28/4/23
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL
Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: "Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra". La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.
Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].
La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.
Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.
Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear.
Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: "Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra". La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.
Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].
La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.
Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.
Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear.
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