Acto público en la UC3M contra la represión al movimiento estudiantil
27 miembros de la Comunidad Educativa de la UAB están
denunciados por la Vicerrectora de estudiantes e imputados por defender
la Universidad Pública
El 17 de abril de 2013 unos 200 estudiantes de la UAB entramos en el Rectorado. Nuestra
única demanda era que se aplicaran unas mociones aprobadas
democráticamente por el Claustro de la Comunidad Universitaria, el mayor
órgano decisorio donde los estudiantes participamos. Estas mociones pedían, entre otras, que la UAB desobedeciera la subida
de tasas del 66% y que se establecieran títulos especiales de
transporte público por los estudiantes de la UAB (TUAB).
Después
de un mes de empleo intentando negociar con un equipo de gobierno
inflexible, las denuncias y las posteriores imputaciones han sido la
única respuesta que hemos obtenido: 25 estudiantes, un trabajador del
Personal de Administración y Servicios y un trabajador del Personal
Docente e
Investigador somos las personas que constamos entre los pliegues de un
sumario judicial impulsado por la propia Universidad Autónoma de
Barcelona. Que
por si fuera poco, dicho proceso fue impulsado por la actual
vicerrectora de Estudiantes, Silvia Carrasco, militante de ICV en
Sabadell, con el apoyo de un grupo reducido de alumnos. Hasta
llegar a la paradójica situación de que la UAB ha contratado al abogado
más caro de Barcelona, Cristóbal Martell, para llevar la acusación del
caso, el cual ha ejercido la defensa de una gran cantidad de personajes
conocidos implicados en tramas de corrupción y fraude fiscal.
Fundamentos jurídicos
La cantidad de irregularidades sobre las que se basan las denuncias son evidentes. Algunos
ejemplos de ello, en son la imputación de un concejal de la CUP de
Argentona y ex alumno de la UAB que durante la ocupación del Rectorado
no estudiaba en la Universidad, y sólo participó de esta movilización
haciendo de poniente en una charla. Otras denuncias, hechas por los miembros de los Consejos de
Estudiantes (órganos impulsados por el actual equipo de gobierno de la
UAB) acusan a miembros del Movimiento Estudiantil de amenazas, aportando
como única prueba el testimonio de las personas denunciantes.
Para
más inri, la Vicerrectora decide también sumó a las denuncias a un
miembro del PAS y uno del PDI, este último, Ermengol Gassiot, Secretario
General de la CGT Catalunya. Se trata de dos personas muy implicadas en los Collectivos
Asamblearios Universitarios (CAU) y su denuncia pone de relieve que no
se trata de los hechos concretos de la ocupación del rectorado, sino que
deja al descubierto el carácter político de estas imputaciones.Además de todo esto, Silvia Carrasco ha basado su acusación en documentos aportados por ella misma a los Mossos. Documentos donde no se describen hechos delictivos ni punibles, sino informes del Servicio de Seguridad de la UAB sobre la actividad política de los estudiantes o las percepciones de la Vicerrectora – subjetivas y jurídicamente irrelevantes sobre qué estudiantes “influían más en la toma de decisiones “o” tenían un rol más organizativo “. A pesar de todo ello, el Juzgado de Instrucción de Cerdanyola ha aceptado a trámite estas denuncias, convirtiéndolas en imputaciones de una causa penal.
No perdonamos, no olvidemos los que atacan a la Universidad pública y quienes la defienden!
Lo que pasó durante la ocupación del Rectorado el año 2013 no fue ningún delito. Fue un intento de muchos estudiantes de hacer prevalecer la democracia por encima de las medidas de austeridad impuestas por la Generalitat. Dos años después, hemos visto como el que preveíamos ha cumplido.
Las políticas privatizadoras (la subida de tasas del 66% y la reforma del 3 + 2) están convirtiendo la educación pública en un privilegio. Muchos de nuestros compañeros han tenido que abandonar los estudios por razones económicas y esta situación seguirá dándose hasta que el movimiento estudiantil no le ponga fin.
Defenderemos la educación con los medios que tengamos, y si tenemos que volver a recurrir a la desobediencia, lo haremos. Sin miedo a la represión que el equipo de gobierno, la policía o los jueces puedan desplegar contra los que luchamos por defender los derechos de todos y de todas.
Los 27 imputados defendían los derechos de todos. Ahora es la hora de que estudiantes, profesores y trabajadores, nos posicionamos en contra de esta caza de brujas, uno de los golpes más duros que se ha orquestado desde el final de la dictadura contra el movimiento universitario en defensa de la educación pública .
Por eso pedimos no personificación de la Universidad Autónoma de Barcelona en la acusación y exigimos la absolución de todos los encausados. Decimos que la solidaridad es nuestra mejor arma y que nuestros compañeros no están solas. Porque cuando los imputan a ellos nos están criminalizando a todos. SOMOS 27 Y MÁS...
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