La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este martes, tras el Consejo de Ministros, que, por fin, se ha transpuesto la directiva europea sobre protección a los alertadores de corrupción, que llevaba pendiente de ser incorporada al marco jurídico español desde 2019.

La Directiva de Protección a los Denunciantes (UE) 2019/1937, también conocida como Directiva Whistleblowing, "nos va a hacer mejorar", ha dicho Llop que ha anunciado que esta nueva herramienta que pretende dotar de protección a quienes denuncien prácticas corruptas tanto en empresas públicas como en privadas no va a sustituir los mecanismos de denuncia ya existentes. "Siempre estará abierta la vía judicial", ha dicho la ministra y también se ha referido a otros mecanismos que ya existen, como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de cara a poder denunciar corrupción. 

Con esta nueva norma "cualquier ciudadano o funcionario público podrá informar sobre operaciones sospechosas y la Administración tendrá la obligación de brindarle una protección", ha manifestado Llop, que ha añadido:  "Así cumplimos con nuestro compromiso con Europa". 

La ministra de Justicia ha explicado que la transposición ha conllevado gran complejidad a la hora de adaptarla a la legislación nacional. "Es un texto de gran complejidad por lo que supone introducir nuevas figuras en nuestro entramado jurídico. Y también hemos incorporado a este proyecto de ley sugerencias de la sociedad civil", ha anunciado. 

Así, pues, el proyecto de ley crea una autoridad administrativa independiente que velará por el cumplimiento de esta directiva que aporta protección a los alertadores de corrupción. La ministra ha explicado que existirán dos canales: "el interno de cada una de las organizaciones y el externo que será la posibilidad de informar a la autoridad independiente. Se garantizará el respeto a la legislación específica en la materia, pero según el criterio de la persona sobre las posibles represalias que puede tener, podrá elegir uno de esos dos canales".

El mecanismo interno será obligatorio en empresas de más de 50 trabajadores, sindicatos, los partidos políticos y fundaciones que reciban fondos públicos. 

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