Emparedados entre dos convocatorias electorales,
cuando los partidos tienen motivos para ponerse nerviosos, acabamos de
descubrir que la separación de poderes y la independencia judicial
continúan gozando de excelente salud en la democracia española. Antes de
proceder a destilar la habitual lista de elogios a la Cultura de la
Transición™, conviene echar un vistazo a la portada del ABC del sábado 14 de mayo y su titular: "El Gobierno critica la «escasa o nula presión judicial sobre Podemos»".
Un momento. ¿Esa es una función constitucional del poder judicial?
¿Presionar a un partido para que todo el mundo sepa que está compuesto
por individuos peligrosos? ¿Colaborar en la estrategia política del PP
de cara a las próximas elecciones? La última vez que revisé el Código
Penal no encontré nada que dijera que el Supremo o cualquier otro
tribunal estén obligados a tales cosas. De hecho, me pareció apreciar
que jueces y fiscales tienen el deber de revisar las pruebas que les
presenten –como ya hizo el Supremo–
y tomar una decisión sin considerar a nadie culpable hasta que se
demuestre lo contrario. Claro que, tal y como está escrito el Código
Penal, igual se me pasó alguna parte importante.
Según la información del ABC,
hay miembros del Gobierno perplejos ante las decisiones del Supremo.
Sí, es ese Gobierno que siempre dice que respeta y acata las decisiones
judiciales y que deja escapar su indignación cuando algún partido las
critica o cuestiona. La frase dice: " Fuentes del Gobierno aseguraron ayer a este periódico que «sorprende mucho la escasa o nula presión judicial» a Podemos, pero también la que ejerce su principal competidor electoral, el PSOE, que suele pasar de puntillas sobre este asunto" (negritas en el original).
Esas fuentes del Gobierno (¿Soraya Sáenz de Santamaría?, ¿Jorge
Moragas?, ¿Fernández Díaz?) no quisieron concretar mucho más, lo que no
impidió al periódico convertir esa frase en la portada del sábado, y
procedieron a atacar a Podemos por no revelar sus auténticas fuentes de financiación. Es decir, "en
vez de escudarse en que los archivos judiciales demuestran que no hay
delito, debería reconocer sus fuentes financieras iniciales y dar las
explicaciones oportunas sobre ellas".
No hay que perderse esta parte de la frase, "
en vez de escudarse en que los archivos judiciales demuestran que no
hay delito". Primero, se acusa a los jueces de no encontrar pruebas
aunque no las haya, y luego se reclama a Podemos que, para resolver el
problema de la pasividad de los magistrados, proceda a expiar en público
las culpas que aún no se han demostrado que existen.
En la parte cómica, hay que anotar que esas mismas fuentes que dicen al
Tribunal Supremo que se ponga las pilas y empiece a imputar a los
rivales del PP critican luego a Podemos por "poner en duda el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, la Justicia,
la independencia de los medios de comunicación y el funcionamiento del
sistema en general" (aquí las comillas son mías). Algo le pasa al
sistema cuando se supone que el poder judicial debe actuar de inmediato
tras recibir las instrucciones del poder ejecutivo. Supera eso,
Montesquieu.
Mientras aparentemente los jueces se
están abanicando con las togas, el ministro de Interior se está matando e
intenta fabricar pruebas con las que sustentar la conexión entre
Podemos y Venezuela. Este medio publicó el lunes que uno de los
comisarios de confianza de Fernández Díaz viajó en abril a Nueva York para
reunirse con un exministro chavista, que ahora pasa información a la
DEA, y conseguir pruebas incriminatorias contra el partido de Pablo
Iglesias (que resultan ser el origen de las últimas informaciones de
ABC): " José Manuel García Catalán ha viajado a Nueva
York sin que tenga conocimiento de ello ningún juez. Además, la
participación de un jefe de la UDEF en una toma de declaración, más aún
en el extranjero, es absolutamente inusual en el Cuerpo Nacional de
Policía, según reconocen investigadores y mandos consultados".
Aunque poco habitual, sería legal que el PP contratara a un detective
privado para investigar a Podemos. Sí podemos aspirar a que luego no le
pague en B. Lo que ya resulta un escándalo es que, sin encomendarse a
ningún juez o fiscal, el ministro utilice recursos públicos y emplee a
comisarios como investigadores privados con ese objetivo. Y como sabe
que esas revelaciones no pasan la prueba del algodón de ningún tribunal
(segunda opción: un fiscal ya les ha dicho que esos papeles sólo valen
para una buena novela negra), los traslada a un periódico para que monte una portada.
Y al día siguiente, se lanza el ataque contra el poder judicial. Esos
procesamientos no se van a conseguir solos, señor juez. Las elecciones
se acercan.
Lo malo de la defensa que hace el PP de las instituciones es que estas siempre terminando quedando después llenas de barro.
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OTRO ASUNTO: Reflesiones postelectorales, noche del 26/6
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OTRO ASUNTO: Reflesiones postelectorales, noche del 26/6
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