“...Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué... Tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: ‘A ver, venga usted pacá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”.
Es un extracto de la conversación telefónica entre Ignacio
González y Eduardo Zaplana, grabada por la Guardia Civil y recogida en
el sumario de la Operación Lezo; una de las razones del ingreso
en prisión de González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el
desfalco del Canal de Isabel II, quien también había dicho a Enrique
Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: “Mira, yo ya estoy hasta los
cojones, o sea, decidme, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la
jueza?”.
Por eventos como éste la ciudadanía española tiene, según el último Eurobarómetro
de la Comisión Europea sobre la materia, una de las peores percepciones
de su sistema judicial de todos los países del ámbito comunitario: sólo
los búlgaros, los croatas y los eslovacos desconfían más de los suyos
respectivos. Un 58% de españoles considera que la situación en lo
relativo a independencia judicial es mala o muy mala, con un
empeoramiento de tal opinión de un 2% respecto al año pasado. La mitad
de los encuestados atribuía esta impresión a las “interferencias
políticas” y a los intereses económicos, cuestiones entre las que
tampoco suele haber muchas fronteras.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se lleva a
cabo una Comisión destinada a “informar sobre temas relacionados con el
estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia”. Es decir:
mientras quienes gobiernan o gobernaron (frontera difusa de nuevo)
consideran que tienen a los jueces porque tienen el Gobierno y tienen el
Ministerio de Justicia, en la Sala Constitucional del Congreso se
invita semanalmente a expertos en la materia para que ayuden, en teoría,
a acabar con esas dudosas costumbres de quienes mandan (mandaron,
¿mandarán?) en el Congreso.
La ciudadania española tiene una de las peores percepciones de su sistema judicial de todos los países del ámbito comunitario
El pasado 17 de mayo acudieron los representantes de las
cuatro asociaciones judiciales españolas para exponer su diagnóstico de
la situación: todas coincidentes en varios puntos concretos, pero sobre
todo uno: la mayor parte de los jueces tampoco confía en el órgano
encargado de su gobernanza, el Consejo General del Poder Judicial.
Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de
la Magistratura (APM), incluyó el descrédito del CGPJ como causa de esa
pésima impresión de la ciudadanía sobre la justicia: algo concebido en
un principio para “garantizar la independencia de los jueces sustrayendo
al Ejecutivo de las competencias” que incluían nombramientos, ascensos y
régimen disciplinario, se ha convertido, dijo, “en el paradigma de la
politización de la justicia” debido a su sistema de elección, según el
cual el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales, 10 cada uno (seis
jueces y cuatro juristas –con más de 15 años de carrera estos últimos–
cada uno: un total de 12 jueces y 8 juristas) por una mayoría de tres
quintos de las cámaras. Incluso Almenar confesó haber sido él mismo
vocal “a propuesta del PP”. “Entiendo que puedan pensar que soy una
correa de transmisión”, aunque él intente no serlo.
Por parte de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo
Prado aseguró que no ha visto “mejora” alguna en la carrera judicial
desde que él entrara, hace treinta años. “¿Por qué esa percepción de que
los jueces en España no somos independientes? Porque se habla del juez amigo nuestro, del juez de nuestro partido. Eso proviene, lo quieran entender o no, del sistema actual de elección de vocales judiciales. El vocal del PP, el
vocal de no sé qué... Y pronto habrá de Ciudadanos, y de Podemos.
Estamos ya hartos. No sólo nosotros, también el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Es algo tan sencillo como que los representantes estén
nombrados por los representados [es decir, que los jueces del CGPJ sean
elegidos por los jueces]. Que nos representen quienes nosotros votamos,
y se evitaría por ejemplo lo de ayer en esta Cámara”.
Con “lo de ayer” se refería Prado a la reprobación a que
fue sometido el día 16 el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por una
mayoría del Congreso (todos los grupos salvo el PP), a través de una
moción presentada por el PSOE, acusado el ministro de actuar como
“abogado” de los imputados de su partido en casos de corrupción,
tratando de mover fichas del tablero judicial para amortiguar los
golpes. Este tipo de mociones, sin embargo, no es jurídicamente
vinculante; todo queda en el plano simbólico de ser el primer ministro
reprobado hasta la fecha por el Pleno congresista. “Usted era la
esperanza para salir de los líos de Ignacio González”, le dijo desde la
tribuna la diputada socialista Isabel Rodríguez.
“¿Por qué esa percepción de que los jueces en España no somos independientes? Porque se habla del juez amigo nuestro, del juez de nuestro partido
“...Yo creo que si podemos colocar el tema del fiscal
Anticorrupción”, decía Ignacio González a Eduardo Zaplana, “si sale, es
cojonudo. Se llama Moix, es un tío serio y bueno… No soy quién, pero no
me corto en decirle a Rafa: ‘Oye, Rafa...’. ¿Sabes?”. Rafa era, es
Rafael Catalá, el ministro de Justicia, quien a su vez había mandado un
SMS en noviembre a González (a quien llamaba Nacho) enviándole “un
fuerte abrazo” y deseándole “que se cierren pronto los líos”.
“Hay algo más grave que la corrupción”, añadió en el
Congreso aquel día la diputada socialista, “y es que su ministerio llame
a los fiscales para que no investiguen los casos de corrupción de su
partido”. Lo cierto es que el Fiscal General del Estado, José Manuel
Maza, nombró el pasado febrero al “serio y bueno” Manuel Moix como
fiscal jefe de Anticorrupción, después de que el Consejo Fiscal (de
mayoría conservadora, es decir, controlada por el PP) le diera su
respaldo.
“Es imprescindible alejar la justicia de toda sospecha,
con una Fiscalía autónoma y funcional”, dijo el representante de Jueces
para la Democracia, Ignacio G. Vega. Respecto al Consejo General del
Poder Judicial, Vega destacó su “protagonismo mediático”, que “lo sitúa
todo el tiempo en el debate político. Creo además que el descrédito que
sufre este órgano contamina al resto”. E incidió en que debería
“recuperar las competencias que tenía antes de la ley orgánica de
Gallardón”: la sustitución de un funcionamiento “presidencialista” por
el del “órgano colegiado” de jueces y magistrados; “una mayoría plural,
equilibrada, con la presencia de las minorías. Así se evitarían defensas
corporativistas contrarias al interés general”.
La reforma que el entonces ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, llevó a cabo en 2013 fue la principal diana de la última
compareciente, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial
Independiente. Para ella, es imposible que exista “un Estado social,
democrático y de derecho” sin una separación real de los tres poderes, y
“para que exista un poder judicial fuerte es necesario que su órgano de
gobierno [el CGPJ] esté constituido al menos en la mitad por sus
pares”. Dijo que “cada ley desde 1985” ha supuesto “una vuelta de tuerca
en contra de la independencia judicial”, pero la de 2013 fue la peor al
sustraer al pleno del CGPJ de sus facultades y atribuirlas a su
Comisión Permanente.
Los jueces piden que se regulen los nombramientos del Tribunal Supremo para que “se sepan las causas por las que se designa a uno y no a otro”
“Por eso defendemos que los 12 vocales de procedencia
judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. No es menos
democrático, porque lo democrático no es que un poder controle a otro
poder del Estado, sino que los gobernados elijan a sus gobernantes; por
lo tanto, que los jueces elijan”, y se eviten situaciones como que se
nombren vocales a magistrados “sin la antigüedad suficiente”, o
repetidamente anulados por el Supremo (“ha habido nombramientos de
escándalo”). Rodríguez alertó de que una de las consecuencias de la
deriva actual del Consejo es que los magistrados acuden cada vez menos a
reclamar su amparo en casos de coacción a su independencia, por ser sus
ruegos “sistemáticamente” desatendidos por el CGPJ.
Los jueces también piden que se regulen los nombramientos
del Tribunal Supremo para que “se sepan las causas”, dijo Rodríguez,
“por las que se designa a uno y no a otro”, y así “cualquier miembro de
la carrera judicial pueda enfocar” allí sus expectativas si así lo
desea. Por otro lado, “somos todos contrarios a que las salas Civil y
Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sean designadas por las
asambleas regionales, porque luego van a enjuiciar a los mismos
políticos que los han designado”, algo “insostenible”. Y a que los
fiscales asuman causas que corresponden a los juzgados de instrucción:
“En mis 30 años de carrera la Fiscalía ha evolucionado a una fuerte
jerarquización”. Antes operaban con mayor margen; “hoy en día el fiscal
habla con el fiscal jefe, y así sucesivamente...”.
La reforma gallardonista de 2013 permitió que cada cámara,
Congreso o Senado, pudiera renovar a sus 10 vocales correspondientes de
forma independiente –sin tener en cuenta a la otra cámara–, con lo que
el PP, al controlar más de tres quintos del Senado, podía nombrar a esos
diez vocales sin dar más explicaciones. Hasta ese momento, en cualquier
caso, la elección de todos los vocales seguía dependiendo del consenso
de los partidos políticos, no de los jueces. La vieja reivindicación de
los jueces, la de ser los encargados de elegir a los 12 que les
representan en el Consejo, también la había recogido el programa
electoral del Partido Popular del año 2011. Las asociaciones de jueces
podían presentar a sus propios candidatos, pero la última palabra nunca
iba a ser la suya.
Respecto al contraste entre lo que sucede en este ámbito
en España y la media de la Unión Europea, también las estadísticas
evidencian otra falla notable: la media europea es de poco más de 20
jueces por cada 100.000 habitantes; en España, 12. Las asociaciones
judiciales estiman que no es necesario llegar a esa media, pero sí
imprescindible ampliar las convocatorias de oposiciones (hay muchos
jóvenes titulados esperándolas). Según sus cálculos, harían falta entre
600 y 700 jueces más en todo el país para, entre otras cosas, desatascar
los juzgados de las causas de los ciudadanos, que no tienen, tampoco,
nada que ver con la política. Convendría, dijeron, que los políticos
dirimieran en su terreno las cuestiones que les competen, y no llevar a
los tribunales batallas que pertenecen más a los pleitos de telediario
de cada día.
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