Raúl Bocanegra Sevilla-
Un trabajo de la Fundación Nueva Cultura del Agua plantea una moratoria en proyectos mineros "hasta que se estudien en profundidad los efectos de la acumulación de contaminantes mineros en ríos y acuíferos".
El trabajo plantea así una moratoria en nuevas minas "hasta que se estudien en profundidad los efectos de la acumulación de contaminantes mineros en ríos y acuíferos y sus impactos en zonas agrícolas, en las actividades pesqueras y el agua para abastecimiento humano".
Joan Corominas, directivo de la Fundación consideró en la presentación del informe: "La contaminación va a durar siglos. Nos debe preocupar lo que se ha hecho y hay que mirar hacia delante. Es preocupante la apuesta por ese modelo de extractivismo sin debate transparente que permita que la sociedad tome decisiones informadas. La sociedad debe movilizarse".
Uno de los autores del trabajo, el profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo —que ha estudiado para el informe 169 artículos científicos que apoyan los efectos perniciosos de la minería en el entorno—, manifestó: "Hay evidencias claras de la contaminación por metales presente en suelos agrícolas, así como en vegetales y fauna, incluyendo peces, caracoles y moluscos bivalvos en estuarios y plataforma continental".
Así, para estos científicos, seguir adelante con los proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración y los que se anuncian será también convertir el Estuario del Guadalquivir en "una cloaca" que afectará a la pesca del Golfo de Cádiz, que según los datos con los que cuentan "es el océano en el conjunto de los mares del mundo que más metales pesados recibe". "Ni las autoridades, ni la ciudadanía son conscientes del grave peligro para la vida, la economía y la sociedad", afirmó otro de los expertos, el profesor Felix Talego.
Los proyectos en marcha
El informe recopila por cuencas fluviales los siguientes proyectos. Así, en el Guadalquivir "se anuncia el reinicio de la actividad de Aguablanca y Mina Las Cruces ha obtenido las autorizaciones para ampliar la extracción y duplicar el vertido de agua residual y metales disueltos que ya ha venido realizando al Guadalquivir desde que iniciara su actividad en 2009".
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En el Guadiamar, "cuando escribimos estas líneas, acaba de recibir aprobación la reapertura de la mina Los Frailes, que proyecta también verter al Guadalquivir aún más carga tóxica que la anunciada por Mina Las Cruces. No hay ningún estudio que haya calculado qué va a suponer para el estuario la suma de los dos vertidos, toda una dejación de responsabilidad de la Administración".
En el mismo valle del Guadiamar "han sido admitidos para su consideración los proyectos Salomé y La Romana". "Además de lo que contaminen durante su período activo, los residuos que quedarán [afectarán] al estuario del Guadalquivir y al Parque Nacional de Doñana".
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En el Tinto-Odiel asistimos al "incremento de la extracción de Cerro Colorado y a la apertura de otras minas, como Masa Valverde". "Para alojar la demasía de residuos tóxicos la Junta ha autorizado el recrecimiento de las balsas de lodos de Ríotinto, ya hoy con filtraciones preocupantes", recoge el trabajo.
Otra empresa, añaden los expertos, "anuncia la construcción de una nueva balsa en los términos de Almonaster, Cortegana y Cerro del Andévalo, vertiente a la cuenca del Odiel, de las características y dimensiones de la siniestrada en Aznalcóllar, así como la reapertura de la mina Concepción". Mientras, en Tharsis y en La Zarza-Perrunal "se realizan investigaciones para reabrir Filón Norte y La Zarza, respectivamente".
En el Chanza-Guadiana hay "dos proyectos que, de ejecutarse, envenenarán, con mayor o menos letalidad, años antes o después, el conjunto de la cuenca". Valdegrama se ubicaría en el nacimiento de la Rivera de Alcalaboza, "cauce que mantiene una excelente biodiversidad en todo su recorrido". El segundo proyecto, Romanera, "se ubicaría en pleno centro del área que recoge las aguas que alimentan al embalse Andévalo, vital para el abastecimiento humano y para las actividades económicas de buena parte de las comarcas de El Condado, Huelva y la costa". "Y aun otras multinacionales anuncian ufanas que buscan minerales en la misma área del Andévalo", remacha el estudio.
El trabajo señala el papel que juega la Junta de Andalucía con cierta ironía. Así, afirma que la administración autonómica "ha respondido solícita al furor extractivo que conlleva la llamada transición energética y la demanda de materias primas estratégicas [y] ha declarado francos, solo en la provincia de Huelva, más de noventa proyectos mineros caducados, que suponen unas 65.000 hectáreas de tierra de 30 municipios, desde Ayamonte en el sur hasta Cortegana en el norte y Escacena y Paterna del Campo al este".
Los expertos, según recogió la Universidad de Sevilla en un comunicado, indicaron que "las consecuencias de la minería metálica en Andalucía Occidental son visibles: extensas áreas con los usos naturales, el suelo, la vegetación y el paisaje arrasados, la red fluvial, —incluyendo el río Odiel y el Guadalquivir— profundamente contaminada por las aguas ácidas y con metales pesados, contaminación que se extiende a la Ría de Huelva y a las aguas costeras atlánticas, constituyendo también una amenaza para las aguas subterráneas".
De hecho, según el informe," los ríos Tinto y Odiel constituyen el principal aporte mundial de contaminantes tóxicos de origen minero a los océanos y el Estuario del Guadalquivir también está afectado, lo cual amenaza además al Parque Nacional de Doñana".
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