“El gobierno de Gallardón aceleró
las obras de la reforma de la M-30 por motivos electorales sin
importarle el enorme perjuicio económico, social y medioambiental que
ello causaba”, escribe el economista. Eduardo Garzón
24 noviembre 2017 https://www.lamarea.com/2017/11/24/el-escandalo-de-madrid-calle-30-que-empobrecio-a-ciudadanos-y-enriquecio-a-constructoras/
La M-30 a la altura de Conde de Casal. FERNANDO SÁNCHEZ
Cuando
el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento
de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y
presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma
de una infraestructura de esas características requería, en condiciones
normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que
la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a
las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales
que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde
la vulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud
(constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales)
hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que
sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso
de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites
administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo,
independientemente del daño económico, social y medioambiental que
pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.
Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso.
Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros,
pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42%
más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del
ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba
permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio,
Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de
reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser
achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un
cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el
gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de
la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se
disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada
de todas y con mucha diferencia.
Lo peor de todo es que en este mezquino
intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón
volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no
contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera
parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna
otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible
de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a
los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa
provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció
la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que
antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos,
impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio
privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597
millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese
ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos
una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior
a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para
gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada
por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.
Pero es que además, el contrato que
permitió la privatización recoge cuánto debe pagar el Ayuntamiento cada
año al socio privado (compuesto por el grupo ACS y Ferrovial), pero esta
cantidad no se calculó en función del coste de gestionar la M-30 sino
que se calculó para que las empresas privadas obtengan cada año un
7,053% de rentabilidad. Negocio asegurado y sin ningún tipo de riesgo a
costa del dinero del contribuyente. Esto tuvo como consecuencia que en
2007 la factura anual del Ayuntamiento se multiplicara por 2 (se
incrementó en 10,5 millones de euros cada año). La justificación
documental de este incremento es paupérrima e irrisoria (apenas un
cuadro para justificar cobros de millones de euros) y ni siquiera se
incluye en el expediente del contrato.
Pero la cosa no queda aquí: resulta que el contrato firmado compromete al socio privado a mantener y cuidar la infraestructura,
pero buena parte de estos compromisos no se están realizando y otros se
están pagando por duplicado. Además, hay gastos como los de la factura
eléctrica y de suministro de agua que deberían correr a cuenta de las
empresas privadas según el contrato y sin embargo los ha asumido siempre
el Ayuntamiento. Hasta la llegada al gobierno de Ahora Madrid se hacía
la vista gorda con estos incumplimientos, pero desde entonces se han
iniciado expedientes sancionadores que rompen el pacto tácito firmado
por el Partido Popular y las constructoras mencionadas.
Todo esto ha salido a relucir gracias a
la comisión de investigación impulsada por el gobierno de Ahora Madrid.
Sin este ejercicio de transparencia nunca hubiésemos conocido los
entresijos de este importante y lamentable expolio. El gobierno de
Gallardón aceleró las obras de la reforma de la M-30 por motivos
electorales sin importarle el enorme perjuicio económico, social y
medioambiental que ello causaba, entregó la gestión de una carretera
pública a empresas constructoras a través de un contrato que blinda sus
beneficios hasta 2040 y a pesar de que la legislación no contempla tal
cosa, vulneró sistemáticamente los procedimientos administrativos que
recoge la legislación, y consintió que tales empresas no cumplieran los
compromisos recogidos en el contrato. Un trasvase de dinero tan
descarado como planeado desde las arcas públicas a los bolsillos de unos
pocos.
Eduardo Garzón es asesor de Economía en el Ayuntamiento de Madrid
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OTRA COSA: ¡No saques tu poso fascista!
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