Bego Garcia Martin 15/9/21
Alfredo Pérez Rubalcaba supo ver durante el gobierno de Zapatero que los controladores aéreos tenían una imagen pésima entre los ciudadanos y la explotó para presentarse como el salvador de la ciudadanía. Una huelga que consiguió vender como la de unos privilegiados que impiden el descanso de los ciudadanos por mejorar su ya de por sí sustancioso salario le permitió decretar un estado de alarma ad hoc para disolver un derecho constitucional de un colectivo entre el aplauso generalizado de la ciudadanía y el silencio de la oposición. Funcionó porque construyó un villano, y nadie defiende al malo.
Las eléctricas asociadas en el Foro Nuclear han amenazado a la ciudadanía y al Estado con parar la producción de energía en las centrales nucleares por las medidas del gobierno para rebajar el precio que los consumidores pagan en la factura. Una amenaza más propia de la Ndranguetta o de un país hostil que atenta contra la producción y la estabilidad política, económica y social de un país. Con los terroristas no se negocia, con quien aprovechándose de una posición de poder que otorga un oligopolio pretende chantajear el libre ejercicio de la soberanía nacional a través de un gobierno legítimo, tampoco. Primero expropiar, después iniciar procesos judiciales contra todo aquel que se crea que puede poner en riesgo el país.
Pedro Sánchez es un socioliberal. Intervenir el mercado no entra dentro de sus planteamientos económicos, pero antes que eso es ambicioso. Si hay alguien en la política española capaz de poner todo patas arriba si cree que eso le beneficia electoralmente es el presidente del gobierno. Entrar en una guerra frontal con las eléctricas desde el ejecutivo después de la amenaza del sector y, teniendo el bazooka de los fondos europeos, le puede granjear a este gobierno unas cotas de popularidad nunca vistas. Las eléctricas van de farol cuando los miles de millones de Europa se reparten a discreción desde Moncloa, y eso tiene que saberlo el gobierno. Porque además si se acobarda puede perder las elecciones. Está ante una encrucijada que determinará el futuro de la coalición.
No hay sector más odiado por el común de la ciudadanía que el eléctrico, hasta el más furibundo de los votantes de VOX aplaudiría de manera interna, para dentro, que el gobierno se plantara y fuera inmisericorde con quien lleva décadas sangrando a la clase trabajadora, a los pequeños empresarios y a los autónomos. Si hay algo transversal es el odio a las eléctricas, solo equiparable al que se tiene a las compañías de telefonía. Porque no hay una sola persona que no haya sido engañada o expoliada por estas grandes empresas. El gobierno tiene un villano perfecto con el que plantear batalla. Mejor que los controladores aéreos.
El artículo 128 está en la Constitución, aunque lleva cuarenta años como un arreglo floral. Un enunciado ambicioso que otorgó a nuestra carta magna la posibilidad de transformar una economía de mercado en socialista pero que el realismo capitalista, adorado sea Fisher, ha dejado en papel mojado. Nunca es tarde para que se tire del texto que permite subordinar toda la riqueza del país al interés general, y este es el momento adecuado para expropiar cualquier bien en beneficio del Estado y de los ciudadanos. Será acogido con jolgorio por la ciudadanía y, además, los que osen posicionarse contra los más odiados se verán arrastrados al fango con las compañías. En una guerra en la opinión pública entre las eléctricas y quien se planta ante sus abusos la victoria será por aplastamiento a favor del héroe que consiga poner coto a los desmanes de un sector que ha hecho pasar frío al pueblo. Si se atreve, ganará. Exprópiese, presidente.
ANTONIO MAESTRE
Soy periodista y documentalista. Criado y concienciado en Fuenlabrada en una familia sin capital, ni social, ni cultural. En la actualidad escribo para La Marea y Jacobin Magazine. He colaborado en eldiario.es o Le Monde Diplomatique. Además, participo como analista en programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde o la Sexta Noche.
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