"Tras el decreto de secundaria de julio pasado (gracias al 
cual se paliaron algunas de las barrabasadas educativas de la LOMCE), 
ahora toca hacer lo imposible por condenar a la irrelevancia a estas 
reválidas con que el gobierno en funciones pretende seguir torturando y 
ninguneando a la comunidad educativa, y chantajeando, de paso, al país 
entero".
Víctor Bermúdez Torres - 10/09/2016 http://www.eldiario.es/eldiarioex/educacion-rehen_0_557144991.html
Comienza el curso escolar y todo sigue igual, lo que equivale a decir que está peor. El sistema educativo sigue  retenido contra su voluntad
 por el gobierno (ahora en funciones), lo que supone tres años ya de 
congoja e incertidumbre para cientos de miles de niños, docentes y 
familias. Durante este tiempo los  rehenes hemos 
tenido que implantar, a regañadientes y a toda velocidad (anteponiendo 
los ritmos políticos a los de la pedagogía y el buen sentido), la LOMCE,
 una ley retrógrada y macarrónica en sus contenidos (elaborados 
igualmente a toda prisa), reaccionaria en sus aspectos pedagógicos, 
torpe en su intención uniformadora (tan torpe que ha generado la mayor 
diversidad conocida de planes educativos autonómicos), segregadora y 
clasista (al niño que “no vale” se le expulsa sin contemplaciones al 
itinerario laboral – ¡así acaba cualquiera con el fracaso escolar!–), y 
resueltamente favorable a la escuela concertada y privada.
El objetivo de la LOMCE es un sistema público barato, masificado y  disciplinador
 de las clases bajas, de manera que el que quiera educación de calidad, 
apta para tener amigos, dar pelotazos y abrir cuentas en Suiza (en esto 
parece que consiste triunfar en este país), tendrá que pagarse un 
colegio privado, sea el del Pilar – el  Eton College del
 pijerío nacional – o cualquier otro que, a imitación suya, les saque 
los cuartos a la clase media con pretensiones. La educación es todo un 
negocio aún por explotar. Por eso la raptaron.
Lo único bueno de la LOMCE es que a todo el mundo (menos
 al PP) le parece mala y tendenciosa. Incluso el propio gobierno sabe 
que es una ley sin futuro, lo que no impide – esto es lo grande – que 
siga torturándonos y amenazándonos con ella. Tras el destierro dorado de
 los jefes más intransigentes de la  banda (Wert y 
Gomendio), el nuevo ministro Méndez de Vigo ha mostrado mayor voluntad 
negociadora, lo cual no ha servido para evitar la publicación, hace muy 
poco, del decreto sobre la reválida, uno de los aspectos más 
unánimemente rechazados de la LOMCE.  A Dios rogando y con el mazo dando.
 Unos días después el PP acordaba con Ciudadanos la paralización de la 
Ley (lo que, entre otras cosas, impediría desarrollar el decreto citado)
 y un plazo de seis meses para acordar un  pacto por la educación.
Parece que los  secuestradores, cuyo propósito inicial era reeducar a los españoles, se conforman ahora con una investidura. “Si queréis que libere a los  rehenes
 de la LOMCE – parecen decir – tenéis que darnos el gobierno del país”. 
Este es el trato. O eso parecía, porque tras el fracaso de la 
investidura todo vuelve a estar como estaba. La LOMCE, pese a estar 
muerta, sigue generando caos e incertidumbre, y el PP sigue jugando con 
esta baza (como un pistolero girando su revólver con el dedo en el 
gatillo) para negociar su llegada al gobierno.
Mientras tanto, el curso ha comenzado y ni docentes, ni alumnos, ni padres sabemos qué va a pasar ( o no pasar, que
 diría, con entrañable retranca nuestro presidente). Además de acabar de
 implantar una ley en la que nadie cree, y que se tendrá que derogar o 
reformar en poco tiempo (con todo el coste correspondiente), tendremos 
que preparar a nuestros alumnos para unas pruebas de las que no sabemos 
prácticamente nada y  que es mentira que no tengan efectos académicos.
 Para los estudiantes de 2º de bachillerato la reválida de 2017 
determinará (como hacía la extinta selectividad) el acceso a la carrera y
 universidad de su gusto, y supondrá (una vez superada) un 40% de la 
nota media que figurará en sus expedientes. Para más inri, los sufridos 
bachilleres tendrán que examinarse de materias que dieron el curso 
pasado, cuando sus profesores sabían aún menos sobre las dichosas 
pruebas.
Ante esta situación disparatada y la 
inaudita parálisis política del país, el gobierno extremeño ha de 
intervenir con urgencia y contundencia para proteger a sus ciudadanos. 
Tras el decreto de secundaria de julio pasado (gracias al cual se 
paliaron algunas de las barrabasadas educativas de la LOMCE), ahora toca
 hacer lo imposible por condenar a la irrelevancia a estas reválidas con
 que el gobierno en funciones pretende seguir torturando y ninguneando a
 la comunidad educativa, y chantajeando, de paso, al país entero. Una 
tarea esta en la que, por demás, no debería haber la más mínima 
discordancia entre las fuerzas políticas a la izquierda del PP. 
Esperemos que así sea.
 
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