El
aprovechamiento por parte de la derecha de los peores crímenes para
tratar de imponer un sistema securitario que pueda ser usado con
facilidad para controlar y castigar a toda la población es una constante
Hay
que asumir que todos estos asesinatos terribles –Sandra Palo, Marta del
Castillo, Diana Quer...– han sido crímenes machistas. La revolución
feminista…
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El aprovechamiento por parte de la derecha de los peores
crímenes para tratar de imponer un sistema securitario que pueda ser
usado con facilidad para controlar y castigar a toda la población es
conocido; que las reformas de corte neoliberal van siempre acompañadas
de aumentos en las penas también. Así como que es evidente que esto cala
en la mayoría de la población y que es muy difícil combatirlo. Quienes
defendemos un modelo de justicia basado en cambios estructurales y no en
un marketing que atenta contra los derechos humanos sabemos de sobra lo
que significa en términos emocionales oponerse a lo que exigen personas
cuyas hijas han sido asesinadas. Sabemos lo que significa tratar de
ofrecer argumentos racionales a quienes aportan emociones con las que la
inmensa mayoría empatiza. De nada sirve poner sobre la mesa
estadísticas que demuestran, sin sombra de duda, que el aumento de penas
(en España ya se pueden cumplir 40 años) no hace descender en absoluto
el número de los peores delitos, por lo que el endurecimiento de
castigos no protege ni más ni menos. Sin embargo, estos cambios
impuestos en caliente y a golpe de emociones siempre terminan
desprotegiendo a los segmentos más vulnerables de la población (las
cárceles están pobladas de gente pobre), favoreciendo la impunidad del
poder y recortando libertades básicas y derechos. Que dicha mentalidad
punitiva, cuando se expande de manera acrítica, siempre contribuye a
crear un clima de temor sin fundamento en el que nos vamos anestesiando
ante la vulneración por parte del estado de los derechos humanos, ante
el que vamos normalizando la terrible idea de que cualquier medio
punitivo que emplee el Estado es aceptable con tal de conjurar
determinados peligros que nunca son como nos cuentan. Tampoco sirve de
nada mostrar estadísticas indubitadas que demuestran que las cifras de
reinserción son, en realidad, muy altas; los que no reinciden no salen
en los telediarios, pero sí los pocos que lo hacen. De lo que se trata
en realidad, y se consigue, es de que asumamos como reales peligros que
no lo son tanto, mientras que se invisibilizan peligros mucho más
reales, pero que no se quieren combatir. El debate sobre el aumento de
penas sirve, entre otras muchas cosas, para ocultar la realidad, y no
para mostrarla.
Ahora estamos inmersos en la campaña para que no se
derogue la prisión permanente revisable como han pedido la mayoría de
los partidos políticos. El hecho de que esta campaña la protagonice el
padre de una víctima le otorga muchas más posibilidades de tener éxito,
puesto que la identificación de la gente con su dolor es mucho mayor y
así, las peticiones de aumento de penas se presentan como supuestamente
despolitizadas y transversales, como una demanda que surge de la propia
sociedad. Pero no olvidemos que si dicha campaña no conviniera al poder,
simplemente no tendría la visibilidad y el apoyo mediático sin fisuras
que tiene.
El argumento más repetido en estas ocasiones es el que
dice “que esto no le pase a ninguna otra niña”. Demostrar que aunque se
implantara la pena de muerte con torturas estos crímenes seguirían
ocurriendo en la misma medida parece no tener nada que ver con la
cuestión. El apoyo de los poderes fácticos, de los medios de
comunicación a este tipo de campañas es evidente. Durante las últimas
semanas, quién se haya molestado en ver los telediarios de las
principales cadenas habrá visto que en todas ellas la cuestión de la
prisión permanente se ha planteado como una no-cuestión.
La manera en que se ha presentado ha sido la de dar la voz
únicamente a los familiares de las víctimas (niñas todas ellas), y a
personas favorables al aumento de las penas. En ningún caso se ha
recogido en estos programas la opinión de juristas especializados,
organizaciones de derechos humanos que vienen exigiendo la derogación de
la prisión permanente y que podrían explicar de manera muy clara que el
aumento de las penas no hace que disminuyan los delitos. Tampoco se
menciona siquiera en la información que se ofrece que esta es una
cuestión sometida a debate social y político. Se presenta como un asunto
de razón inapelable, aunque lo que se está haciendo con dichas
informaciones es construir, en ese mismo momento, dicha razón, que
podría ponerse en duda con informaciones veraces que mostraran el
conflicto, la opinión de los expertos, la mención a las estadísticas
conocidas, la historia y la realidad en otros países, e incluso la
posición de la mayoría de los partidos políticos en este momento. En
definitiva, no hay nada más pedagógico que presentar algo que está en
cuestión como un hecho consumado sobre lo que ya no hay debate alguno.
Lo que tampoco aparece en estas informaciones es el papel
del feminismo en este debate. El feminismo parece que no tiene nada que
ver con la cuestión a pesar de que las asesinadas son todas mujeres y
los agresores todos hombres. Aquí también compete al feminismo revelar
la verdadera inseguridad de mujeres y niñas, como ya ha hecho la campaña
#MeToo que ha mostrado la prevalencia del acoso sexual en todos los
ámbitos. Hay que asumir de una vez por todas que todos estos asesinatos
terribles: Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Quer, Miriam, Toñi y
Desiré, Anabel Segura, Mari Luz Cortés, todas las que podamos recordar,
todos esos crímenes han sido crímenes machistas, violencia sexual contra
las niñas, violencia de género. No podemos seguir tratando estos
crímenes como si no tuvieran nada que ver con la misoginia. La
revolución feminista consiste, entre otras cosas, en nombrar, politizar,
conceptualizar también la violencia extrema. Y los agresores sexuales
no son de género indefinido, como no lo son sus víctimas. Asumir eso sí
ayudaría, y mucho, a mejorar la seguridad de las mujeres y las niñas.
Ayudaría también a mejorar esta seguridad entender que los políticos que
hacen ahora campaña aprovechándose de estos asesinatos son los mismos
que se niegan a educar contra el machismo, a gastar en prevención o en
educación, que son los mismos que se ríen del feminismo, los mismos que
hacen declaraciones machistas o los que dicen que el machismo no se
puede combatir desde el gobierno.
El populismo punitivo utiliza en su beneficio los
asesinatos más terribles de mujeres y niñas al mismo tiempo que silencia
su componente machista, niega que este machismo pueda prevenirse y que
necesita ser combatido en su misma raíz. Y no solo no lo combate, sino
que en realidad lo protege, también penalmente. Lo protege cuando no se
esfuerza en desmontar la justicia patriarcal que es la que condena a un
hombre a 1.000 euros por practicarle sexo oral a su nieta, o a otro a un
curso de igualdad por intentar quemar viva a su mujer. La misma que
pregunta a una mujer violada si cerró bien las piernas o la que entrega
la custodia de los niños y niñas a maltratadores. La seguridad de las
mujeres y de las niñas mejoraría mucho si se asumiera de una vez por
todas que la posibilidad de que una mujer o una niña sea violada,
abusada, o incluso asesinada, por un miembro masculino de su familia,
por un profesor, por un individuo respetado de su comunidad, es
infinitamente mayor que la de toparse con un asesino por la calle. Eso
en términos de seguridad real, por muy horrible que sea cuando ocurre.
Exacerbar peligros que, por más duros que sean, son remotos para ocultar
los verdaderos peligros es lo que sabe hacer perfectamente este
populismo punitivo y es a lo que las feministas nos deberíamos negar.
Ninguna seguridad llegará a las mujeres de discursos que no tienen en
cuenta el sistema del que nace la violencia machista. Los machistas no
van a protegernos, así de simple. Y esto no vale sólo para el machismo,
vale para todo. Cualquier debate sobre las penas necesita alejarse del
foco emocional y mantenerse siempre dentro del respeto de los derechos
humanos y de una cierta idea de la mejor sociedad que queremos
construir. La emoción y la venganza no pueden estar en la base de la
respuesta que demos como sociedad a la barbarie, o nos convertiremos en
parte de ella.
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Beatriz Gimeno es activista en favor de los derechos LGBT y diputada de Podemos.
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