El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal. Foto: EFE
El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el
endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, está, tras su
procesamiento, a un paso de sentarse en el banquillo por la destrucción
de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, que fuera
tesorero del PP. Un procesamiento que llega después de ser
“investigado”, ese término por el que el propio PP, en el anterior
Gobierno de Rajoy, cambió el “imputado” de toda la vida, a través de la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015.
Destruir esos discos duros suponía borrar los rastros de su
contabilidad, una medida gravísima y (presuntamente) constitutiva de los
delitos de daños informáticos y de encubrimiento. Lo que
(presuntamente) se encubrió fue la contabilidad paralela de Bárcenas, es
decir, del Partido Popular, delito que habrían cometido Carmen Navarro
(tesorera/gerente del PP desde que, a instancias de la preclara
Cospedal, sucediera a Bárcenas en mayo de 2012), Alberto Durán (abogado
responsable de los servicios jurídicos del PP) y José Manuel Moreno
Alarcón (informático responsable del Departamento de Sistemas de la
Información del PP).
El partido al que el rey Felipe
VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular,
formateó hasta 35 veces los discos duros de Bárcenas. 35 veces es una
cifra que excede cualquier proceso normal de borrado, reseteado,
formateado o lo que se quiera hacer para eliminar la información de un
disco duro. Lo deduciría cualquier analfabeto informático y cualquier
persona con sentido común. En efecto, borrar hasta 35 veces la
información de un disco duro comporta tal pulsión obsesiva que solo
denota o locura -que no atribuimos a Carmen Navarro, Alberto Durán y
José Manuel Moreno- o turbia intencionalidad -que sí es fácil
atribuirles. De hecho, la jueza ha determinado que esa compulsión
responde a un sistema conocido con el nombre de ‘Método Gutmann’, que
persigue un borrado tan “drástico” que no se conforma con que
desaparezca la información que contiene un disco sino “la destrucción
física” del mismo. No solo los borraron y formatearon, sino que también
los rallaron.
El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble
encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, guardaba en esos discos,
físicamente destruidos, los documentos que acreditaban su contabilidad
B, la lista de sus donantes y de las reuniones mantenidas con ellos, los
detalles presupuestarios de sus campañas electorales, los pagos
efectuados por su caja B a Loewe y a otras distinguidas marcas de lujo.
Un desenfreno. Por lo que es un alivio moral que la Justicia española, a
través de su juzgado de instrucción número 32 de Madrid, haya dictado
un auto que viene a recoger la indignación ciudadana ante semejantes
hechos, después de que la anterior titular de ese Juzgado ordenara el
sobreseimiento de una causa en cuya acusación popular hay numerosas
organizaciones civiles, adheridas bajo el nombre de ‘Querella Bárcenas’.
Entre otras muchas, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida o
Ecologistas en Acción, así como casi 30.000 particulares. El objetivo de
los promotores de esta querella fue “hacer explícito el apoyo social a
las acciones judiciales de carácter penal” que se iniciaron contra
Bárcenas y el Partido Popular. La nueva resolución permitirá ahora al
Ministerio Fiscal y a las acusaciones abrir nuevas diligencias o, al
menos, formular escrito de acusación.
El partido al
que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el
Partido Popular, puede recurrir esta resolución y ya ha anunciado que lo
hará. Pero es posible que los argumentos que lleva tres años
defendiendo la acusación popular, y que son recogidos por la nueva
instrucción, supongan una condena al Partido Popular. En principio, esa
condena nos llenaría de orgullo y satisfacción. Y debiera bastar para
que el PP no pudiera gobernar. Pero teniendo en cuenta que los
innumerables y gravísimos casos de corrupción no le han pasado
suficiente factura electoral, podemos temer que, si Rajoy no logra
formar Gobierno y acabamos en unas terceras elecciones generales, la
condena por el auto-hackeo de los ordenadores de su tesorería pueda
ayudarle a conseguir una nueva mayoría absoluta. En cuyo caso, el robo y
la extorsión a los fieles españolitos podría ya practicarlo el PP
directamente con una media en la cabeza.
A fin de
cuentas, se lo han ganado: el partido al que el rey Felipe VI ha hecho
el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, es el primer
partido político en la historia de España que ha sido imputado (perdón,
investigado) en una causa penal. Todo un mérito.
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