ELSALTODIARIO.COM Sara Plaza Casares 3/12/21
El nuevo anteproyecto de ley para consolidar la universalidad del Sistema Nacional de Salud sigue conteniendo barreras para algunos colectivos, pese a las demandas de agrupaciones sociales y los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno.
El retorno a la sanidad universal ha sido uno de los compromisos desde que el PSOE regresó al poder, tras el ‘apartheid sanitario’ impuesto por Rajoy con el Real Decreto 16/2012. Una reforma sanitaria con la que dificultaba la atención a migrantes en situación irregular, entre otros colectivos. El Real Decreto 7/2018 fue el primer intento, pero, tal y como denunciaron plataformas y entidades sociales, fue infructuoso.
En el artículo 3 ter de esta norma se indicaba que las personas sin residencia legal y con “estancia temporal” no podían acceder a la sanidad sin un informe favorable de los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma. Esta “estancia temporal” fue interpretada por las comunidades de una manera restrictiva: si se carecía de un empadronamiento de menos de 90 días no se podía acceder al sistema sanitario de manera gratuita sin el visto bueno de servicios sociales.
Dicho informe ha actuado como una barrera y, en la práctica, la plataforma REDER ha documentado desde 2018 5.000 casos, 2.500 en pandemia. Dentro de ellos, al menos 300 niños y niñas y más de 130 embarazadas no pudieron acceder a la atención médica que necesitaban.
La nueva norma sanitaria es hasta más regresiva, ya que la obligación de un empadronamiento de más de 90 días queda explicitada, excluyendo así a un importante número de personas con residencia efectiva en España (...)
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