El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Boadilla al pago de una indemnización a Ana Garrido, testigo del caso Gürtel, por acoso laboral, con lo que el fallo judicial ya es firme 10 años después.
Así lo indica un auto de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, que inadmite el recurso interpuesto por el Consistorio contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del juzgado de lo Social número 2 de Móstoles ya en 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la sentencia que condenó al Consistorio a abonar 96.314,15 euros a la extrabajadora del consistorio epicentro de la Gürtel. En la primera sentencia emitida al respecto, en enero de 2014, se condenó al Ayuntamiento al pago de 81.437 euros por la “extinción del contrato de trabajo” y al pago de otros 14.877,15 euros por “daño moral”.
La denunciante, Ana Garrido, contaba con un contrato de personal laboral fijo y desempeñaba el puesto de técnico de Juventud, donde estuvo de baja por esta situación durante varias ocasiones.
Los problemas laborales de Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla durante más de 20 años, empezaron en 2007, cuando no tragó con las prácticas del equipo municipal del exalcalde Arturo González Panero, en el epicentro de la trama Gürtel de corrupción que ha acabado salpicando a todo el PP. Testigo de la Fiscalía en el caso, entonces empezó su viacrucis laboral, que ya expuso en ELPLURAL.COM, con denuncias de acoso y bajas por depresión.
En su resolución, el Supremo expone que la sentencia de primera instancia constataba como hechos probados la negativa del edil de Juventud, Deportes, Empleo y Formación a reunirse con la trabajadora por la paralización del desarrollo del Plan Integral de Juventud. “Además de la manifestación hecha por el concejal que le dijo a la actora que se lo iban a hacer pasar mal y que el motivo por el cual estaba paralizado el plan era porque querían que se cansara”, recoge el fallo judicial.
Por otro lado, el Supremo detalla que la empleada sufría una situación de ansiedad que se producía mientras estaba de alta en el trabajo y mejoraba cuando estaba de baja.
“La Sala concluye que dicha situación la causa el empleador y su delegado, que es a los que corresponde organizar el trabajo, por lo que el mal uso de esta facultad, que ha producido un daño físico y moral de una persona en concreto produce y conlleva la obligación legal de reparar el daño causado”, expone la sentencia.
“Durante todos estos años, mi vida ha sido una lucha constante por sobrevivir; ya que la sentencia se ejecutó parcialmente. Es decir, me quedé sin trabajo y no percibí la indemnización, ya que, al recurrir, la sentencia no fue firme”, ha comentado Garrido, quien denuncia también el haber sufrido una “cacería humana” mediante campañas de “desprestigio”.
Así lo indica un auto de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, que inadmite el recurso interpuesto por el Consistorio contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del juzgado de lo Social número 2 de Móstoles ya en 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la sentencia que condenó al Consistorio a abonar 96.314,15 euros a la extrabajadora del consistorio epicentro de la Gürtel. En la primera sentencia emitida al respecto, en enero de 2014, se condenó al Ayuntamiento al pago de 81.437 euros por la “extinción del contrato de trabajo” y al pago de otros 14.877,15 euros por “daño moral”.
La denunciante, Ana Garrido, contaba con un contrato de personal laboral fijo y desempeñaba el puesto de técnico de Juventud, donde estuvo de baja por esta situación durante varias ocasiones.
Los problemas laborales de Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla durante más de 20 años, empezaron en 2007, cuando no tragó con las prácticas del equipo municipal del exalcalde Arturo González Panero, en el epicentro de la trama Gürtel de corrupción que ha acabado salpicando a todo el PP. Testigo de la Fiscalía en el caso, entonces empezó su viacrucis laboral, que ya expuso en ELPLURAL.COM, con denuncias de acoso y bajas por depresión.
En su resolución, el Supremo expone que la sentencia de primera instancia constataba como hechos probados la negativa del edil de Juventud, Deportes, Empleo y Formación a reunirse con la trabajadora por la paralización del desarrollo del Plan Integral de Juventud. “Además de la manifestación hecha por el concejal que le dijo a la actora que se lo iban a hacer pasar mal y que el motivo por el cual estaba paralizado el plan era porque querían que se cansara”, recoge el fallo judicial.
Por otro lado, el Supremo detalla que la empleada sufría una situación de ansiedad que se producía mientras estaba de alta en el trabajo y mejoraba cuando estaba de baja.
“La Sala concluye que dicha situación la causa el empleador y su delegado, que es a los que corresponde organizar el trabajo, por lo que el mal uso de esta facultad, que ha producido un daño físico y moral de una persona en concreto produce y conlleva la obligación legal de reparar el daño causado”, expone la sentencia.
Largo “calvario”
Tras conocer el fallo del Supremo, Garrido ha señalado en un comunicado que ha sufrido un “calvario” durante 10 “largos años” en los que se negó a firmar “las irregularidades” que se ponían sobre la mesa desde la etapa del exalcalde de González Panero, imputado en el caso Gürtel.“Durante todos estos años, mi vida ha sido una lucha constante por sobrevivir; ya que la sentencia se ejecutó parcialmente. Es decir, me quedé sin trabajo y no percibí la indemnización, ya que, al recurrir, la sentencia no fue firme”, ha comentado Garrido, quien denuncia también el haber sufrido una “cacería humana” mediante campañas de “desprestigio”.
La denuncia del Consistorio
El pasado año, Garrido ya recibió una sentencia satisfactoria de los tribunales al sobreseer y archivar el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles la causa en la que estaba imputada por un presunto delito de infidelidad de custodia de documentos. La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entrevistada por aquel entonces en ELPLURAL.COM, también
contaba con el apoyo de la Fiscalía en esta causa, frente a la
acusación del Consistorio y la denuncia interpuesta por María del Mar
Paños, concejala de Hacienda en el epicentro de la Gürtel.OTRA COSA: Ley de Caminos y Rutas excursionistas. Mallorca
No hay comentarios:
Publicar un comentario