268 misioneras de Lumen Dei demandaron al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y al obispo de Cuenca, José María Yanguas
Sanz "maniobró", según la denuncia, para hacerse con las cuentas y los poderes de esta asociación y vender sus inmuebles
El juez desestima la petición de los prelados, que consideraban que la justicia española no era competente sino la vaticana
Jesús Bastante 23/04/2017 http://www.eldiario.es/sociedad/espanoles-banquillo-denunciados-fraudulenta-edificios_0_635537007.html
Sanz "maniobró", según la denuncia, para hacerse con las cuentas y los poderes de esta asociación y vender sus inmuebles
El juez desestima la petición de los prelados, que consideraban que la justicia española no era competente sino la vaticana
El 29 de mayo, dos obispos españoles
se sentarán en el banquillo de los acusados. El arzobispo de Oviedo,
Jesús Sanz (considerado como uno de los prelados más ultraconservadores
de nuestro país) y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, tendrán que
responder a la denuncia de 268 misioneras de la Asociación Privada Lumen
Dei. Les acusan de haber usurpado la titularidad de su asociación para
vender los bienes de la misma por 12,7 millones de euros.
La vista, de medidas cautelares, servirá para que el juez decida si
dejar sin efecto los poderes que Sanz se atribuyó ante notario, en 2009,
para liderar dicha asociación, lo que le permitió la venta de varios
edificios, y el desahucio (finalmente paralizado) de varias de estas
religiosas de dos pisos en Barcelona.
El Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid ha
desestimado esta semana la petición de los dos prelados para que fuera
un tribunal eclesiástico del Vaticano, y no la jurisdicción civil
española, la que resolviera esta demanda.
Así, Sanz y
Yanguas consideraban que, en virtud del Concordato, este asunto no
compete a la jurisdicción civil española, sino al Tribunal Eclesiástico
de la Signatura Apostólica del Vaticano. Sin embargo, los tribunales
españoles se han declarado competentes para juzgar la demanda.
Así, el magistrado sostiene que una demanda de protección del derecho
fundamental de asociación, recogido en la Constitución, interpuesta por
un ciudadano español –buena parte de las misioneras lo son–, contra una
asociación inscrita y domiciliada en España, por hechos acaecidos en
nuestro país, es competencia de la jurisdicción civil española.
"No es posible estimar una declinatoria de jurisdicción para privar del
conocimiento de un asunto a la jurisdicción civil y atribuírsela la
jurisdicción eclesiástica porque esta no es una jurisdicción estatal
reconocida en nuestra Constitución", precisa el fallo.
Las denunciantes defienden que Lumen Dei se divide en tres
organizaciones independientes aunque las tres utilicen las palabras
"Lumen Dei". La primera es la Asociación Privada Lumen Dei, aprobada en
Valencia en 1975 y que es la que dispone de todo el patrimonio
supuestamente sustraído por Sanz. En segundo lugar, la Asociación Unión
Sacerdotal Lumen Dei erigida en Cuenca en 1986. Y finalmente, la Unión
Lumen Dei constituida en Cuenca en 1986, y que es la única que depende
del Vaticano.
Según las misioneras, la Santa Sede
nombró a Jesús Sanz comisario pontificio de la Unión Lumen Dei, aunque
éste “maniobró”, con la ayuda del obispo de Cuenca para proclamarse
también el líder de la asociación. Sanz, por su parte, defiende que las
tres asociaciones son una misma y única Lumen Dei, y como tal él es el
responsable de todas ellas.
Sin embargo, las
misioneras recuerdan que Sanz no ha sido votado ni elegido por los
asociados, como así establece el estatuto general de la institución, por
lo que no puede destituir a los cargos que sí fueron elegidos
previamente ni gestionar un patrimonio sobre el que no tiene potestad
alguna.
Ventas "absolutamente fraudulentas"
¿De qué patrimonio estamos hablando? Según los afectados, Jesús Sanz ha
procedido a varias ventas "absolutamente fraudulentas" de los
siguientes inmuebles: el Colegio Saint Mary of Fatima de Pozuelo, cuya
venta ha supuesto unos 6 millones de euros; un inmueble en la calle
Maestro Ripoll de Madrid, por un montante de 3,5 millones de euros; y
otro en la calle Xuclá de Barcelona, por 3 millones de euros.
Además, "utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el
denunciado Sr. Sanz ha intervenido las cuentas bancarias de las que es
titular la Asociación Lumen Dei, apoderándose de cantidades superiores a
250.000 euros que había en las mismas y colocándose el propio demandado
como autorizado de las citadas cuentas bancarias", prosigue la
denuncia.
Los
denunciantes incluyen en la denuncia al obispo de Cuenca, la diócesis en
la que estaban inscritas ambas instituciones, por haber firmado ante un
notario que las tres asociaciones eran la misma y que, por tanto, Sanz
Montes también podía disponer, como comisario pontificio, del patrimonio
de todo lo relacionado con Lumen Dei.
En 2014, el
propio Sanz denunciaba el "itinerario confuso y convulsivo" que había
tomado la congregación Lumen Dei, con "formaciones rígidas e
insuficientes" de sus seminaristas. Ese mismo año, un 90% de los
miembros de Lumen Dei se dieron de baja, aunque continuaron trabajando
en colegios y obras de la asociación ahora dividida.
En septiembre del pasado año, Sanz decidió que la Unión Lumen Dei se
radicase en Oviedo, momento en que los críticos se han decidido a
formalizar la denuncia ante los tribunales. eldiario.es ha intentado
obtener la opinión sobre esta polémica del arzobispo de Oviedo, pero no
ha obtenido respuesta.
Ni miembro ni presidente
"El demandado –se lee en la denuncia– ni es miembro de la Asociación
Lumen Dei, ni ha sido elegido presidente general de la misma, ni ha sido
nombrado comisario pontificio de la misma, ni es reconocido por los
asociados como integrante de la asociación". Además de lo que ellos
entienden como sustracción ilegal de su patrimonio, los miembros de la
Asociación Lumen Dei afirman que ha dejado "las cuentas al descubierto",
ha utilizado "donaciones y subvenciones" a la asociación "para fines
distintos a los que estaban previstos" o "acarreado deudas con la
Seguridad Social por impago" de cuotas de autónomos o la Seguridad
Social de algunos de los empleados de la asociación.
Tanto es así, que varias misioneras seglares de Barcelona fueron
advertidas de desahucio en octubre pasado, puesto que vivían en el
edificio de la calle Xuclá que Sanz vendió, sin desalojar a las que se
consideran legítimas propietarias. Dicho piso fue comprado por la
inmobiliaria Barcelona Reale Estate Expertise, SL., que interpuso una
demanda de desahucio para reconvertir la casa en un hotel. Por el
momento, el proceso se ha paralizado.
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