Donde
el joven juez Ruiz de Lara se enfrenta al CGPJ, el fiscal jefe
anticorrupción Jiménez Villarejo a la Fiscalía General y el ministro
Belloch a su propia memoria. Cristina Fallarás Madrid |
1 de
Marzo de
2017 http://ctxt.es/es/20170301/Politica/11399/justicia-politica-independencia-poder-judicial.htm
Libertades en España
J.R. Mora
J.R. Mora
La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen
lo que somos en convivencia, aquello en lo que creemos y aquello que
supera la superstición. Nuestras leyes son lo opuesto a la ley de Dios,
aunque a menudo se le cuelguen de las barbas.
Nuestras leyes tienen sus jueces, y éstos su gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Hubo un tiempo, allá por 1980, en el que ese gobierno
era nombrado por los propios jueces. Poco duró. En 1985, el Ejecutivo
socialista de Felipe González debió de pensar que lo judicial se les
estaba desmandando, o quién sabe si era cierto que quería purgar
franquistas, o ambos, y cambió su Ley Orgánica. Cuentan que Alfonso
Guerra lo celebró con la frase “Montesquieu ha muerto”. Él lo niega. A
partir de entonces, el CGPJ pasó a ser elegido por los políticos. Hoy
tiene 20 miembros –10 por parte del Congreso y otros tantos, del
Senado–. Ellos votan a su presidente.
“La función principal del Consejo es la gestión de la
administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la
independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función
judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos,
incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio
gobierno del Poder Judicial.”, se lee en la página del Poder Judicial.
“Salvaguardia o garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales cuando ejercen su función judicial”, sí.
“Respecto al resto de poderes del Estado y frente a
todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio
gobierno del Poder Judicial”, sí.
Ahí está la cuestión, sí.
CAPÍTULO 1
Un juez frente al Consejo General del Poder Judicial
Corría mayo de 2015 cuando un joven juez llamado
Manuel Ruiz de Lara pagó el viaje de un pequeño grupo de alumnos de
Derecho a Bruselas. Su objetivo: debatir sobre el Derecho, sus órganos y
sus leyes con estudiantes de otras universidades. Él tenía 35 años y
los alumnos veintipocos. Él era el portavoz de la llamada
Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación empeñada en
denunciar las conexiones entre los partidos políticos y los órganos
judiciales. Sus alumnos pertenecían a una quinta dispuesta a destripar
el funcionamiento de la Justicia por ver si hallaban el mal.
Pocos días después de aquel viaje a Bruselas, el juez
Ruiz de Lara recibió una llamada. A media mañana, cuando se encontraba
en su domicilio disfrutando de un tiempo de vacaciones, sonó su teléfono
personal. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como
inspector del CGPJ y le preguntó cómo se financiaban esos debates
universitarios. Él respondió que de su bolsillo. No se le informó de
nada más.
Para entender la rocambolesca y oscura telaraña tejida
en torno al juez Ruiz de Lara, en cuyo lienzo participa incluso el
presidente del Tribunal Supremo, resulta imprescindible ver un vídeo de
la Plataforma por la Independencia Judicial.
Este:
La siguiente comunicación le llegó al juez Ruiz de Lara más de un año después de aquella llamada de 2015.
El 2 de agosto de 2016, a las 13.30 de un miércoles soleado en el Mediterráneo, el joven juez recibió un mail
en el que el CGPJ le preguntaba si tenía algún cargo en la asociación
universitaria de debate y si recibía alguna remuneración por ello. Él ya
vivía en Barcelona, donde desde febrero de ese año ocupa su puesto en
el juzgado Mercantil número 10. Allí recibió el correo y desde allí
respondió que no a ambas preguntas. Un hombre llamado Antonio Jesús Fonseca-Herrero
había abierto diligencias informativas contra él. Fonseca-Herrero es lo
que el CGPJ llama Promotor de la Acción Disciplinaria, cargo que une en
su nombre las ideas de “acción” y “disciplina”, valga la evidencia.
“La asociación de los estudiantes es una entidad
privada universitaria, y yo lo hice porque los debates que organizaban
me parecía una actividad bonita académicamente”, explica. Ruiz de Lara
es un treintañero flaco y sonriente de gran nariz y cejas pobladas sobre
los ojos pardos. Habla con una seguridad ligeramente cascabelera que
contrasta con su empeño constante en justificar algo que, en principio,
parece que no necesitaría justificación. De la misma forma que no sería
necesaria la investigación puesta en marcha por el Promotor de la Acción
Disciplinaria Fonseca-Herrero. Pero las cosas no siempre son lo que
parecen. Y quizás por eso puso a disposición del CGPJ su cuenta
corriente, donde entradas y salidas de dinero demostraban la verdad de
sus palabras: gastos en los alumnos y ningún ingreso por esa parte.
El pasado mes de enero de 2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5 meses en marcha
Así quedó todo hasta que el pasado mes de enero de
2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la
investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5
meses en marcha, y sin más noticias que las preguntas sobre la
asociación universitaria de debates.
Entonces llegaron las sorpresas. Dos.
Sorpresa Uno: existe un informe secreto llevado a cabo
por el magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla donde queda en
evidencia que ha investigado las actividades y la página web de la
Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Este informe secreto no
tiene ningún tipo de cobertura por parte de procedimiento alguno, y, lo
que resulta más sorprendente, Ruiz de Lara desvela que está encargado
por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
El Consejo General del Poder Judicial solo puede
investigar a jueces. La Plataforma es una entidad privada y entre sus
socios se cuentan jueces, y también abogados y ciudadanos de a pie
interesados en sus actividades. Más allá del pasmo que supone imaginar a
todo un presidente del Supremo en estas triquiñuelas, como si no
tuviera rotos nuestra democracia, la investigación es irregular.
Sorpresa Dos: existe un segundo informe del 12 de
julio de 2016. Está firmado por Esperanza Córdoba Castroverde e insiste
en la participación remunerada del joven juez en los debates
universitarios. “El problema no es que haga esas insinuaciones, que ya
es bastante grave”, protesta Ruiz de Lara, “sino que se basa únicamente
en que aparezco en una foto de Facebook con jóvenes universitarios…
En fin, yo y no sé cuántos magistrados más”. En los debates han
participado, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional o el
Fiscal General del Estado, y acuden personas de pública relevancia como
Manuela Carmena, Adolfo Suárez Illana o Pablo Casado. La relación de la
investigadora con el presidente del Supremo pasa por su hermano, Diego
Córdoba Castroverde, considerado uno de los “cerebros en la sombra” de
Lesmes.
Y entonces llega el vídeo, contundente, durísimo con
la politización y corrupción en los nombramientos del CGPJ, nacido desde
dentro.
Lo grabaron un sábado del pasado mes de enero en casa
de uno de los miembros de la Plataforma por la Independencia Judicial,
en el madrileño barrio de Salamanca. Les costó 700 euros, que pagaron
entre siete miembros, a razón de 100 euros cada uno. Cuenta Ruiz de Lara
que así suelen hacerse las cosas en la Plataforma. Entonces, lo
enviaron “a toda la carrera judicial”.
Ruiz de Lara: “Nosotros denunciamos que hay que
cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ. Actualmente se lo
reparten los partidos, y eso implica que los políticos metan la mano en
la Justicia. Y criticamos los nombramientos realizados por el CGPJ. Les
corresponde la competencia para nombrar a los altos cargos de la
judicatura y no se ajustan a los criterios de mérito y capacidad, es
decir, se favorece a un magistrado que tiene menos méritos que otro que
también concurre. ¿Motivo? Por razones de amiguismo con el presidente
del Supremo, con algunos vocales, o porque se cree que va a pensar de
una forma determinada, de acuerdo con alguna ideología o partido…”.
Pese a que no había indicio de que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar
Tres días después de mandar el vídeo a todos los
jueces, el pasado viernes 24 de febrero, pese a que no había indicio de
que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria
alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar. A él,
y al presidente de su Plataforma, Agustín Azparren, exvocal del Poder
Judicial, magistrado en excedencia, y a la presidenta de una liga de
debate estudiantil, Ana Funes, una universitaria de 22 años.
–¿A declarar sobre qué?
–Sobre nada, porque no me concretan sobre qué tengo
que declarar. Tampoco me informan si se me imputa alguna falta. Voy sin
garantía ninguna, ni siquiera saber si tengo derecho a un abogado para
defenderme.
–¿A defenderse de qué?
–Pues no tengo ni idea… Hombre, pero cuando a uno le
cita un órgano determinado que te puede abrir un expediente
disciplinario, lo lógico es que te informen sobre qué te van a tomar
declaración, y a partir de ahí tú articulas tu defensa. Son los derechos
mínimos de cualquier investigado.
–Pero ¿de qué podían informarle?
–De nada. No me informan de nada porque no tienen nada que imputarme.
–¿Por qué citan también al presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y a la estudiante Ana Funes?
–Aquí se comenten dos irregularidades: el CGPJ no
puede citar a ciudadanos, para empezar. Pero además requiere que se
aporten los estatutos de la Plataforma y los de la asociación
universitaria de debates. Tampoco puede requerir a una entidad privada
que aporte nada. El Consejo General no es un órgano judicial, sino un
órgano administrativo destinado a gobernar la carrera judicial. Solo a
los jueces.
–A los jueces que cometen irregularidades.
–Sí. Yo entiendo que con mi dinero puedo hacer lo que
me dé la gana. El promotor de la acción disciplinaria Fonseca-Herrero me
pregunta otra vez lo mismo, si recibo alguna retribución, y le respondo
que no. Y para mi sorpresa me pregunta que por qué hago esto.
–¿Qué responde?
–Que yo creo que en la vida hay cosas que uno hace por
mero idealismo, que es por lo que yo lo hago, vamos, porque conocí a
estos universitarios, me pareció buena su idea.
–¿Podía haberle contestado “a usted qué le importa”?
–Efectivamente, porque ni le importa cómo conocí yo a
los estudiantes ni por qué hago yo esto. Esto es mi vida privada. Un
magistrado también tiene vida privada y se gasta su dinero en lo que
quiere.
El momento clave de esa declaración llega en torno al
minuto 40. Hasta entonces, el interrogatorio insistía en la asociación
universitaria. Pero entonces el magistrado inquiere qué actividad
realiza la Plataforma por la Independencia Judicial, algo que no era
objeto de investigación. Durante cerca de diez minutos, el inquisidor
insiste en preguntar quién realiza los informes de la Plataforma, qué
personas concretas, y cómo se aprueban. Pese a que realizar informes
sobre nombramientos del CGPJ es perfectamente lícito, el juez Ruiz de
Lara responde que él tiene la función de portavoz y que desconoce quién
hace los informes.
“El objetivo era que yo diese unos cuantos nombres y
que a esos magistrados, no sé, incluirlos en una lista negra y en el
futuro ya se verá”, medita. “Esa insistencia en hacer constar el nombre
concreto….”.
Termina el interrogatorio sin llegar a ningún lugar, porque de ningún lugar se partía.
Manuel Ruiz de Lara, en una fotografía reciente.
Las diligencias informativas llevan abiertas desde
julio 2016: siete meses. Los procedimientos disciplinarios a jueces solo
pueden durar 6 meses. Si en lugar de abrir un procedimiento
disciplinario –no pueden hacerlo al carecer de indicios–, abren
diligencia informativa, como es el caso, no tienen límite de tiempo.
–Quiero llamar la atención del riesgo que suponen las
diligencias informativas para la independencia judicial. Si yo le abro a
un magistrado una diligencia informativa y la dejo abierta sine die,
ese magistrado mañana tiene un caso de corrupción de un partido
político, estando el CGPJ nombrado por los partidos… ¿Quién me dice a mí
que no se usan esas diligencias abiertas para condicionar la decisión
del magistrado?
–¿Qué pretenden exactamente según usted?
–Yo estoy en un mercantil y no llevo ahora casos de
corrupción. Pero, ¿qué hacen conmigo? Mantienen las diligencias abiertas
con el objetivo de decirme “chaval, dejad ya de hacer los informes de
nombramientos y dejad de denunciar, que no nos interesa que esto salga
en la prensa y el vídeo se difunda”. Como soy el portavoz, puedo ser un
chivo expiatorio.
–Es chocante que, después de todo esto, el Consejo
General acabe de declarar que no tiene ningún interés en la Plataforma
que usted representa.
–Ha habido una reacción en cadena de toda la carrera judicial. El presidente del Supremo ha enviado una nota de prensa
donde no se aclara nada. Una de las cosas que dice es que no hay ningún
interés en la Plataforma. ¡Claro que lo hay! Hoy mismo [martes 28 de
febrero] acaban de enviar un requerimiento a la Plataforma para que
informe sobre cuándo se constituyó, para que aporte estatutos y actas de
nombramiento de los cargos de la junta directiva… ¡Solo un día después
de decir que no les interesaba nada!
CAPÍTULO 2
Un fiscal anticorrupción frente a la Fiscalía General
(Diatriba de Carlos Jiménez Villarejo)
Este monólogo se grabó el pasado viernes 24 de
febrero, quizás a la misma hora a la que el juez Manuel Ruiz de Lara
declaraba ante el Consejo General del Poder Judicial aún no sabe
exactamente por qué.
“Yo, en el ejercicio de mi profesión como fiscal en
asuntos delicados, me he sentido siempre… En la persecución de Jordi
Pujol con motivo de la quiebra de Banca Catalana, hicimos lo que había
que hacer, ya sé que aquellas cosas no estaban bien vistas por algunas
instancias, pero en todo caso, la instancia del Ministerio Fiscal, cuyo
fiscal general era Luis Burón Barba, fue siempre muy respetuoso con
nosotros, más allá de que otras entidades y los partidos estuvieran
disconformes, algo que me era absolutamente indiferente. Y por tanto
hicimos lo que había que hacer".
“Cada vez que yo iniciaba una investigación por temas
relacionados con la comisión de delitos relacionada con el ejercicio de
la función pública, por ejemplo por consejeros de los gobiernos de
Pujol, como Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y otros muchos, en general
tuve por parte del fiscal general de aquella fecha, del PSOE, una
resistencia completa. Resistencia que se traducía muchas veces en la
prohibición de actuar, mediante la presentación de denuncias ante los
juzgados de instrucción competentes. De tal manera que hubo actuaciones
muy importantes que se pudieron llevar a cabo, pero otras que eran igual
de importantes y se tuvieron que quedar en un cajón de la Fiscalía
porque el Fiscal General lo prohibió. Entonces gobernaba Felipe
González".
El principio de jerarquía que hay en el Ministerio Fiscal lo he vivido como una imposición, con órdenes a favor de determinados políticos
“Hubo disposiciones de los fiscales generales
prohibiéndome actuar y ejercer las acciones penales correspondientes. Yo
reaccionaba haciendo uso de un precepto que todavía subsiste en el
estatuto del Ministerio Fiscal que es una especie de cláusula de
conciencia en la cual yo expresaba por escrito mi disconformidad con la
orden recibida. Eso se llevaba a la Junta de Fiscales de sala, que es el
máximo órgano consultivo del Fiscal General, y allí, naturalmente y
mayoritariamente, la junta apoyaba al Fiscal General de turno y mi
propuesta quedaba completamente desasistida, y por lo tanto no se
llevaba adelante".
“Eso ocurrió varias veces, lo cual quiere decir que el
principio de jerarquía que hay en el Ministerio Fiscal lo he vivido
como una imposición, con órdenes a favor de determinados políticos, no
sólo de aquellos que en ese momento gobernaban sino también políticos
con los que el Gobierno tenía determinadas alianzas, como era el caso en
aquella época de la Convèrgencia de Pujol y sus buenas relaciones con
el PSOE o posteriormente con el PP".
“Este es un panorama de aquella época. Yo sí sé qué
significa la presión del Fiscal General del Estado por razones
estrictamente políticas, impedir que un fiscal siga adelante y lleve un
asunto que no sólo había investigado yo, sino también otro fiscal a mis
órdenes en el ejercicio de sus funciones de forma muy rotunda, muy seria
y muy rigurosa. Sin embargo, no se pudieron llevar jamás al juzgado
porque el Fiscal General lo prohibió. Lo que estamos viendo estos días,
por tanto, no es nuevo para mí, tengo experiencia sobrada”.
“Cuando llego a la Jefatura de la Fiscalía
Anticorrupción, otro tanto de lo mismo. Pero en aquel momento hubo de
todo, es decir, recuerdo una instrucción del fiscal Eligio Hernández,
cuando todavía no se había despenalizado la objeción de conciencia –sé
de lo que estoy hablando, algo que no tiene que ver con el tema
económico, ni con dirigentes bancarios ni nada por el estilo–, se ordenó
a los fiscales que se pidiera la prisión provisional y el cumplimiento
de la pena para aquellos que habían sido condenados a una pena inferior a
dos años, cuando igual que ahora existía la posibilidad de no ingresar
en prisión cuando la pena no superaba los dos años. Hubo una orden del
fiscal Eligio Hernández para que se pidiera el ingreso en prisión. En
aquel caso yo reuní a la Junta de Fiscales de Barcelona, que se declaró
por unanimidad en contra de la orden del Fiscal General, y simplemente
no lo cumplimos. Punto. En aquel momento estábamos en los inicios de la
Transición y empezábamos a recobrar colectivamente la sensación de que
estábamos al servicio de determinados ideales de progreso y de
libertad”.
“Cuando fui Fiscal Anticorrupción, el tema de la
diferencia de criterio e incluso de conflicto fue constante, no era una
excepción. Cuando a mí me hablan de la autonomía del Ministerio Fiscal y
de que el Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno tengo
que decir que, incluso después de la primera reforma estatutaria que se
hizo en el año 81, parecía que se regulaba la autonomía del Fiscal
General y por lo tanto de los fiscales que dependía de él, pero la
verdad es que esto no ha funcionado nunca. Los fiscales generales, en
general, han tenido una actitud, no diría de subordinación, pero sí de
complacencia con el Ejecutivo de turno. Bastaba ver los contactos que yo
tuve con el Fiscal General durante los ocho años que estuve en la
Fiscalía Anticorrupción recién creada. Fueron de constante desacuerdo
sobre mis disposiciones y mi criterio sobre cómo había que perseguir y a
quién había que perseguir por determinado tipo de delitos. La oposición
del Fiscal General expresada a veces oralmente, a veces por escrito. Si
lo hacía por escrito, yo volvía a ejercer el uso de esa cláusula de
conciencia que he citado antes, y la llevaba a la junta de sala que
apoyaban al Fiscal General de entonces, que era Jesús Cardenal”.
“Pese a todo, hubo veces en que se llegó ir hacia
adelante, como por ejemplo la identificación de Josep Piqué cuando la
crisis de Ertoil, la filial de Ercros. Fue investigado por nosotros, por
la Fiscalía Anticorrupción. Primero por el Supremo y luego por nosotros
como Fiscalía Anticorrupción. No hubo manera de avanzar en la
investigación hasta que finalmente la juez de la Audiencia Nacional lo
archivó. Yo sé que, en la sala del Supremo, el acuerdo para tomar
declaración como imputado a Josep Piqué, entonces ministro, fue
prácticamente unánime con el voto en contra de uno de la totalidad de
los fiscales. Nunca llegó a ser llamado como imputado ante el Tribunal
Supremo, puesto que era aforado al ser ministro. Al fiscal que llevó
este asunto le costó muchos disgustos, todo hay que decirlo. No quiero
revelar su nombre porque necesitaría su consentimiento. El haberse
mantenido en su posición de rigor y de exigencia, sobre todo acerca de
las responsabilidades de Piqué y su relación con la venta de Ertoil, le
costó muchos disgustos: de orden personal, de maltrato en el orden
profesional, etc”.
“Yo, como fiscal jefe, siempre he defendido mi
criterio con plena autonomía, lo cual no quiere decir que no haya tenido
fuertes enfrentamientos con los fiscales generales de turno. Insisto,
fueran del PSOE, fueran del PP, me es indiferente”.
Como fiscal jefe, siempre he defendido mi criterio con plena autonomía, lo cual no quiere decir que no haya tenido fuertes enfrentamientos con los fiscales generales de turno
“Como fiscal anticorrupción coincidí con los gobiernos
de Aznar, y la relación fue ciertamente muy conflictiva. Hasta el punto
de que finalmente aprovechó la reforma que se hizo exprofeso para
establecer un plazo a los fiscales jefes, que hasta esa fecha no
existía, para mi cese. Se aprobó, y la consecuencia de esa reforma que
fijaba un plazo de cinco años para la fiscalía ya fueran provinciales,
territoriales o especiales, supuso el cese de quien entonces era fiscal
de Madrid, Bermejo, el mío y, quizás aprovechando el viaje, alguno más
que no daba la talla como fiscal, pero el resto de fiscales fueron
confirmados. Se aprovechó la reforma para excluir ciertos cargos que
habíamos acreditado un currículum profesional largo, sin duda como
fiscal anticorrupción en mi caso, y absolutamente impecable y con
seriedad en el desempeño de nuestras funciones”.
“Le voy a poner un ejemplo: la oposición frontal que
hizo el Fiscal General, entonces Jesús Cardenal, a que la Fiscalía
asumiera la investigación del delito que se atribuía a César Alierta por
conducta evidentemente delictiva durante el periodo en que era
presidente de Tabacalera, antes de ser presidente de Telefónica. Si la
causa se abrió finalmente fue por medio de una asociación de
Consumidores y Usuarios de la Banca (ADICAE), que instó la apertura de
la causa mediante la acción popular. Se abrió la causa en un juzgado de
instrucción de Madrid y se permitió a la Fiscalía Anticorrupción actuar
en el ejercicio de la acusación pública. La causa se abrió en Madrid y
se admitió a trámite la querella de la acusación popular. El fiscal
Alejandro Luzón, que acaba de actuar brillantemente en el asunto de las
tarjetas black, hizo un estupendo papel. Lo llevó hasta el
final. Bien, la Audiencia de Madrid absolvió a Alierta por prescripción
del delito, no por no haberlo cometido. Luzón recurrió en el Tribunal
Supremo y este se sacó de la manga otro argumento a favor de la
prescripción del delito para mantener la absolución de Alierta, cuando
ya se había conocido la verdad sobre la comisión de su conducta
delictiva”.
Carlos Jiménez Villarejo en una conferencia de Alternativa Progresista Ciudadana. 2014 / Youtube
“Podría ponerle muchos más ejemplos porque la tirantez fue constante entre el Fiscal General y los intereses de la Justicia”.
“Que a mí me hablen de lo que está ocurriendo ahora no
me descubre nada, me parece que es la consecuencia de una historia que
desgraciadamente para España no quiere acabar y que es el negar la
absoluta autonomía e independencia del fiscal en el ámbito de sus
funciones, en el ámbito de la justicia penal”.
“Mientras esto no sea posible, me parece absolutamente
aberrante que se pretenda conferir la instrucción de los procesos
penales al fiscal. Pretender que un fiscal instruya un caso de
investigación criminal contra alguien, sobre todo alguien que ocupa una
posición de poder político o económico, sin tener plena autonomía para
el ejercicio de sus funciones, y a la vez depender de la jerarquía del
fiscal general, es absolutamente incompatible”.
“Se han producido unos ceses en el último consejo
fiscal con renovación de fiscales y nombramientos que ya se veían venir
para quienes estaban un poco cerca de las instituciones. Hay
evidentemente una intromisión del Ejecutivo de turno en el ejercicio de
las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Se han traducido
en el cese de Juan Calparsoro, fiscal jefe superior del País Vasco, el
cese del fiscal de Murcia, Manuel López Bernal, y Javier Zaragoza en la
Audiencia Nacional”.
CAPÍTULO 3
Un ministro frente a su memoria
Después de sus diez años como alcalde de Zaragoza, y
ocupando ya la plaza de magistrado de la sección Primera de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Belloch parece recordar los
tiempos en los que ejerció de superministro socialista con
distancia y sin que la melancolía tiña su voz. Aquellos fueron años de
basura y desconcierto, años de Paesa y Luis Roldán, años en los que la
investigación de los GAL salpicaba cal viva sobre la decadencia del que
había sido el gran líder González. Se le entibia la voz al recordar: “Yo
entonces era un juez recién llegado allí con 42 años”.
A esa edad todavía conservaba su rendida admiración
por dos fiscales: Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Ambos
habían llevado la querella contra Banca Catalana, o sea, Jordi Pujol, y
cuando Belloch ocupó el ministerio seguía rendido al trabajo de aquellos
dos hombres de Justicia. “Yo me incorporé a la carrera judicial porque
estaba gente como Carlos Jiménez Villarejo o José María Mena”, recuerda.
“Para mí eran maestros. Me incorporé a la vida judicial –mi padre y mi
abuelo también eran jueces– siguiendo el ejemplo de estas personas. Para
mí eran ídolos”.
Así que cuando creó la Fiscalía Anticorrupción no se lo pensó dos veces.
Rebusca el exministro en su memoria el momento exacto
en el que le propuso a Jiménez Villarejo ser el primer Fiscal jefe
Anticorrupción de España, y no lo localiza. Pero sí rememora la sorpresa
con la que el otro recibió la noticia. “Habíamos estado juntos en
Barcelona cuando yo fui juez de Berga y de Vic”, relata, “y cuando tuve
la oportunidad de nombrar a Villarejo para un tema de esa naturaleza, no
dudé que era la persona adecuada. A Carlos le sorprendió porque estaba
mucho más a la izquierda que yo, socialdemócrata de toda la vida”.
En el PSOE no todos entendieron el nombramiento de Jiménez Villarejo , y la oposición, sobre todo de aquellos ministros más ligados al partido, fue enconada
No le resultó exactamente fácil. “Era un poco raro que
yo designara como fiscal anticorrupción, un cargo clave, a alguien que
no era ‘de la misma cuerda política’ del Gobierno de entonces, pero para
mí lo importante era prestigiar la institución, porque el país estaba
en un momento muy complicado”. En el PSOE no todos lo entendieron, y la
oposición, sobre todo de aquellos ministros más ligados al partido, fue
enconada. Pero no solo porque, como afirma Belloch, no era un hombre “de
su cuerda”. Hace memoria: “Lo más difícil fue que en el Gobierno me
aceptaran el nombramiento de Jiménez Villarejo. Por un tema muy
concreto: Banca Catalana. En el Gobierno se entendió que mi propuesta
podía ofender al señor Pujol, y hubo que lidiar ese toro… Eso no lo sabe
ni Carlos Jiménez Villarejo. Lo más importante era que esa institución
naciera viva. Si el primer fiscal anticorrupción es una persona
“sospechosa” de parcialidad, ya te has cargado la institución. Pero
costó bastante, fue difícil que se entendieran los motivos profundos por
los que yo hacía esa propuesta”.
El entonces ministro de Justicia e Interior asegura
que nombró al que sería el primer jefe de la Fiscalía Anticorrupción
porque se trataba de un hombre de cuya independencia, credibilidad y
solvencia profesionales no dudaba absolutamente nadie. Además, eran
conocidas sus discrepancias con el Partido Socialista. “Sin embargo, el
tema ideológico no era lo fundamental. Lo fundamental es que era de una
credibilidad absoluta. Por lo tanto, arrancó la institución bien, porque
su jefe era un hombre de altísimo nivel, acreditada autonomía e
independencia y puso en marcha un trabajo que yo creo fue muy positivo”.
La persona era lo importante. La persona y su independencia, su solvencia, su integridad.
–¿Y pasados los años?
–A lo largo de los años, mi impresión es que no se ha
puesto el suficiente acento en potenciar esa figura. Creo que no se ha
sido sensible a la enorme importancia que suponía tener una fiscalía
fuera de toda sospecha, al margen del juego de la vida política y
social, y que esa institución debía potenciarse como un mecanismo de los
más eficaces para la lucha real contra la corrupción. No estoy seguro
de que con el paso de los años eso se haya logrado consolidar.
–Se critica la falta de independencia de los fiscales.
–Hablar de la independencia del Ministerio Fiscal es
un camelo. Quienes son independientes son los jueces. Los fiscales ni
son independientes ni pueden serlo. Es el instrumento fundamental que
tienen los gobiernos para dirigir la política criminal de un país. Y es
lo que dice la Constitución, por otro lado. Pero también es cierto que
sí deben gozar de autonomía. Lo que no puede ser es que el Gobierno
intente inmiscuirse… Yo ni lo intenté. Nombré a Granados para el
Supremo, o a Jiménez Villarejo. Si tenían algún rasgo concreto era el de
ser absolutamente autónomos.
'Los fiscales ni son independientes ni pueden serlo. Es el instrumento fundamental que tienen los gobiernos para dirigir la política criminal de un país'
–Esa autonomía parece estar algo “tocada”.
–Hay dos planos. Yo, como ministro de Justicia sí que
tengo derecho con la Constitución y las leyes en la mano de decirles al
fiscal jefe o a los fiscales “la política criminal del gobierno es
esta”. Por ejemplo, yo puedo decir que la prioridad absoluta es la
Violencia de Género. El Gobierno está plenamente legitimado para fijar y
marcar las prioridades de la política criminal y eso lo puede hacer por
diversas vías, y quizás la más importante es el Ministerio Fiscal. Lo
que no puede es pretender inmiscuirse en temas concretos. Lo que no
puede el ministro es decir “oye, en relación al tema Gürtel, tienes
que…”. Eso no. Eso es inconstitucional y desde mi punto de vista,
delictivo.
–Y sin embargo, ¿no es eso lo que sucede habitualmente?
–Ha habido dos fiscales, Conde-Pumpido, designado por
el PSOE, y Torres-Dulce, por el PP, que se fueron porque no estaban
cómodos. Uno es progresista y el otro conservador, pero tienen en común
su alto prestigio profesional y ser personas de buena voluntad. Nadie se
atreverá a decir que Conde-Pumpido o Torres-Dulce no fueron
absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de su función.
–O sea, presiones insoportables por parte del Gobierno de turno.
–De vez en cuando el Gobierno va cesando fiscales.
Porque probablemente la tensión de fondo es esa. Si tú nombras un fiscal
preciso, como en mi caso fue Jiménez Villarejo, te encuentras con la
evidencia de que no van a aceptar decisiones unilaterales del Gobierno.
–Y la Fiscalía se resiente.
–Poco a poco se va degradando la institución, porque
si las personas con valía van tirando la toalla porque no están
dispuestas a que cuestionen su criterio y su autonomía, pues la
institución se va desprestigiando.
–Últimamente hemos conocido denuncias, por ejemplo,
por parte del Fiscal jefe Anticorrupción de Murcia, López Bernal, de
presiones, intimidaciones, amenazas o desamparo por parte del CGPJ y del
ministerio.
–Con un Conde-Pumpido o con un Torres-Dulce eso sería
imposible. Cuando las instituciones son débiles, al final lo fundamental
son las personas. A estos dos, procedentes teóricamente de dos
caladeros ideológicos diferentes, nadie les puede tomar el pelo, esa es
la realidad. Uno u otro, si hubieran recibido denuncias de ese tipo, las
habrían investigado y habrían protegido a sus fiscales. Al menos es lo
que yo quiero creer y quiero pensar.
–¿Quiere decir que las cabezas al frente ahora son mansas ante el poder?
'Cuando las instituciones no están claras en el diseño constitucional, lo que importa son las personas. Si las personas fallan, el colapso del sistema es una probabilidad'
–No tienen el prestigio que tenían los anteriores, esa
es la realidad. Cuando las instituciones no están claras en el diseño
constitucional, lo que importa son las personas. Si las personas fallan,
el colapso del sistema es una probabilidad.
–Jiménez Villarejo denuncia que las presiones y las
prohibiciones para investigar le llegaban igual desde el PP que desde el
PSOE.
–La equiparación pura y simple de PP y PSOE, no.
Villarejo, amigo mío y a quien quiero, se ha inclinado por una visión de
la vida más bien cercana a Podemos, fue autor del programa jurídico de
Podemos en su mayoría. La filosofía es esa de PSOE y PP la misma cosa
es… Yo no la comparto.
–Pero es conocido que el PSOE también actuó de esa manera.
–Presiones las tienen siempre. Los gobiernos tienen
cierta tendencia a intentar tener un fiscal “de su ámbito”. Es de cajón.
Pero ojo, decía usted al principio que “violan la independencia de los
fiscales”. Es que los fiscales no son independientes, son autónomos.
Pero no todos los ministros de Justicia han actuado igual.
EN FIN
La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen
lo que somos en convivencia, aquello en lo que creemos y aquello que
supera la superstición. Nuestras leyes son lo opuesto a la ley de Dios,
aunque a menudo se le cuelguen de las barbas.
“El Consejo General del Poder Judicial es un órgano
constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros
juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la
finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio
de la función judicial frente a todos”, se lee en la página del del Poder Judicial.
Y un poco más adelante: “El Consejo ha de velar por el
mantenimiento a ultranza de la independencia judicial, y así, si un
Juez o Magistrado es perturbado o inquietado en el ejercicio de la
función jurisdiccional, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Consejo para poner fin a esta intromisión.”
Nuestras leyes tienen sus jueces, y estos su gobierno propio.
Los partidos políticos negocian cantidades:
cantidades de poder, cantidades de votos, cantidades de dinero, de
dolor, de bienestar o de conocimiento. Solo la ley garantiza el amparo
de los ciudadanos ante tales negocios.
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