Victoria Rosell: “Es deber del Estado poner la red para salir de la violencia con o sin denuncia”

 LAVANGUARDIA.COM    CRISTINA SEN  1/08/2021

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha impulsado el Catálogo de Medidas Urgentes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, un plan surgido tras el repunte de los asesinatos machistas tras el fin del estado de alarma. Un plan que prevé tejer una red de apoyo público para detectar la violencia machista y acompañar a las víctimas en su salida, denuncien o no.

El Catálogo de Medidas

“Nos dirigimos a la sociedad, clarificamos qué hacer cuando una víctima pide ayuda”

“Es deber del Estado poner la red para salir de la violencia con o sin denuncia”

El Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género prevé acercar los servicios públicos a las víctimas de violencia de género, ayudarlas a salir más allá de la denuncia ¿Se las había dejado asiladas, sin herramientas?

Hemos detectado que las víctimas reciben poca ayuda de su entorno, y que el entorno y la sociedad revela que no tiene claro qué hacer ante una petición de ayuda. Una cosa dar apoyo, y otra es remitirla al sitio adecuado. Las nuevas medidas van dirigidas no solo a dar información a los profesionales sino al conjunto de la sociedad. A la denuncia policial y judicial no llega ni un 30% de las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas. Y hay otro caudal muy valioso para proteger y valorar el riesgo de estas personas tendiendo una red entre los servicios de salud, los servicios sociales y otras puertas de salida como el Viogén –el sistema de seguimiento del Ministerio del Interior–, que ha de nutrirse de todos estos datos. Dado el número de víctimas que demanda ayuda sin denunciar, las administraciones han de ser proactivas en la detección y en la respuesta.

¿Podrán absorber los centros de salud, ya exhaustos, esta atención? ¿Hay presupuesto?

Estas medidas tienen presupuesto. Están los 100 millones de euros para las autonomías de Estado contra la Violencia de Género, otros 80 millones están en los ministerios implicados, se ha duplicado el presupuesto para los municipios. Este dinero muchas veces no se ejecuta al cien por cien.

Tras el estado de alarma han sido asesinadas 18 mujeres, usted señalaba la necesidad de no poner todo el peso en la necesidad de que se denuncie al agresor.

La denuncia policial y el ámbito judicial tienen la exclusiva de actuar contra el agresor. No hay ningún otro poder del Estado que pueda privar de libertad a una persona, o limitarla. Pero respecto de la víctima esto no existe. El Estado, que incluye autonomías y municipios, tiene la obligación de proteger a las víctimas exista o no denuncia y de poner a su disposición la red necesaria para que la víctima salga. El Estado no puede decirle que denuncie y así se le concederá protección. El Estado tiene que poner las condiciones materiales y económicas para que este salto no sea sin red, no sea un salto mortal. A veces será una solución habitacional, una renta, ayudas para los hijos. Ellas han de saber que llamando a estas puertas tendrán la condición de víctimas sin haber denunciado. El amparo no tiene porque quedar en manos del ámbito policial y ju-
dicial.

¿Podría haber protección policial sin denuncia?

Se va a elaborar un protocolo de la secretaria de Estado de Seguridad, el Protocolo 0, que valorará no solo lo que cuenta la víctima, que suele minimizar la gravedad, sino su entorno. Y esto puede generar mecanismos de protección policial que no estén condicionados a que ella presente denuncia.

También ha señalado la necesidad de poner la mirada en el agresor y no siempre en la víctima.

Nuestra historia de protección a las víctimas, sin obviar que somos un referente internacional, han repercutido en las mujeres, pero su protección no solo puede recaer en ellas. Incluso los dispositivos electrónicos de control de las medidas de alejamiento, que son muy valorados, fundamentalmente a quien localizan, a quien llaman, es a la víctima. Es importante también trabajar con el agresor. Hay que evaluar el riesgo que supone el agresor, para la mujer y también para los hijos.

Con respecto a los hijos, el Catálogo aprobado prevé la elaboración de un Plan de Actuación y Desarrollo de los Derechos de los niños y niñas.

Hemos aprobado dos leyes que contienen medidas contra el falso síndrome de alienación parental (SAP), y también prevén la suspensión del régimen de visitas a los agresores. Esas medidas se van a concretar por especialistas en este nuevo plan. Hay 1.600.000 niños que viven en familias en las que se desarrolla algún tipo de violencia (...)

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