El Salto. Imputado por presunto acoso laboral el director de la televisión gallega nombrado por Feijóo

O Salto Galiza    13 JUN 2023

Un Juzgado de Santiago abre diligencias contra la Dirección de la CRTVG como “presuntos autores de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores

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El acoso laboral vuelve a la pantalla de la televisión pública gallega. El Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela ha abierto diligencias previas contra toda la cúpula de la Corporación de Radio y Televisión de la Galicia (CRTVG) en calidad de “presuntos autores de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores”, según relata el documento que se ha hecho público a comienzos de esta semana. Es el último capítulo de un conflicto laboral que ha ido en crecimiento desde que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo llegó al poder en el año 2009. Fue ahí precisamente cuando el ahora líder del Partido Popular colocó a dedo a Alfonso Sánchez Izquierdo como Director General de la corporación y que acaba de cumplir nada menos que 14 años en el cargo.

En el documento de diligencias previas, que adelantó Nós Diario a última hora del viernes pasado, se constata que Sánchez Izquierdo no está solo. También están querellados el director del Área de Innovación e Negocio, Xosé Pereira Fariña; el jefe de servicio de Planificación Informativa, Alejandro López Carballeira; la jefa de Xestión Operativa de Programas da Radio Galega, Tania Fernández Lombao; la coordinadora de personal de la radio, Vitalina Cuña Palencia; la jefa de Seguridade e Saúde y de Relacións Laborais de la CRTVG, Paula Veloso Pereira; la directora de Recursos Humanos, Susana Fernández Veiguela y el responsable de Seguridad y Salud Laboral, Manuel Casás Macía.

Ha sido una trabajadora del ente público quien ha presentado una querella contra todos los altos cargos de la Corporación de Radio y Televisión de la Galicia y tendrá que declarar en septiembre acompañada por la psicóloga de la Oficina de Atención á Vítima y mediante videoconferencia para tratar de evitar su victimización secundaria, como requiere la jueza en el auto de diligencias previas. Además, la magistrada ha solicitado un informe del equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para conocer si la querellante presenta daños psíquicos compatibles con los hechos denunciados ante el juzgado.