jueves, 18 de julio de 2019

Colombia. Las órdenes de letalidad del ejército ponen en riesgo a los civiles, según oficiales y+

Aristos Veyrud ha compartido un enlace en el grupo En Resistencia.


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El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.
A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.
Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los 2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con décadas de conflicto.
Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles. (...)

Aristos Veyrud comparte enlace en grupo En Resistencia. mundo.sputniknews.com

--- El surgimiento de nuevos elementos que relacionan al actual comandante en jefe del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, con las ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) evidencia que las muertes fueron parte de una "política de Estado", dijeron a Sputnik familiares de las víctimas.
(...) Los pagos a informantes comenzaron en el año 2002 como parte de la 'Política de Seguridad Democrática' aplicada en la Presidencia de Álvaro Uribe, que buscaba incentivar que personas anónimas aportaran información para poder capturar a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, la desaparición de 19 jóvenes en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar y su posterior aparición sin vida en Ocaña, en Norte de Santander, con uniformes militares, encendió la alarma sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que buscaban cobrar recompensas, haciendo pasar a los jóvenes civiles por guerrilleros (...)

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