Leigh
Ann Payne, profesora de sociología y estudios latinoamericanos en la
Universidad de Oxford. / Cristian Garavito - El Espectador
En el informe comparan las diferentes comisiones de la verdad que se crearon en el mundo, y llegan a la conclusión de que existe la necesidad de crear un capítulo exclusivo sobre la “complicidad empresarial” en los conflictos armados. Es decir, la responsabilidad de los empresarios en el conflicto. ¿Cuál sería el principal obstáculo para tocar el tema en la Comisión de la Verdad en Colombia?
Creo que la Comisión de la Verdad está muy interesada en el tema. El problema es que hay grupos con poder de veto que están en contra de incorporar este proceso. Lo que estamos intentando hacer es apoyar a los grupos defensores de derechos humanos, ONG y víctimas que está luchando contra la impunidad frente a la complicidad empresarial.
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A partir de la información recopilada en la base de datos de la Universidad de Oxford, CATJ (Corporate Accountability and Transitional Justice Database), se demuestra que las comisiones de la verdad no han tenido en cuenta en su diseño institucional la investigación de la responsabilidad empresarial. ¿Cuál es la razón?
Lo que hemos encontrado es que a pesar de que muchas comisiones de la verdad no han tenido el mandato de investigar la complicidad empresarial en conflictos armados y dictaduras, más de la mitad de estas, que tienen informes finales, sí lo hicieron. No solamente investigaron y mencionaron la complicidad empresarial en general, sino que dieron nombres de empresas involucradas en graves violaciones de derechos humanos. No se trató de ninguna cacería de brujas. El trabajo se realizó por las exigencias y denuncias que, desde la sociedad civil, víctimas y defensores de derechos humanos han hecho sobre el tema.
También se ha logrado investigar por el trabajo innovador de quienes han hecho parte de distintas comisiones. Ellos tienen la responsabilidad de decidir qué testimonios se utilizarán para la construcción de los informes finales y han dado valor a los reclamos de las víctimas por los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
¿Por qué la complicidad empresarial debe ser un tema central en los informes finales de las comisiones de la verdad?
Porque existe una gran impunidad frente al papel que tuvieron las empresas en graves violaciones de derechos humanos. Dejar este tema sin esclarecer es una falta de respeto con las víctimas y sus derechos. Además, es difícil que las empresas continúen actuando de esa forma si se hace visible el rol que jugaron en el pasado y si se ordena investigar sus crímenes de lesa humanidad.
En cifras: ¿Por qué es importante evidenciar la responsabilidad de los empresarios en el conflicto?
¿Por qué la mayoría de comisiones de la verdad en Latinoamérica sí hicieron mención sobre la complicidad empresarial en comparación con las del resto del mundo?
Porque hay grupos de víctimas y de derechos humanos que han empujado y presionado para que se realicen las investigaciones. No creo que las empresas hayan estado más involucradas en crímenes de lesa humanidad respecto a otras regiones. Sin embargo, el nivel de movilización social en Latinoamérica ha sido mayor y también se han creado más comisiones de la verdad en la región. Esto ayuda más al acceso a la verdad y a la justicia.
Una de las conclusiones del informe es que cuando se tienen en cuenta las declaraciones de las víctimas en la construcción del informe final, hay un 50% más de posibilidad para develar la complicidad empresarial. ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo que denuncian las víctimas y lo que se logra probar?
Es importante poner la cara humana de quienes han sufrido las graves violaciones de derechos humanos, porque las empresas tienen un rol determinante en todas las sociedades al generar empleo y otorgar productos y servicios básicos. La idea es que estos testimonios hagan visible ese lado que no vemos, el lado oscuro de las empresas. De ser así, lograríamos que las empresas no vuelvan a realizar este tipo de acciones porque el costo reputacional es muy alto.
¿Cómo evitar que la investigación de las comisiones de la verdad frente a la complicidad empresarial no sea vista como una cacería de brujas contra empresarios que también pudieron ser víctimas del conflicto?
Este es el miedo de las empresas y se puede entender, porque normalmente trabajan en la oscuridad y sus acciones algunas veces no son visibles. Pero lo que realmente se busca es diferente, porque la investigación solo se centrará en crímenes de lesa humanidad. La idea es que respondan ante los tribunales, porque los actores del conflicto son múltiples.
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Entre las recomendaciones del informe para la Comisión de la Verdad en Colombia está crear una estrategia para fomentar la participación de las empresas en estos procesos de reconocimiento de responsabilidades en espacios extrajudiciales. ¿Qué garantías les pueden otorgar?
Es bastante difícil que participen. Cuando las empresas lo hacen es porque piensan que el costo será menor a que su proceso está o llegará a tribunales ordinarios. Si no hay este tipo de incentivos, me imagino que la Comisión de la Verdad tendrá que investigar sin la ayuda de las empresas. Es la misma situación a la que se verán enfrentados con agentes estatales no miembros de la Fuerza Pública, porque no están obligados a participar.
Ese es uno de los grandes problemas. La Corte Constitucional decidió que la participación de los terceros civiles responsables -entre ellos los empresarios- y los agentes de Estado no miembros de la Fuerza Pública será voluntaria en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Qué problemas puede generar esta determinación en la investigación que realizará la CEV?
La Comisión de la Verdad tendrá que investigar todas las violaciones del pasado. Y no es que deba responder a una acción judicial, porque su carácter es extrajudicial. Lo que perdieron las empresas en la decisión de la Corte Constitucional es poder participar en estos procesos y obtener los beneficios del sistema en caso de ser hallados responsables.
En el caso colombiano, ustedes hablan en el informe de 439 empresas y empresarios que fueron mencionados en 35 sentencias de Justicia y Paz. ¿Es Colombia un caso excepcional al tener un número tan alto de vinculados en temas de complicidad empresarial?
No lo sabemos, porque en otros países no hemos tenido acceso a ese tipo de documentos, como las sentencias de Justicia y Paz. No hemos podido tener un investigador dedicado a buscar esta información en todos los países, como sí sucedió en Colombia y Argentina.
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