Las operaciones contra el movimiento libertario y el independentismo
gallego, lleva de nuevo la palabra "terrorismo" a los medios de
comunicación.
Ter García 4/11/15
Concentración en Madrid contra la segunda parte de la operación Pandora. / Victor Serri
inforelacionada
A poco menos de un mes de que comience oficialmente la campaña electoral, la palabra “terrorismo” ya ha vuelto a aparecer insistentemente en los medios de comunicación. Tras dos semanas de juicio a Askapena, organización internacionalista vasca a la que la Audiencia Nacional acusa de ser el “aparato internacional” de ETA, le ha tocado el turno a los “nuevos terrorismos”. “Nueve detenidos en una operación antiterrorista de los Mossos en Barcelona y Manresa”, titulaba el pasado 28 de octubre el diario La Vanguardia. “Nueve detenidos por su relación con un grupo terrorista de carácter anarquista”, titulaba 20minutos.
El viernes siguiente, de nuevo el “terrorismo”, ahora unido a Galicia. “La Guardia Civil asesta otro golpe al brazo político de Resistencia Galega”, publicada La Voz de Galicia. Pero, ¿de dónde salen estos ‘nuevos grupos terroristas’ de los que no se conocen víctimas?
Resistencia Galega
El punto de partida fue la publicación en varias páginas web de un texto anónimo titulado “Manifesto pola Resistencia Galega” en julio de 2005. Éste defendía la necesidad de luchar por la independencia de Galicia, también a través de acciones “ilegales”.Cuatro meses después, el 14 de noviembre de 2005, coincidiendo con el segundo aniversario del desastre del Prestige, la Guardia Civil asaltó tres centros sociales de Santiago de Compostela, Vigo y Ourense, además de varios domicilios. La operación Castañeira se saldó con once personas detenidas, militantes de la Assembleia da Mocidade Galega (AMI), y con el cierre de varias páginas web que defendían el independentismo gallego.
La Guardia Civil acusa a los detenidos de formar parte de una “asociación ilícita”, aunque no especifica el nombre y, después de los agentes les ofrecieran ser confidentes pagados del cuerpo de seguridad, según afirmaron, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les deja en libertad con cargos. Tres años después, el magistrado decide archivar la causa, en la que a la acusación de “asociación ilícita” se sumaban ya las de enaltecimiento del terrorismo, daños, alteración del orden público, quema de banderas, agresiones a agentes de la autoridad, incendios en cajeros y mobiliario urbano, pintadas e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. Cargos ya típicos de las movilizaciones sociales, pero muy lejanos al ámbito del terrorismo.
“En realidad es un operativo contra Causa Galiza, una organización política totalmente legal”
Pasaron tres años más hasta que la palabra “terrorismo” apareció vinculada en los medios a la ya bautizada Resistencia Galega. Fue a raíz de otra operación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional, que se saldó con la detención de cuatro personas. El alto tribunal les atribuyó la autoría de pequeños ataques con explosivos contra cajeros automáticos, algunas sedes del Partido Popular y PSOE, en locales de empresas. La acusación: delitos de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. El juicio se celebró dos años después y la sentencia, dictada por el magistrado Alfonso Guevara –"El ‘antijuez’ que nunca rectifica", le llamaba un artículo publicado en la web El Confidencial–, ya daba por probada la existencia de Resistencia Galega como organización terrorista. La condena ha sido recurrida ante el Tribunal de Estrasburgo.
En mayo de 2014 se celebró un nuevo juicio vinculado a Resistencia Galega. Carlos Calvo y Xurxo Rodríguez fueron condenados a doce y seis años de prisión respectivamente por delitos de tenencia de explosivos y, en el caso de Calvo, también pertenencia a banda terrorista. Como prueba principal: una carta de la novia de uno de ellos en la que le recriminaba “andar poniendo explosivos por ahí”. El Tribunal Supremo rebajó después la condena de Calvo a siete años, absolviéndole del delito de pertenencia a banda terrorista, pero un nuevo juicio, en abril de 2015, le sumó siete años más.
La última acción contra el ente Resistencia Galega fue el pasado 30 de octubre. Un gran operativo de la Guardia Civil, acompañado desde primera hora de la mañana por los medios de comunicación, según señala a Diagonal Nahuel, testigo de una de las detenciones, hizo registros en once viviendas y en la sede de Causa Galiza, organización política de carácter independentista a la que ahora la Audiencia Nacional acusa de ser el “aparato político” de Resistencia Galega.
La acusación inicial contra las nueve personas detenidas en la operación Jaro fue la de enaltecimiento del terrorismo, por ser los supuestos organizadores del ‘Día de Galiza Combatente’, un evento en el que se rinde homenaje a los comunistas gallegos y en cuya última edición, el pasado 11 de octubre, se recordó también a dos militantes del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive que murieron en 1990 cuando colocaron un artefacto explosivo en una discoteca en Santiago de Compostela –cuando se encontraba vacía– a la que consideraban núcleo del narcotráfico en la ciudad.
Sin embargo, después de que ocho de los detenidos declararan tres días después ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a esta acusación se le ha añadido la de integración en organización terrorista, ahora en referencia a Causa Galiza, a la que ha suspendido de actividades durante los próximos dos años, aunque las actividades de las que se acusa a la organización se limitan a enaltecimiento. “Supuestamente esto era un operativo contra Resistencia Galega, pero en realidad es un operativo contra Causa Galiza, que es una organización política totalmente legal. Querían hacer un gran dispositivo de cara a a la campaña electoral”, afirma Nahuel, quien señala el “pifostio tan espectacular” armado por la Guardia Civil por lo que, en principio, eran supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo –penados con hasta tres años según la última reforma del Código Penal–. “Han decidido por su propia cuenta prohibir a Causa Galiza, sin ninguna acusación concreta en relación con actos violentos. Les han prescrito del espacio político gallego”, apunta Uxío, del colectivo antirrepresivo Ceivar.
Uno de los detenidos, al cierre de esta edición, aún no ha declarado ante la Audiencia Nacional por problemas de salud. Otro de los detenidos es Antón Arias Curto, de 70 años de edad, al que los medios de comunicación tachan de “histórico del terrorismo gallego”. “A esta persona se le ha acusado gratuitamente, ni siquiera es miembro de la dirección general de Causa Galiza, lo han detenido por su trayectoria, para dar el mensaje de que no les importa que sean personas enfermas o de avanzada edad, que haya motivos para la detención o no. Les interesa crear ese terror”, subraya Uxío.
Hasta ahora, aunque ninguno de los ataques que se atribuyen a Resistencia Galega haya causado víctimas, se cuentan ya seis personas en prisión cumpliendo penas que van de los seis a los 18 años de cárcel.
Imagen
del interior del Ateneu Libertari tras el registro realizado por los
Mossos d'Esquadra en la segunda parte de la operación Pandora.Esos ‘temibles’ anarquistasEl 17 de junio de 2012, varias páginas web publicaban el texto de presentación de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). En él se hacía una llamada a colectivos anarquistas para crear puntos de unión y así “contribuir a la creación de un movimiento anarquista fuerte y coordinado”.
No pasaron cuatro meses hasta que el “anarquismo inserrucionalista” fue presentado como una “amenaza terrorista potencial” en una ponencia de Daniel Canals, jefe de la Unitat Central d’Anàlisis d’Estratègies d’Organitzaciones (UCAEO) de los Mossos d’Esquadra. Y medio año más hasta que la Ser publicara una información en la que recogía otro informe de la Policía Nacional en el que se alertaba sobre el crecimiento de los grupos anarquistas y su “infiltración” en movimientos sociales como el 15M, en coordinación con grupos anarquistas italianos y griegos.
El punto de inflexión definitivo vendría en octubre de 2013, con la explosión en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, de un pequeño artefacto casero hecho a partir de una bombona de cámping gas. La explosión provocó daños en algunos bancos de madera y en una parte del yeso del templo. En el mismo mes, un subgrupo de la UCAEO especializado en lucha contra el anarquismo apuntaba por primera vez a los GAC como “organización terrorista”, apunta un artículo de Jesús Rodríguez en La Directa.
El juez señaló que autorizó registros y detenciones solicitados por los Mossos, pero “no ordenó nada”
En noviembre, la Policía Nacional armaba un gran operativo para detener a cinco personas en Barcelona, a las que acusaba de ser los responsables de la acción en Zaragoza y de mandar por correo consoladores explosivos al arzobispo de Pamplona y al director de un colegio de los Legionarios de Cristo en Madrid. La etiqueta de terrorismo anarquista comenzó a aparecer en los medios de comunicación, y con ella nombres de varios grupos, muchos de discutible existencia –Comando Mateo Morral, Federación Anarquista Informal, Novembro Negro, Mayo Negro, etc–. Cuatro días después del operativo, el juez de Eloy Velasco ordenó la libertad con cargos para tres de las personas detenidas. Los otros dos, Mónica y Francisco, continúan a día de hoy en prisión preventiva.
Las referencias desde las fuerzas de seguridad al “terrorismo anarquista” siguieron en los meses siguientes. Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional afirmaba, en un desayuno informativo organizado por la web Voz Pópuli en junio de 2014, que “el terrorismo anarquista se ha implantado en España” y alertaba del “riesgo de atentados”.
El 16 de diciembre de 2014, los Mossos d’Esquadra, por orden del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, llevan a cabo la Operación Pandora. Desde la madrugada, un impresionante dispositivo policial realizó registros en varios centros sociales de Barcelona, como la Kasa de la Muntanya, el Ateneu Libertari de Sant Andreu, el Ateneu Anarquista de Poble Sec y varios domicilios.
La operación, que se produjo con la presencia también de los medios de comunicación desde primera hora, se saldó con siete personas detenidas, que pasaron un mes y medio en prisión provisional hasta que el 30 de enero de este año el juez Javier Gómez Bermúdez ordenó su libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros por cabeza. La acusación contra ellos: su vinculación a los GAC, organizarse para tirar bengalas y quemar contenedores durante las movilizaciones sociales, utilizar un servidor de correo electrónico seguro –RiseUp– o tener en posesión el libro Contra la Democracia.
Dos meses después de la puesta en libertad de los detenidos en la operación Pandora, Madrid sería el escenario principal de un nuevo operativo contra los ya mediáticos GAC. La operación Piñata, por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional –el mismo que ordenó la detención por el ataque en la Basílica del Pilar de Zaragoza–, supuso el registro en 17 puntos, entre los que se contaban los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, y la detención de 13 personas a las que se acusa de pertenencia a “organización criminal”, otros 14 acusados de resistencia y desobediencia –durante los registros– y once más por usurpación.
Ideado por los Mossos
Después de un mes en prisión preventiva, el juez Eloy Velasco ordenó la puesta en libertad sin fianza para los 13 detenidos por supuesta pertenencia a organización criminal. El juez señalaba en su auto que no hay indicios ni concreción suficiente de las supuestas actividades terroristas que habrían cometido los detenidos. También citaba un recurso presentado por la defensa de los detenidos en la que se subrayaba que la vinculación entre las GAC y el terrorismo era “absolutamente gratuita”.El 28 de octubre tuvo lugar el último paso, hasta la fecha, contra el llamado “terrrorismo anarquista”. La segunda fase de la operación Pandora volvía a convertir Barcelona, y ahora también Manresa, en el escenario de una película de serie negra. Hasta diez furgonetas de los Mossos llegaron al Ateneu Libertari de Sants, uno de los locales registrados. Entre los nueve detenidos durante la operación se contaban miembros de Procés Embat y uno de los abogados que trabajan con colectivos sociales de la ciudad.
Este último es el único que, al cierre de esta edición, continuaba en prisión preventiva en un caso que ahora está bajo secreto de sumario. Durante la declaración ante la Audiencia Nacional dos días después de la operación, el juez Juan Pablo González –sustituto durante seis meses de Gómez Bermúdez en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia- señaló que él había autorizado registros y detenciones solicitadas por los Mossos d’Esquadra, “pero yo no he ordenado nada respecto a eso”. De nuevo, como principales pruebas en el caso: algunas anotaciones en libretas confiscadas, tener el libro Contra la Democracia y usar el servidor RiseUp.
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