Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal
de Cuentas, Defensor del Pueblo…, instituciones que sirven a funciones
básicas del Estado están sin renovar. ¿Por qué? Sencillo y a la vista de
todos está: el Partido Popular no acepta las normas democráticas, atenta
contra la Constitución y no tiene empacho en demostrar que sólo acepta
las "reglas del juego" cuando está en disposición de imponer, como
integrantes de las instituciones, a "sus" militantes (confesada o no esta
militancia) en proporción mayoritaria. Es decir: en realidad no acepta
las dichas "reglas del juego". ¿Por qué?
La respuesta se encuentra a la vista de todos: porque no les conciernen, en absoluto, los intereses generales, sino solo cuando estos coinciden con los de su propio partido (y con sus patrocinadores y beneficiarios); el fiel de la balanza lo constituyen sus propias utilidades. En ese momento, cuando se produce la citada coincidencia, la exaltación nacional se apodera de los militantes "del primer partido de la oposición". Sin embargo, es evidente que la patria, la empresa, España y los españoles, los ciudadanos de aquí y de allá… son solo excusas; y cuando cualquier integrante de éstas se aparta de la “línea oficial” del Partido, el cancerbero avisa: “queda apuntado” (Aznar). Se lo harán pagar.
Hay, pues, dos constituciones para el Partido Popular: la oficial y la "suya". Esta última es la única vinculante y se va componiendo y renovando constantemente a medida que se concretan los intereses del Partido. No importa la contradicción con la Constitución oficial (la que todos conocemos como "la Constitución", la de 1978), y tampoco, si es necesario, la comisión de lo que para el Código Penal común son hechos delictivos… si son "asimilables" (es decir, no delictivos) para la particular moral del partido. Es decir: prevaricación, financiación ilegal, malversación, blanqueo…, lo que podríamos denominar, agrupadamente, "corrupción". No, esto no importa; en realidad lo único relevante es satisfacer los objetivos partidistas, y si para ello hay que atacar la Constitución en sus mismos fundamentos… se hace.
Es verdad que los "independentistas" cometieron (en términos de Teoría del Estado) traición, pues sirviéndose (la mayoría de ellos) de su papel como representantes del Estado, se dirigieron contra este; y robaron, y mintieron y llevaron a los ciudadanos catalanes al borde de un enfrentamiento entre ellos. Pero esa traición no es mayor que la que los dirigentes del PP cometen permanentemente. ¿O acaso ellos no alentaron el anticatalanismo con sus recogidas de firmas en la primera década de este siglo XXI? ¿Alguien cree que esa forma de inducir al odio supone un comportamiento leal con el Estado? ¿No fueron ellos quienes trataron de utilizar los atentados del 11 de marzo para ganar unas elecciones imputándole la autoría a ETA? ¿No fueron ellos los que robaron hasta el último céntimo que les fue posible en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre ("la de los sapos"), José Luis González (el de las bolsas negras de basura en Cartagena de Indias), etc.? ¿Y en Valencia? ¿Y en Mallorca?
(...)
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