Alfonso Hermida 10/05/2023
Periodistas de la televisión pública de Galicia llevan diez años denunciando censuras, manipulaciones, injerencias políticas y vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión
Nadie llora por nosotras | ctxt.es
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Nadie llora por nosotras. O casi nadie. En 2013, el personal de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), los medios públicos gallegos, no aguantaba más. En una asamblea dominada por la indignación ante el tratamiento informativo de los casos de corrupción política de aquel momento, se decidió que la solución pasaba por denunciar desde dentro la situación de forma constante. Se quería transmitir a la sociedad que no estaba todo perdido, que en la CRTVG hay profesionales comprometidas dispuestas a denunciar que las reglas del juego no se cumplen. Han transcurrido diez años en los que hemos visto pasar desde un blog de denuncia (Eunonmanipulo, que llegó a publicar en dos años más de 800 ejemplos de manipulación informativa en la Televisión de Galicia y en la Radio Galega), paros de dos horas, jornadas de huelga (en mayo habrá otras dos) y manifestaciones, incluidas concentraciones de protesta ante el Parlamento de Galicia y ante el Senado. También la constitución del colectivo Defende A Galega y sus casi 258 venres negros. ¡258! concentraciones de personal con camisetas negras, que han exhibido como muestra de solidaridad cientos de personajes públicos.
La maldita sensación es que estamos peor que nunca y que nadie, o casi nadie, llora por nosotras, porque han conseguido domeñar el sistema de medios hasta quitarle trascendencia y repercusión a la disidencia, a las “alborotadoras”, a las trabajadoras que protestan cada viernes desde hace cinco años de forma ininterrumpida y a las que la dirección les niega representatividad. “Si ocurriese en TV3, apareceríamos en las principales cabeceras de Galicia”, se escucha por los pasillos de los medios públicos. Nadie llora por la CRTVG.
La situación es delirante. Censura, autocensura, prácticas sistemáticas de manipulación, vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión (tal y como reconoció en una sentencia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), injerencias políticas y desmantelamiento de recursos. Siguen sin reabrirse las delegaciones de Pontevedra y Ferrol, cerradas hace 13 años, y las que se mantienen se están vaciando de contenidos. Hay más: trato degradante e irrespetuoso hacia trabajadoras de larga y reconocida trayectoria y humillación personal y laboral. ¡Castigos a las levantiscas! “Prefieren gente dócil y sin criterio”, dijo la periodista Mayte Cabezas, una de las últimas trabajadoras represaliadas, en una celebrada entrevista antes de la jornada de protesta ante el edificio del Senado.
Las profesionales son las primeras víctimas de la precarización. La diputada socialista Noa Díaz denunció que “la situación de precariedad laboral en la CRTVG es endémica. Necesita de una solución inmediata porque hay problemas estructurales serios que afectan a la calidad del servicio”.
La junta de gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia lleva tiempo difundiendo –la última vez en marzo– las numerosas quejas y solicitudes de amparo recibidas por culpa de los traslados forzosos del personal entre los diferentes puestos de la Corporación. Una semana antes la dirección había anunciado limitaciones para la celebración de asambleas en las instalaciones de la CRTVG.
Pese a las precarias condiciones de trabajo y a la degradación de los derechos laborales básicos (la CRTVG acumula más de 400 sentencias por uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal y cesión ilegal de trabajadoras), la víctima principal es la confianza ciudadana en sus medios de comunicación. No hay share que aguante esta deriva, por mucho que el presidente Rueda, y antes el presidente Feijóo, amparen y justifiquen la práctica diaria de la manipulación con los porcentajes de audiencia, que lo que certifican más bien es la profesionalidad, pese a todo, de la gente de la CRTVG. La portavoz del comité intercentros, Raquel Lema, asegura que “no es una cuestión estrictamente laboral, como defiende la dirección de la Corporación, sino que afecta al conjunto de la población y a su derecho a la información” (...)
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