Sus inventores lo llamaban “teléfono”,
pero no servía precisamente para hablar. En la Argentina de los campos
de concentración, aquel temible instrumento era una pieza más en el
catálogo del infierno: cuando los torturadores tenían ganas de jugar, lo
utilizaban para atormentar aún más a sus víctimas. Básicamente,
consistía en un aparato que daba descargas simultáneas de electricidad en oreja y boca.
Era simplemente horroroso. Pero había más. Siempre había más. Por
ejemplo, otro día podían meterte un tubo por el ano y soltar dentro una
rata. “Rectoscopio”, lo denominaban los verdugos.
Entre 1976 y 1983, cientos de militares argentinos se especializaron en diferentes métodos de tortura. No figuraba oficialmente en los programas de estudio, pero alcanzaba con incorporarse a alguno de los temibles “grupos de tareas”
–eufemismo empleado para identificar a los comandos a cargo de los
secuestros y torturas de opositores- para aprender el amplio y tenebroso
arte de los tormentos.
A fuerza de electrocutar, ahogar y golpear a personas
indefensas, la dictadura de Jorge Rafael Videla se hizo un hueco en el
disputado mercado de la lucha anticomunista. O antiterrorista,
como preferían (y prefieren) denominarla aquellos que buscaban
justificar tales crímenes. En ese contexto, la España de la transición
apostó firmemente por la “escuela argentina” a la hora de formar a
varios policías, guardias civiles y miembros del ejército. El calendario
indica que todo ello ocurrió en los prolegómenos de la creación del GAL, el grupo terrorista que practicó la guerra sucia contra ETA.
El gobierno de Aznar no aportó
todos los archivos que daban forma a este capítulo de la colaboración
establecida entre España y el régimen genocida de Videla
Estos casos llegaron a mediados de los noventa a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón
efectuaba una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad
cometidos por la dictadura argentina. Sin embargo, el magistrado no
dispuso de toda la información existente en torno a este asunto, y no
precisamente porque los documentos en cuestión hubiesen desaparecido.
Nada de eso. Según ha podido comprobar Público, el gobierno de José María Aznar
no aportó todos los archivos que daban forma a este capítulo de la
colaboración establecida entre España y el régimen genocida de Videla.
Lista incompleta
En el marco de aquel procedimiento judicial, Garzón
recibió un listado de militares españoles que habían realizado cursos en
Argentina durante los años de la dictadura. El documento había sido
enviado el 19 de enero de 1998 por el Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército, que había localizado en sus registros los casos
de 10 militares que entre 1979 y 1983 se desplazaron a Buenos Aires.
Según consta en esa nómina, la mayoría eran coroneles y habían realizado cursos en la Escuela de Inteligencia del régimen argentino.
El 13 de mayo de 1998, el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra,
envió a Garzón un listado más amplio sobre “nombre y empleo de los
militares españoles que siguieron cursos en centros militares argentinos
entre los años 1976 y 1983”. Ese documento incorporaba los nombres del
coronel de Infantería Marina Cristóbal Gil y Gil y del general de División del Ejército del Aire José María Paternina Bono, quienes también habían cursado estudios en el país sudamericano en 1981 y 1982 respectivamente.
Cursos. España envía Guardia Civil y Policía a Argentina. Noviembre77
El coronel Gil y Gil llegó a ser señalado por una de
las víctimas de la ESMA, el mayor campo de concentración de la
dictadura. Según el testimonio ofrecido por el sobreviviente Víctor
Basterra, el militar español había participado en secuestros, algo que
el acusado negó ante el juez Garzón. Durante su declaración en sede
judicial, efectuada el 16 de junio de 1998, incluso aseguró que cuando
viajó a Argentina no sabía que allí se estaban produciendo desapariciones, algo que entonces era de público conocimiento a nivel internacional.
No obstante, la transcripción de su declaración
ofrece algunas otras pistas. “Preguntado si en el curso mencionado
también se le instruyó sobre formas de combatir la subversión, contesta
que esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental,
siendo normales la existencia de libros de guerra de guerrillas. Por el
contrario, el contenido del curso estaba centrado en el estudio del
pensamiento y sus diferentes manifestaciones a través del Estado”,
aseguró. También admitió que en 1981, cuando fue designado para realizar
ese curso, efectuaba labores de Inteligencia “en el ámbito de lo que en aquel entonces era el antecedente del CESID”.
Ni las declaraciones de Gil y Gil ni los listados
obtenidos por Garzón con los nombres de otros 11 militares tuvieron
mayor recorrido. La causa llevada adelante por el magistrado de la
Audiencia Nacional se detuvo en 2003, cuando Argentina anuló las leyes
de impunidad y comenzó a investigar los crímenes de la dictadura. De
esta manera, las averiguaciones que se habían emprendido en Madrid para
conocer el papel de los militares españoles adiestrados en Buenos Aires
quedaron paralizadas.
Lo que ocultó Aznar
En ese contexto, Público ha tenido acceso a una serie de documentos que no fueron aportados por el gobierno de Aznar a Garzón
y que demuestran que la “formación” de policías y militares españoles
en Argentina fue bastante más amplia. En realidad, esta estrecha
colaboración se enmarcó en un “plan de becas” establecido inicialmente por el régimen de Videla para formar a agentes de otras dictaduras latinoamericanas.
Cursos. Plan Becas Policía Federal-Octubre77
En septiembre de 1977, la dictadura decidió ampliar esa oferta “a la Institución policial del Reino de España”. Así consta en un documento firmado por el entonces Jefe de la Policía argentina, Edmundo René Ojeda, quien destacaba que “la presencia de miembros de las instituciones hermanas” –en alusión a España- permitiría “optimizar” esfuerzos para “enfrentar con éxito la lucha común contra la delincuencia en todas sus formas”.
“En función de ello, se procura concurrir al
intercambio de conocimientos y experiencias, en el que será de
importancia el aporte de representantes de la Madre Patria.
Asimismo, habrá de lograrse un acercamiento entre Fuerzas, idóneo para
estrechar los vínculos que las unen”, señala el documento enviado por
Ojeda al embajador de Videla en España, Leandro Enrique Anaya.
También explicaba que todos los cursos tendrían “carácter intensivo, con
clases teórico-prácticas dictadas de lunes a sábado inclusive,
complementadas con visitas de estudio y/o conferencias especiales”.
Relaciones políticas. Informe sobre Plan de Becas y Cursos Policía Federal. Septiembre77
El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de
Exteriores de España informó que el gobierno de Adolfo Suárez había
aceptado las becas ofrecidas por la dictadura para miembros de las
Fuerzas de Seguridad. “El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda
atentamente a la Embajada de la República Argentina en Madrid, y en
relación con su nota verbal número 385, sección 2, de 19 de octubre
último, relativa al Plan de Becas de la Policía Federal Argentina,
tiene la honra de informarle que la Subsecretaría de Orden Público del
ministerio del Interior acepta dos de las becas ofrecidas, a fin de que
un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada puedan
realizar el Curso de Explosivos previsto para el día 23 de octubre de
1978”, señalaba la nota.
La colaboración continuó en años posteriores. De
hecho, este periódico ha tenido acceso a otro documento fechado el 3 de
agosto de 1979, en el que la embajada de Videla en Madrid notifica a la
Subsecretaría del ministerio del Interior de España que “la Policía
Federal Argentina ha informado a nuestra Cancillería que acepta la
postulación del capitán Miguel Ángel Ortiz Asín y la del teniente
Ángel Martín San Miguel –ambos pertenecientes al cuerpo de la Guardia
Civil- para realizar el curso II Explosivos Latinoamericanos (sic), que
dará comienzo el 10 de octubre próximo, de acuerdo con el Plan Becas
79”.
Cuando Garzón investigaba este tipo de
colaboraciones, el gobierno de Aznar no aportó ninguno de estos
documentos en el juzgado. Su “omisión” permitió que estos acuerdos siguieran escondidos. Luego, la causa se cerró. 
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