2 Enero 2023 Diego Delgado
La desinformación mediática y la propaganda política alertan sobre un problema inexistente. Hay 180 veces más posibilidades de ser desahuciado que de encontrarte con alguien dentro de tu casa
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Ocho proposiciones de ley, ocho proposiciones no de ley y dos mociones. Esas son las cifras de la presencia del fenómeno de la okupación en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura. En todos los casos, excepto en uno (una proposición no de ley presentada por el PSOE), con las derechas y la ultraderecha como protagonistas. De sus filas han salido también decenas de preguntas relativas a este fenómeno, como esta que hizo Teodoro García Egea el 29 de enero de 2021: “¿Le preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de algún español que no sea un okupa?”.
Esta abultada presencia de la okupación en la actividad parlamentaria ha quedado perfectamente reflejada en las grandes cabeceras, televisiones y emisoras nacionales, intensificada además con el goteo constante de declaraciones de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado o Santiago Abascal. Así, como demuestra este artículo de La Marea, en Antena 3 se ha llegado a dedicar espacio informativo a la okupación todos los días de una semana, exceptuando el domingo.
El resultado de todo ello se puede observar en el barómetro del CIS del pasado mes de octubre, en el que la okupación de viviendas aparece como uno de los principales problemas del país según la propia ciudadanía. Al tratarse de una pregunta abierta, su mera mención ya sugiere una relevancia notoria, pero la realidad es que se encuentra a la altura de la “violencia de género” o “la falta de confianza en los/las políticos/as y las instituciones”, ambas situadas, como la okupación, entre las 40 primeras respuestas, repetidas por un 1% de los encuestados y las encuestadas.
Parece difícil huir de la idea de que el movimiento okupa está poniendo en peligro el acceso a la vivienda, pero un simple vistazo a la realidad demuestra que los datos no justifican la omnipresencia política y mediática de esta alarma social, que tantos beneficios genera al sector de la seguridad, sobre todo si se compara con su antítesis: los desahucios.
(...) Desde sus inicios, el movimiento okupa ha tenido como objetivo “propiedades vacías de bancos”, en las que se entraba para provocar “una situación de reclamo de alquiler social” que recuperase el derecho fundamental a una vivienda digna para aquellas familias vulnerables a las que se había negado el acceso a un techo. Lo cuenta Paco Morote, portavoz de la PAH, en conversación con CTXT: “Lo llamábamos nuestra ‘obra social’”. Por lo tanto, el delito al que mejor se ajustan las acciones de los y las okupas es el de usurpación. Según el Código Penal, la usurpación se comete cuando alguien ocupa sin autorización “un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada”. Es decir, casas vacías de forma permanente. Ni el hogar de una señora que ha ido a comprar el pan ni la segunda residencia vacacional de una familia de clase media. Eso, sencillamente, no es okupación.
Además, si ocurriese algo parecido, el desalojo sería inmediato. De hecho, al tratarse de un delito penal de tipo flagrante “ni siquiera hará falta un desalojo, porque la detención del allanador provocará que recuperes el inmueble. De forma inmediata”, aclara el magistrado Diego Álvarez (...)
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