Antònia Crespí Ferrer
Washington DC-
El presidente quiere que el Congreso pase la norma antes del 4 de julio, aunque las divisiones internas ponen en duda que se cumpla con el término.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D.C.
Es la política estrella del segundo mandato de Donald Trump, la manzana de la discordia dentro del partido republicano y el arma arrojadiza entre el presidente y Elon Musk. El proyecto de ley fiscal que el mandatario estadounidense quiere tener en su mesa para firmar el 4 de julio –el Día de la Independencia– supondrá un aumento de la deuda pública actual de al menos 3,3 billones de dólares y recortes profundos en la cobertura médica para millones de estadounidenses, según las estimaciones publicadas el fin de semana pasado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés).
La norma, que ha bautizado como la Big Beautiful Bill, prevé prorrogar los recortes de impuestos para las empresas que aprobó en 2017; implementar nuevos requisitos para acceder al Medicaid y otros programas sociales; retirar incentivos para las inversiones que promuevan la lucha contra el cambio climático y destinar un mayor partida a la militarización de la frontera. De hecho, la reducción de fondos federales que se hará para las ayudas sociales será una de las más grandes que ha vivido el país desde la década de los 90. En total, se prevé que se reduzca el gasto público en esta área en más de un billón de dólares.
Los recortes en los tres grandes programas de salud pública del país (Medicaid, Medicare y Obamacare) eran uno de los grandes temores desde que Trump anunció su proyecto de ley fiscal. Según el informe publicado a última hora del sábado, para 2034 unos 11,8 millones de estadounidenses se quedarían sin seguro médico debido a la norma. Durante este periodo, el gasto público para el Medicaid, Medicare y el Obamacare se reduciría en más de 1,1 billones de dólares, donde más de un billón provendría únicamente del tijeretazo al Medicaid.
El Medicaid da cobertura a más de 78,5 millones de personas, cerca del 20% de la población de Estados Unidos. El Medicare, que está orientado a las personas mayores de 65 años, a principios de año tenía alrededor de 68,5 millones de beneficiarios, mientras que el Obamacare - cuyo nombre es Affordable Care Act (ACA)- da cobertura a unos 24 millones, casi el doble de los 12 millones que se acogieron cuando se aprobó en 2010.
En el caso del Medicaid, los recortes de inversión serán a través del aumento de requisitos de elegibilidad. El gobierno estadounidense levantaría aún más la barrera para dejar fuera a más gente. Entre estos nuevos requisitos a cumplir, se exigiría a aquellos adultos sin discapacidades y con hijos mayores de 15 años, trabajar un mínimo de 80 horas al mes a partir de diciembre de 2026. Los beneficiarios también tendrían que proporcionar verificaciones adicionales de ingresos y de residencia.
Se dice que este requisito laboral propuesto por el Senado es el más estricto jamás planteado por los republicanos, lo que aumenta la probabilidad de que un gran número de estadounidenses pierdan su cobertura médica.
Los cambios que se hicieron en el Senado al borrador también incluyen reducir los impuestos a proveedores de servicios médicos —que los estados utilizan para financiar su parte del coste de Medicaid— del 6 % al 3,5 % para el año 2031. El impacto de este recorte sería devastador para las zonas rurales, ya que muchos estados usan estos impuestos para financiar los hospitales de estos lugares. Por ello, algunos republicanos de estos estados pidieron al Senado incluir un fondo de 25.000 millones de dólares para estos centros médicos.
Más allá de la asistencia pública para la salud, otra de las grandes víctimas será el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). El proyecto de ley de Trump también prevé más requisitos laborales para aquellas personas que quieran acogerse y que estén en edad de trabajar y no tengan personas a su cargo. En total, más de 40 millones de estadounidenses con bajos ingresos están usando el SNAP.
La sangría en los programas de salud pública castigaría especialmente a la clase trabajadora y a aquellos grupos más vulnerables. Por contra, las rentas con ingresos más altos volverían a ganar, como ya pasó con la rebaja fiscal del anterior mandato de Trump. En su primera presidencia, el 1% de los contribuyentes con mayores ingresos fue el que más se benefició por la medida. Esta vez no será distinto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los contribuyentes con mayores ingresos volverán a beneficiarse significativamente.
Los grandes recortes en el Medicaid han sido una gran fuente de discordia incluso entre las filas republicanas. Una de las figuras que encabeza esta oposición a la Big Beautiful Bill de Trump por la estocada al Medicaid es la senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski. Otros senadores con poblaciones pobres y rurales, han expresado su oposición a la magnitud de los recortes, como es el caso de los senadores Susan Collins, de Maine, Josh Hawley, de Misuri, y Thom Tillis, de Carolina del Norte. Por contra, los halcones fiscales republicanos aún querrían recortar más.
Además, en la Cámara de los Representantes, donde el primer borrador no era tan agresivo con los recortes, se espera que la votación tampoco sea tan fácil de pasar. Situación que está poniendo en duda que Trump pueda firmar el 4 de julio el documento para hacerlo ley.
Una deuda pública disparada
Esta sangría en los programas de salud pública es una manera de compensar el dinero que se dejará de recaudar con la bajada de impuestos. La extensión de los recortes fiscales aprobados en 2017, y que caducan este año, supondrá un impacto de 3,8 billones de dólares en el presupuesto. Además, Trump debe cumplir con su promesa estrella de campaña de dejar de gravar las propinas ni las horas extra, lo que eleva el tamaño del total a unos 4,5 billones de dólares.
Pero a pesar de vaciar los programas sociales para compensar la rebaja de impuestos, la proyección es que la deuda pública aumente unos 3,3 billones de dólares, una cifra muy por encima de lo que algunos de los sectores más fiscalmente conservadores del partido habían manifestado estar dispuestos a aceptar. La versión que se había aprobado en la Cámara de los representantes preveía un aumento de 2,4 billones, bastante inferior. Actualmente la deuda pública que tiene Estados Unidos es de 29 billones de dólares.
Esta es la razón por la que los halcones fiscales se han mostrado reticentes al proyecto de ley del presidente y por la que Elon Musk estalló diversas veces contra él. En la ruptura pública entre ambos multimillonarios, el propietario de Tesla tachó de “abominación” el proyecto de ley fiscal de Trump por disparar la deuda pública. De hecho, iba totalmente en contra de los despidos masivos del funcionariado realizados por el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) que el sud-africano lideró hasta hace poco.
La purga de la administración pública se justificó como una manera de reducir costes innecesarios en el presupuesto gubernamental para destinar los fondos a otras causas. Ahora, este proyecto de ley fiscal que el presidente se empeña en aprobar, hace aún más claro cómo los tijeretazos masivos a los trabajadores federales respondían más a funciones ideológicas que no económicas. Trump quitó de en medio todo aquel funcionario que pudiera suponer un estorbo para su toma de poder dentro del ejecutivo y el despliegue de su agenda.
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