Se acaba la humillación a las víctimas, pero los verdugos difícilmente irán a juicio
Ha sido un camino largo y tortuoso, un tira y afloja entre los partidos políticos en el que han aflorado los problemas que tiene España a la hora de afrontar su pasado más reciente. Finalmente, sin embargo, hoy se aprobará la nueva ley de memoria democrática española. Es un gran paso adelante respecto a la ley de memoria de 2007, pero algunas entidades, que llevan años batallando para que se dignifiquen las víctimas o se lleven a juicio los crímenes franquistas, consideran que todavía hay mucho trabajo por hacer.
El régimen franquista es ilegal pero no se deroga la ley de amnistía de 1977
Este ha sido uno de los puntos más controvertidos. ERC y muchas entidades de memoria y víctimas del franquismo han pedido por activa y pasiva la derogación de la ley de amnistía del 1977 para que así se puedan llevar a juicio los crímenes franquistas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que la ley de amnistía protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista: "No puede existir una legislación vigente que no considere crímenes los asesinatos y la desaparición de los cadáveres de 114.226 civiles", asegura la entidad.
Finalmente, sin embargo, no ha podido ser y tan solo se ha introducido un matiz: los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura son imprescriptibles y, por lo tanto, no amnistiables. Todo dependerá de los jueces y de cómo lo interpreten. La nueva ley declara la ilegalidad y la ilegitimidad de cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Declara también ilegítimas y nulas las resoluciones de los tribunales franquistas, pero en ningún caso esto se traducirá en la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado o a cualquier administración pública o particular. Tampoco implicará una reparación o indemnización económica o profesional. Se creará un fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática para impulsar la investigación de los crímenes franquistas, pero no se hace ninguna referencia expresa al hecho que la investigación de los crímenes comporte el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal.
Diferentes historiadores e investigadores han ido sacando a la luz en los últimos años las muertes que hubo durante una Transición que no fue pacífica, sino violenta. Según el historiador David Ballester, del 20 de noviembre del 1975 al 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisa el historiador, son responsabilidad del Estado. La nueva ley, sin embargo, solo reconoce como víctimas las que hubo hasta la entrada en vigor de la Constitución española del 1978. Se consideran víctimas todos los que fueron asesinados y sufrieron la prisión, trabajos forzados, el internamiento en campos de concentración, el exilio, la represión económica, la depuración profesional, los bebés robados... durante los años de Guerra Civil y la dictadura. También se consideran víctimas partidos políticos, sindicatos, las instituciones de autogobierno catalanas y vascas, las corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas y culturales, y las comunidades, las lenguas y las culturas vascas, catalanas y gallegas. Una comisión técnica, en un año, tendrá que proponer medidas para compensar económicamente a estas víctimas. Aquellos que murieron o sufrieron la represión de la policía a partir del 1978, de momento, no tienen el reconocimiento de víctimas, pero otra comisión hará un estudio para decidir si se vulneraron los derechos humanos de personas que lucharon por la democracia.
"Si solo reconoces los que lucharon por la democracia, tal como dice el texto, dejas de lado a la mayoría de víctimas , dice Ballester. "Hay demasiadas incertidumbres e incógnitas en este apartado", añade el historiador.
El proyecto inicial ya incluía una auditoría de los bienes requisados durante la Guerra Civil y la dictadura, pero ahora se le ha puesto calendario: se tiene que hacer en un año y se reconoce el derecho a un resarcimiento por expolios producidos por "razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa".
Ahora bien, no se especifica cómo se hará ni se reconoce explícitamente el derecho a la indemnización. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pedía que el Estado actuara de oficio para que las familias pudieran recuperar los bienes confiscados, se les devolviera el importe actualizado de las sanciones y se rehabilitara públicamente desde todas las instituciones a las personas injustamente condenadas.
4. Habrá censo de víctimas pero no de verdugos
Habrá un censo estatal de víctimas, que incluirá tanto a los muertos como a los supervivientes. Será responsabilidad del Estado buscar a las víctimas desaparecidas, se creará un portal de internet público con el resultado de las exhumaciones y se hará un mapa de fosas. Por otro lado, se creará un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura estatal, adscrito al ministerio de Justicia. La Generalitat ya creó un banco de ADN el 2020 que, actualmente, dispone de muestras genéticas de aproximadamente 2.500 familiares vivos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también pedía un censo de verdugos y de personas que se beneficiaron de la violencia fascista, pero esto no se hará (...)
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