Gabriel Trejo, ex inspector jefe de la Policía Local de Algete, fue inhabilitado en 2014 por dos delitos de detención ilegal. Afirma que el proceso contra él derivó de su investigación de un caso de torturas en el municipio por parte de agentes de la Guardia Civil.
—Bien, estaba bastante receptivo. Ha estado viendo la documentación y el recorrido de ocho años de lucha que llevo. Dice que va a tomar nota del asunto, y parece un hombre sincero.
Gabriel Trejo, ex inspector jefe de la Policía Local de Algete, en el noroeste madrileño, nos recibe en las puertas del Congreso, donde ha acudido para reunirse con el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Roberto Uriarte. El tema de la reunión: la petición de indulto que anule la condena a inhabilitación que desde 2014 le ha apartado del cuerpo policial. Desde entonces, con 60 años, vive de su mujer y de algunas formaciones que continúa dando a agentes de policía en derechos humanos y buenas prácticas policiales, su especialidad.
Trejo fue condenado en 2014 por dos delitos de detención ilegal, a pesar de que los dos jóvenes a los que detuvo no presentaron denuncia y hasta agradecieron su actuación. El proceso judicial que llevó a su condena estuvo motivado, según explica, por haber investigado un caso de malos tratos y torturas por parte de agentes de la Guardia Civil. Todo pasó en 2009, poco después de que le otorgaran el premio nacional del Observatorio de Violencia de Género. Ese año, el Juzgado de Instrucción número 1 le ordenó investigar un supuesto caso de torturas cometidas por agentes de la Guardia Civil en Algete.
23 de noviembre de 2009, 2 am. Según explicó ante la Policía Local de Algete, N.B., de origen marroquí y trabajador de Metro de Madrid, viajaba en su vehículo con su mujer y dos hijos después de haber bebido en un bar del municipio. Detuvo su coche para defecar junto a la zona de seguridad del cuartel de la Guardia Civil en la localidad, y uno de los agentes le pidió que entrara en el cuartel para que se le realizara una prueba de alcoholemia. Su familia continuaba dentro del coche, con -3 grados en la calle, y N.B. pidió a los agentes de la Guardia Civil que llamaran a un taxi que les llevara a su domicilio. Y ahí comenzaron las agresiones.
En febrero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz ordenó a Gabriel Trejo que investigara las torturas que N.B. denunció haber sufrido esa noche. “Presentaba un parte de lesiones con indicios evidentes de haber sido torturado, el parte de lesiones y el relato fáctico de la víctima daban indicios para pensar que había habido una mala praxis policial y, de hecho, la propia juez de Torrejón de Ardoz es la que manda la investigación”, explica Trejo. El 2 de febrero de 2010 tomó declaración a N.B., recabó el parte de lesiones, al que ha tenido acceso El Salto y que subraya los hematomas que N.B. presentaba en la cara, e intentó tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil implicados, pero no pudo hacerlo. Ese mismo mes, la titular del juzgado decidió retirarle de la investigación, de la que no se ha vuelto a saber nada.
“Las generalizaciones son malas; no, los 60.000 guardias civiles que hay no son torturadores, pero se dan casos y un Estado de derecho no puede permitirse que se den estos casos”, alerta Trejo. “A la víctima nadie le ha dado una explicación de por qué le patearon la cabeza; si ha bebido, se le detiene, se le leen sus derechos, se le mete en el calabozo y cuando se le pasa la moña se le lleva al juzgado y el juzgado le quita el carné tres meses. Ni esta víctima ni yo tenemos por qué tener este trato, y así han llegado siete condenas de Europa por no investigar las torturas”, continúa.
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