Pedro Águeda 3 de enero de 2021 Ignacio Escolar
De los nueve miembros de la Policía Nacional investigados en el espionaje a Luis Bárcenas, seis siguen en sus puestos y otros tres se han jubilado.
El mayor escándalo en el Ministerio del Interior desde el terrorismo de los GAL no tiene por el momento consecuencias disciplinarias para sus principales protagonistas. De los nueve miembros de la Policía Nacional investigados en el espionaje a Luis Bárcenas, seis siguen en sus puestos y otros tres se han jubilado. Uno de los comisarios, Andrés Gómez Gordo, está en estos momentos al frente de la comisaría del distrito de Villa de Vallecas, en Madrid, donde residen cerca de 100.000 personas. Otro de ellos, Francisco González, ha sido nombrado recientemente jefe de la comisaría de San Blas, un distrito con unos 160.000 habitantes.
Siete de los nueve imputados por la Operación Kitchen ya lo estaban en febrero de 2019. Próximamente se cumplirán dos años sin que los responsables del Ministerio del Interior y la Policía hayan decidido apartar del servicio activo a los policías, pese a que los indicios contra ellos han crecido, se han conocido al detalle por el levantamiento del secreto del sumario y siguen pesando sobre ellos distintas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte en unos casos y en otros la prohibición de salir del país.
La Dirección General de la Policía se limita a citar la Ley 4/2010 de Régimen Disciplinario cuando se pregunta oficialmente por la situación de los policías investigados. Un portavoz alude genéricamente al artículo 18, que señala que los procedimientos penales impiden que haya una resolución definitiva de los expedientes hasta que haya una sentencia firme, pero tampoco precisa qué expedientes han podido abrirse hasta ahora (..)
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