Sara Plaza Casares 13 JUN 2023
Un nuevo estudio demuestra que las muertes en el interior de hospitales fueron inferiores que en el interior de las residencias, situación inédita en comparación con el resto de comunidades autónomas.
La mortalidad por covid en las personas residentes que no fueron hospitalizadas superó el 40% en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras comunidades osciló entre el 7,7% y el 25,9%. Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio publicado en la revista Epidemiología, que hace una revisión de otras 13 publicaciones elaboradas en ocho comunidades autónomas durante la primera ola del covid.
Los datos demuestran que en los dos estudios realizados en Madrid, en el Hospital Infanta Sofía y en el Ramón y Cajal, la mortalidad dentro de las residencias fue superior, de un 47 y un 41% respectivamente, mientras la mortalidad dentro de los hospitales fue inferior en ambos casos, de un 42 y un 27%.
(...) “En todos los estudios de fuera de Madrid se observa que la mortalidad es muy superior en los hospitales frente a las residencias”, explica a El Salto Victoria Zunzunegui, principal investigadora del estudio. “En Euskadi se puede ver que la mortalidad en el hospital fue del 50,4% frente al 15,3% de mortalidad en las residencias. Esto significa que en Euskadi a los pacientes con covid graves les enviaron al hospital y como estaban graves su riesgo de morir es superior. En Madrid hubo un riesgo altísimo de morir en las residencias”, expresa Zunzunegui.
Zunzunegui valora que los datos demuestran que “hubo unas directivas administrativas que llevaban a hospitalizar en base a la dependencia y no en base a la propia infección covid. La gravedad de la infección debería haber sido la clave para la decisión médica de hospitalizar”.
Protocolos de exclusión
Durante los meses más duros de la pandemia perecieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Estos protocolos condicionaban los traslados hospitalarias en función de las características físicas y cognitivas de los residentes, esto es, a mayor grado de dependencia, menor probabilidad de que pacientes graves fueran traslados al hospital (...)
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