El ayuntamiento de Barcelona ha acogido este sábado la primera
reunión de la red municipal contra la criminalización de la protesta, a
la que se han sumado ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia,
Zaragoza, Oviedo o Alfaro
Arturo Puente - 7/05/2016 -
Protesta de 'No somos delito' y diputados frente al Congreso contra la 'ley mordaza'
Álvaro Gago (Podemos)
En España se ponen 30 multas diarias por "faltas de respeto" a la policía
desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza, un auge de la
criminalización de la protesta que preocupa a los movimientos sociales,
plataformas de derechos e instituciones. Para hacer frente a esta
situación, ciudades, entre las cuales Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Oviedo o Alfaro, se han unido en la Red de Ciudades
Libres de Mordazas con el objetivo de poner en común las ordenanzas que
trabajan en sus consistorios y de recoger con más eficacia las demandas
de los movimientos y plataformas sociales.
El área de
derechos de la ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, que dirige el
teniente de alcaldía Jaume Asens, ha acogido este sábado la primera
reunión de esta red municipal en un acto
conjunto con ayuntamientos, entidades y colectivos. En ella han
presentado uno de los frutos del trabajo realizado hasta ahora, por el
que más de 100 ayuntamientos de todo el Estado han aprobado desde
febrero mociones en rechazo y contra la aplicación de la norma. Pese a
que la seguridad es competencia estatal, consideran que "desde los
municipios es posible hacer un trabajo común para la redacción de
ordenanzas municipales y órdenes internas que garanticen el libre
ejercicio de las libertades civiles", según han explicado.
En el acto en el consistorio barcelonés han participado
representantes municipales y de colectivos como No Somos Delito, la PAH,
Iridia o Instituto Internacional por la Acción No Violenta, que han
expuesto la necesidad de que las administraciones locales respalden a la
lucha que los movimientos llevan a cabo en la calle contra la
aplicación de la ley. "Este es un movimiento incipiente", ha reconocido
Asens, "pero queremos que se convierta en uno más grande que pueda
frenar la criminalización de la protesta y el engranaje legal diseñado
para imponer el miedo".
Por parte de las entidades,
se ha puesto énfasis en la necesidad de que las instituciones cuenten
con ellas para cambiar la legislación represiva. "Creemos en una ley de
seguridad ciudadana, pero no en esta ley", ha asegurado David Bondia,
del Instituto de DDHH de Catalunya, que ha apostado por una nueva ley de
seguridad en la que participen los movimientos y enfocada a la
protección de los derechos. "No es solo la ley mordaza, es también las
cada vez más restrictivas reformas del derecho penal", ha recordado la
abogada del Centro Iridia, Anaïs Franquesa, quien ha considerado que el
principal punto a combatir el efecto desmovilizador de la legislación
contra la protesta.
La PAH Barcelona ha considerado
que la ley Mordaza es una ley hecha para acallar a quienes protestan.
"Al PP le damos miedo las que luchamos para cambiar la cosas, las que
les señalamos como responsables antes la ciudadanía. Por eso han
hecho una ley contra nosotras, pero no saben que hace tiempo perdimos el
miedo", han asegurado.
Capitulo aparte ha tenido los
efectos de la Ley Mordaza en el trabajo periodístico. João França,
coordinador de Catalunya Plural, ha recordado que "el periodismo, cuando
hace su trabajo, es una herramienta básica para defender los derechos" y
ha puesto el acento sobra las multas que han recibido periodistas por
informar, como la denuncia interpuesta contra un periodista de Argia por publicar la fotografía de
una actuación policial. Felipe Daza, de la plataforma Defender a Quien
Defiende, ha explicado que han llevado ante el tribunal de Estrasburgo
las denuncias de Ahotsa y La Directa, y ha puesto en valor la
coordinación entre administraciones locales mediante mecanismos
concretos, que puedan sistematizar el trabajo contra la ley.
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