Viñeta solidaria publicada por Forges en apoyo de sus compañeros de El Papus
El conserje ha amortiguado con su cuerpo el estallido de entre dos y cuatro kilogramos de T4, un potente explosivo utilizado habitualmente por el ejército, salvando así la vida de una veintena de personas reunidas a escasa distancia. La bomba ha destrozado además gran parte del edificio y ha despedido por la ventana a la telefonista, Rosa Lores, de la que se llega a decir que ha muerto.
En 1977 todavía no atentan los yihadistas en las ciudades españolas. Ese año comparten protagonismo con ETA los integristas católicos de extrema derecha que, bajo diferentes siglas, perpetran atentados y agresiones sin solución de continuidad. Cuando todavía resuenan los ecos de la matanza de Atocha, la bomba contra la revista satírica supone una vuelta de tuerca: ahora son los humoristas gráficos quienes se encuentran en el punto de mira.
Triple A, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey… grupos fascistas que actúan impunemente, por inhibición -cuando no bajo la tutela- de los aparatos represivos del Estado. Será el primero de ellos, la Alianza Apostólica Anticomunista, quien se atribuya el atentado por medio de una serie de llamadas telefónicas a La Vanguardia, Mundo Diario y Diario de Barcelona, afirmando que “ya se había avisado al director de las consecuencias si la revista seguía con la misma dinámica”.
Y según recuerda Alfredo Grimaldos en La sombra de Franco en la Transición, Alberto Royuela, destacado pistolero de la guardia del dictador, se había presentado un año antes en la redacción para amenazar a los dibujantes por el tratamiento dado a la primera celebración del 20-N. “La situación del país es propia para el crecimiento de hongos y lo mejor que se puede hacer es dejar que crezcan de tamaño, porque así serán más visibles y fáciles de cortar”, había amenazado, llevándose la mano a la sobaquera.
Una huelga sin precedentes
No es la primera vez que un medio se ve atacado por bandas fascistas. De hecho, en los últimos tiempos se ha repetido el lanzamiento de artefactos explosivos contra las sedes de Diario de Barcelona, Ideal, Radio España, El Ideal Gallego, Torneo, Berriak, La Voz de España y Diario 16. Laura Ibarra, telefonista de este último diario, recuerda que “las amenazas eran constantes y existía un clima de verdadera preocupación porque cualquier día ocurriera una desgracia”. Y la desgracia ocurre. El atentado causa una auténtica conmoción en la sociedad, especialmente entre los profesionales de la información, que se lanzan a la calle.
En la capital catalana, la reacción es inmediata. En una reunión de urgencia el mismo día del atentado, CCOO, UGT, USO, CNT y el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Barcelona convocan un paro de 24 horas para todo el sector, que se hará efectivo de miércoles a jueves. La huelga tiene una incidencia total y al día siguiente sólo se podrá conseguir Prensa en Lucha, periódico redactado por el comité de huelga y en cuya portada, bajo el titular “No nos callarán”, se presenta un comunicado conjunto de las centrales sindicales afirmando que “hoy hacemos callar a los periódicos para que mañana puedan seguir hablando sin terror”. Los beneficios de su venta irán destinados a la familia de Juan Peñalver.
Ese mismo día, cerca de 3.000 trabajadores de la prensa marchan en Madrid en una manifestación no exenta de tensión: en la cabecera, y bajo una pancarta de las organizaciones sindicales que grita “Basta ya de atentados”, se encuentran varios políticos que, a mitad del recorrido, son desalojados por operarios de los talleres de ABC. “Había mucha rabia contenida y entendimos que quienes debíamos estar en cabecera éramos los trabajadores y no aquellos que iban a hacerse la foto”, recuerda Rafael Alcalde, en la época trabajador del departamento de encuadernación de Blanco y Negro.
Al término de la manifestación frente a la antigua Casa Sindical franquista, se realiza una asamblea que decide, a mano alzada, el paro en todo el sector de la información madrileña, propuesta que venía respaldada por asambleas previas en redacciones y talleres y la experiencia de la huelga en Barcelona. En contraste con la iniciativa sindical y la decisión de las asambleas, los directivos de los diarios, reunidos en la Asociación de la Prensa de Madrid y con la presencia del gobernador civil, presionan para que no salga adelante tildando la iniciativa “de política”.
El paro en Madrid será prácticamente unánime: Diario 16, Arriba, Marca, Pyresa, EL PAÍS, Pueblo, Informaciones, ABC, Ya… lo secundan, sólo el ultraderechista El Alcázar se posicionará en contra. También paran las agencias y numerosos talleres de artes gráficas. En RTVE, periodistas y técnicos se unen en asamblea y la duración del Telediario se reduce a sólo quince minutos, diez de ellos dedicados a la huelga. La única publicación que podrá adquirirse al día siguiente -repartida en mano, ya que la Agrupación de Vendedores de Prensa había decidido no abrir los kioscos- será nuevamente Prensa en Lucha.
Con la huelga, los trabajadores muestran su firme decisión de defender la libertad de expresión y de opinión, y en un hecho sin precedentes, paran todo el sector pidiendo el cese de los atentados, la detención de los culpables y la dimisión del ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa. En las asambleas se pide también el acceso de los trabajadores y sus abogados a las investigaciones, y desde el Grupo Mundo solicitan a cada una de las empresas del ramo que liberen a un redactor y a un fotógrafo para formar con todos ellos una comisión investigadora de las actividades de la ultraderecha: “Si no investiga con eficacia la Policía, ya lo haremos nosotros, los trabajadores”.
Un atentado impune
La comisión que proponen los trabajadores no se hará realidad; por contra, la investigación policial y el juicio posterior estarán plagados de negligencias e irregularidades.
Según explica Federico Pérez Galdós en su pormenorizada investigación, “Extrema Derecha S.A.”, el coordinador del atentado es Miguel Gómez Benet, alias “El Padrino”. Él es quien recibe la orden, “de muy arriba en el Movimiento”, y quien decide que un comando dirigido por el ultra Juan José Bosch Tapies se haga cargo de la operación. En la reunión preparatoria del atentado participan también Juan Carlos Pinilla, Ángel Blanco Férriz, Isidro Carmona Díaz Crespo y, según el sumario judicial, dos ultras italianos conocidos como ”Mario” y “Giusseppe”.
Tras el atentado, Alberto Royuela desaparece de escena y salen a relucir sus contactos con el coronel de Estado Mayor Luis Marín de Pozuelo, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército en Barcelona. También quedan en evidencia las relaciones de Gómez Benet con el gobernador civil, Aparicio Calvo-Rubio, y con el antiguo consejero nacional del Movimiento Joaquín Gías Jové, con quien Gómez Benet y los suyos han practicado numerosas veces el tiro al blanco en la finca leridana “Castell de Beme”. En estas prácticas han participado jóvenes fascistas de varios países.
Trece ultras catalanes son detenidos en relación con el atentado: José Manuel Macías González, Isidro Carmona Díaz Crespo, Miguel Gomez Benet, Juan José Bosch Tapies, Juan Carlos y Javier Pinilla Ibáñez, Francisco Moreno Fernández, Francisco Abadal Esponera, Angel Blanco Férriz, José María Rico Cross, José López Rodríguez, Joaquín Agustín Borrás y Gil Casaoliva Careta, pero pronto saldrán en libertad condicional por decreto del magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sr. Bermúdez.
En un proceso paralelo, Bosch Tapies, Juan Carlos Pinilla, López Rodríguez y Abadal Esponera resultan condenados, pero sólo “por tenencia de explosivos”. Los jueces de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, Bienvenido Guevara Suárez, Luis Fernando Martínez Ruiz y Juan García-Murga Vázquez manifiestan que “lo único reprochable a los acusados es haberse extralimitado en la defensa de su ideología, al llegar a confeccionar explosivos para utilizarlos contra personas de ideología marxista”. La sentencia los condena a sólo seis meses de prisión, de los cuales no cumplen ni uno.
En vista del cariz que ha tomado el proceso judicial, Hamaika S.A., la empresa editora de la revista, presenta una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, Alfredo Vázquez Rivera, y contra otros tres antiguos magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional por “fraude procesal”, consiguiendo reabrir la causa.
En 1984 son finalmente condenados a prisión: Juan José Bosch Tapies, a 13 años por terrorismo y tenencia de armas; Ángel Blanco Férriz, a tres años de prisión menor por tenencia de armas; José López Rodríguez, a dos años por tenencia de armas; Gil Casaoliva Careta, a un año por colaboración con grupos paramilitares; Juan Carlos Pinilla Ibáñez, a seis meses y un día por tenencia, fabricación o transporte de armas, y Francisco Abadal Esponera, a seis meses de arresto mayor por tenencia de armas. Juan Bosch Tapies comienza a disfrutar de libertad condicional desde noviembre de 1986. Pese a varios recursos en contra, se la concede Donato Andrés Sanz, el mismo juez ultraderechista que permite a Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, huir tras un permiso.
En un último chiste macabro, en 1985 el Tribunal Supremo considera improcedente una indemnización al semanario, ya que las indemnizaciones por acto terrorista se conceden a personas físicas y no a personas jurídicas, además de dejar claro que la culpa la tuvo la revista por no haber tomado las precauciones necesarias.
40 años después de aquel 20 de septiembre, ya no existe El Papus, (cerró al no poder hacer frente a la sangría de juicios y la retirada del apoyo del grupo Godó), ninguno de los responsables fue condenado por el atentado o la muerte de Juan Peñalver y entre los trabajadores de la prensa hace tiempo que la unidad sindical y la conciencia colectiva dejaron paso a un individualista “sálvese quien pueda”.
................................................
OTRA COSA: Denuncian que seis empresas controlan el mercado de semillas: Una reforma agraria al revés
No hay comentarios:
Publicar un comentario