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Impidan que la ignorancia sobre lo que costó conseguir nuestras libertades nutra las filas de los que no dudarían en privarnos de ellas de nuevo.
Me van a perdonar que ilustre mi posición sobre algunos aspectos de la reforma curricular asociada a la Ley de Memoria Democrática con unos brochazos de egohistoria. Hace unos años, fui invitado por una de las editoriales del oligopolio educativo a colaborar en la redacción de su manual de Historia de 4º de la ESO. Eran tiempos de reforma —¿cuándo no?— y precisaban elaborar nuevos materiales en un contexto de cambio de modelo de transmisión de contenidos, marcado por el paso del libro impreso al espacio digital. Se me pidió redactar los contenidos de los temas correspondientes a la República, la Guerra Civil y el franquismo. Era una magnífica ocasión para trasponer al ámbito de la enseñanza obligatoria los avances realizados por la historiografía española en los últimos cuarenta años, ayudando a emancipar definitivamente a los libros de texto de la prisión permanente no revisable que les obliga a repetir, desde los tiempos de la Ley General de Educación, hija del desarrollismo y de los XXV Años de Paz, los mantras de la guerra fratricida, la equivalencia de barbaries y la excepcionalidad española.
Pero no fue posible: ya en la primera reunión se nos advirtió de que el manual era un producto comercial, de que su target era un sector de demanda —cautiva, eso sí— lo más amplio y diverso posible, y que los comerciales de la casa debían ser capaces de venderlo con éxito tanto, es un suponer, al departamento de Ciencias Sociales del IES Francisco Ferrer i Guardia de cualquier extinto cinturón rojo como al director de los Reverendos Adoradores de la Sagrada Forma o al jefe de estudios del colegio segregado bilingüe de la típica urbanización de pauers. Había que tener especial cuidado en ofertar un menú equilibrado, atractivo y vanguardista en su presentación, pero clásico en sus sabores. Incapaz de desplegar la alquimia necesaria para armonizar gustos tan heterogéneos, me descolgué del proyecto.
Eso ocurrió cuando todavía impartía clase en un centro público del área metropolitana sur de Madrid. Tuve por entonces la fortuna de compartir departamento didáctico con un grupo humano excepcional —no se os olvida, compañeros— e impulsar el proyecto Entresiglos 20/21: Historia, memoria y didáctica, dedicado a trabajar los contenidos de la historia del presente con el alumnado de ESO y Bachillerato.
Sabíamos que nuestros estudiantes, hijos e hijas de los últimos coletazos de la reconversión industrial (Sintel, Coca Cola) y nietos de la migración interior de los años 60 y 70 adolecían de las claves para interpretar el mundo en el que iban a insertarse pronto como futuros ciudadanos. Porque nunca se llegaba a los periodos recientes y como no tenían aún edad para acceder a archivos oficiales —internet se generalizó después—, optamos por convertir su árbol genealógico en nuestro laboratorio de Ciencias Sociales. Mediante la metodología de la historia oral, conseguimos no solo interesarles en el estudio del pasado reciente, sino convertirse en divulgadores de sus pequeñas investigaciones gracias a una revista escolar de publicación semestral que llegó a tirar once números y se convirtió en un referente.
No todo fueron luces. La experiencia topó con dos fenomenales obstáculos: la franca animadversión de la administración educativa regional y la labor de zapa de la dirección del propio centro. Con la primera, contábamos. Cuando comenzamos a divulgar nuestra experiencia en el ámbito escolar y memorialista y empezó a conocerse más allá de nuestra localidad, a pocos extrañó que la Consejería de Educación de la era del aguirrato accionara el freno hidráulico.
Nos lo dejó bien claro desautorizando la segunda edición del curso de historia oral para profesorado de secundaria que organizó nuestro departamento. Según la versión oficial, dado que ya habíamos convocado una primera el año anterior, los contenidos eran reiterativos. No como los de informática, inglés o mindfulness, por ejemplo, que al parecer son siempre originales e inéditos. Fue, en todo caso, un aviso de que la administración de la comunidad autónoma más libre de la Vía Láctea pretendía comisariar todas las actividades formativas del profesorado sometido a su ergástula para que no se abordasen temas inconvenientes. De hecho, un par de años después, invitó a unas jornadas de actualización sobre la guerra civil, computables a efectos de obtención de sexenios, a un célebre exterrorista grafómano. Era un quid pro quo: mitos a cambio de créditos. El orden reinaba en Madrid (...)
MUY INTERESANTE
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