fechas en la que los ojos del mundo, a
través de muchos corresponsales, estaban en Extremadura. Y las
explotaciones sigue en las mismas pocas manos: la región sufre la
“distribución más injusta de las tierras” de todo el Estado, afirma el
estudio Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento, elaborado por la ONG Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicado en diciembre de 2015.
Este informe dedica un especial interés a las situaciones de Galicia, por su estructura minifundista, y de Extremadura, por todo lo contrario. Los datos analizados demuestran que la media del tamaño de las explotaciones es de casi 41 hectáreas, un 83% más elevado que la media estatal. O recogen, por ejemplo, que 163 grandes fincas (de más de mil hectáreas) poseen cuatro veces más tierra que las 28.752 pequeñas fincas. Hay más: el 30% de la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores.
“Debemos destacar que algunas de estas grandes propiedades están en manos de latifundistas en el más clásico sentido de la palabra: personas físicas, de grandes familias o empresarios de alto nivel, absentistas en cuanto que su residencia habitual, por supuesto, no está en Extremadura y que tienen esas fincas como valores suntuarios y no como fuentes de renta o empleo”, recoge el documento.
Nuevos dueños
En el pequeño aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), aterrizó en abril del año pasado Mohamed bin Rashid Al Maktum. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái visitaba la tercera gran finca que ha comprado en la provincia DE Badajoz. El hecho no es aislado. “Ahora estamos viendo cómo los terratenientes extremeños se asocian a terratenientes extranjeros cuyas fortunas vienen del petróleo y que compran enormes extensiones de tierra extremeña”, afirma Chamorro.
En febrero de 2015, el jeque Mansour Al Nahyan, dueño del club de fútbol Manchester City y hermano del emir de Abu Dhabi, invirtió en otra parcela pacense. Este jeque controla el fondo de inversión IPIC, dueño de la petrolera española Cepsa y también de parte de la eléctrica portuguesa EDP, entre otras compañías, como explican en su web. Los anteriores dueños, la familia Mora-Figueroa Domecq, son una de las mayores fortunas de España y también de las mayores beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Pero esto daría para otro reportaje.
El resto, hasta hoy, es sabido: la falta de oportunidades obligó a emigrar a un 40% de la población en tan sólo 15 años, la renta per cápita es la más baja del país (16.166 euros, un 30,6% inferior a la media nacional), mientras las cifras de paro son las más elevadas de España (más de un 28%).
Y el silencio y el desconocimiento de esta reciente historia es lacerante: “Extremadura fue un foco de atención de los tratadistas de los fenómenos revolucionarios y de la antropología y sociología del campo. Y, sin embargo, con la llegada de la democracia todo esto pasó al olvido”, apunta Víctor Chamorro, quien lleva 50 años novelando sobre la región, de manera incluso “tóxica”, dice. Ahora, la recién creada Asociación 25 de marzo está trabajando para generar un debate sobre la importancia del empoderamiento de la ciudadanía, de la identidad y, por qué no, de la redistribución de la tierra. “Esta es una región periférica en lo económico, social, cultural y político. El 25 de marzo es un elemento constituyente de la identidad del pueblo extremeño, y tiene una capacidad de transformación social enorme”, añade Cañada, quien fuera coordinador de Izquierda Unida en la región.
Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura. / ARMHEX
Este informe dedica un especial interés a las situaciones de Galicia, por su estructura minifundista, y de Extremadura, por todo lo contrario. Los datos analizados demuestran que la media del tamaño de las explotaciones es de casi 41 hectáreas, un 83% más elevado que la media estatal. O recogen, por ejemplo, que 163 grandes fincas (de más de mil hectáreas) poseen cuatro veces más tierra que las 28.752 pequeñas fincas. Hay más: el 30% de la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores.
“Debemos destacar que algunas de estas grandes propiedades están en manos de latifundistas en el más clásico sentido de la palabra: personas físicas, de grandes familias o empresarios de alto nivel, absentistas en cuanto que su residencia habitual, por supuesto, no está en Extremadura y que tienen esas fincas como valores suntuarios y no como fuentes de renta o empleo”, recoge el documento.
Nuevos dueños
En el pequeño aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), aterrizó en abril del año pasado Mohamed bin Rashid Al Maktum. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái visitaba la tercera gran finca que ha comprado en la provincia DE Badajoz. El hecho no es aislado. “Ahora estamos viendo cómo los terratenientes extremeños se asocian a terratenientes extranjeros cuyas fortunas vienen del petróleo y que compran enormes extensiones de tierra extremeña”, afirma Chamorro.
En febrero de 2015, el jeque Mansour Al Nahyan, dueño del club de fútbol Manchester City y hermano del emir de Abu Dhabi, invirtió en otra parcela pacense. Este jeque controla el fondo de inversión IPIC, dueño de la petrolera española Cepsa y también de parte de la eléctrica portuguesa EDP, entre otras compañías, como explican en su web. Los anteriores dueños, la familia Mora-Figueroa Domecq, son una de las mayores fortunas de España y también de las mayores beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Pero esto daría para otro reportaje.
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