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Las investigaciones judiciales que afectan al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al exministro Eduardo Zaplana tienen un punto en común: la sospecha de las operaciones relacionadas con la compra de inmuebles en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a través de empresas vinculadas de manera directa o indirecta a ellos.
Las indagaciones más recientes son las relacionadas con Fabra. Entre las múltiples actuaciones sobre las que el juzgado número 4 de Castellón ha puesto el foco en la nueva causa que afecta al exdirigente del PP por, supuestamente, haber ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del caso Naranjax, se encuentra la compra de un adosado para su hija Claudia.
La vivienda de obra nueva con una superficie construida de 546 metros cuadrados, fue adquirida en abril de 2003 por la empresa familiar Carmacas -de la que Carlos Fabra poseía un 90% de las participaciones- por un importe de 691.173 euros. Lo que llama la atención del magistrado -además de que no constan apenas ingresos por actividad en la firma- es que, de esa cantidad, 480.809 euros "los retuvo la parte compradora para hacer frente al préstamo hipotecario en el que se subroga", según consta en el último auto emitido (...)
OTRA COSA. SIN EXCUSAS, de Antonio Larrey
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