Las regiones con población indígena concentran el 80% de las muertes por la represión, mientras que representan solo el 13% de la población total del país.
La violenta represión del Gobierno de Dina Boluarte contra las masivas protestas que piden su renuncia sigue sumando condenas. Este jueves, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe en el que denuncia que en Perú se vienen produciendo "graves violaciones a los derechos humanos", con "ataques generalizados contra la población" y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales. Califica estos hechos como "crímenes contra el derecho internacional".
La organización señala que el uso "abusivo y desproporcionado" de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas andinas. Amnistía llama al Gobierno peruano a detener el uso de armas letales en la represión, aunque en reuniones con la presidenta y ministros no recibió garantías de que eso vaya a ocurrir.
Erika Guevara, directora para América Latina de AI, señaló que en la reunión con la presidenta, ésta negó haber ordenado el uso de armas letales contra las protestas sociales. Pero la realidad no deja dudas del uso reiterado de estas armas –hay casi medio centenar de víctimas por disparos de fusil–, y del respaldo del Gobierno a las fuerzas de seguridad con las declaraciones de sus más altos representantes –incluyendo a la presidenta– justificando y defendiendo las acciones policiales y militares (....)
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