Llevan décadas anunciando el inminente colapso del sistema público de pensiones. Aunque hasta ahora los únicos sistemas de pensiones en bancarrota son los que fueron privatizados, como el de Chile. También los fondos de pensiones británicos, basados en productos financieros, se han visto al borde del precipicio tras la disparatada apuesta neoliberal de la primera ministra Liz Truss. Dado que en España el sistema mantiene su fortaleza, el último intento de la derecha populista pretende crear la sensación de que existe una brecha generacional entre mayores y jóvenes. Pinchan en hueso, porque los pensionistas cuentan con sobrada experiencia profesional y vital para movilizarse contra cualquier intento de sabotear el sistema. Las derechas deberían aprender y corregir el rumbo de su acción política.
Manifestación de pensionistas en Madrid el 15 de octubre de 2022
(...)
Manifestación de pensionistas en Madrid el 15 de octubre de 2022
Las derechas, esa trinidad integrada por la gran patronal CEOE, los partidos políticos (PP, Vox, Ciudadanos) y sus voceros mediáticos, compitieron entre sí en su reacción negativa al anuncio del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, de actualizar las pensiones de jubilación conforme al índice de precios al consumo. Lo que supondrá un incremento estimado en torno al 8,5%.
En ese afán enfermizo de criticar a Sánchez con el menor pretexto, esta diestra trinidad obvia un dato significativo: con tal subida, el Gobierno no hace otra cosa que cumplir la ley. En concreto, lo dispuesto en la 'Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones'.(*)
Dicha Ley fija un marco estable de revalorización de las pensiones, disponiendo que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.
Las leyes están para cumplirse (aunque algunos jueces parecen pensar lo contrario cuando ellos mismos se ven concernidos por la fuerza de la ley). La derecha cañera y cañí debería ilustrarse un poco leyendo al jurisconsulto Cicerón: "Somos libres porque somos esclavos de la Ley" (Legum servi sumus ut liberi esse possimus) con un criterio mucho más elevado que el de estas derechas de Hispania siempre proclives a saltarse la ley.
No obstante, para adentrarse en el terreno de las pensiones hace falta una prudencia que las derechas actuales han olvidado en aras de esa oposición basada en el populismo de baja estofa que llevan practicando desde que Pedro Sánchez consiguió, con toda legitimidad, formar un Gobierno de coalición que ha debido enfrentarse a situaciones tan dramáticas como la pandemia del Covid19.
Mucha prudencia, decimos, para hablar de pensiones porque los cerca de diez millones de perceptores de pensiones públicas de jubilación constituyen un formidable agregado de población con un interés común y muy definido. Es un colectivo que a estos efectos podría denominarse 'interclasista', integrado por personas que votan tanto a la izquierda como a la derecha, pero unidos por una misma preocupación: para la inmensa mayoría, su supervivencia en el día a día depende de la paga mensual de su pensión de jubilación.(**)
(...)
De entrada, habría que cuestionar el hecho de que una sociedad compuesta mayoritariamente por gente asalariada haya aceptado extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —por ejemplo en carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría de la población.
Sin embargo, por otra convención no menos extraña, se ha establecido que las pensiones públicas son sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Un perverso convencionalismo en virtud del cual son los asalariados quienes sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos (...)
(...)
El principal motivo por el que existe este gran contingente de pensiones tan modestas hay que buscarlo en las políticas de austeridad adoptadas por los gobiernos de la derecha a raíz de la Gran Recesión económica desatada en 2008 derivada de la irresponsabilidad de los gestores que fomentaron la especulación bancaria e inmobiliaria. Ante la evidente bancarrota de estas empresas, los gobiernos dedicaron ingentes inyecciones de fondos públicos para salvarlas.
La cara oscura de tales políticas fue que enviaron al paro a millares de trabajadores de mediana edad que ya no pudieron encontrar empleo y, por tanto, tampoco les resultó factible completar sus carreras de cotización. Con la consiguiente merma de la cuantía de su paga final de jubilación (...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario