La sequía ha dejado así el río Amazonas a su paso por Manaus.
A principios de junio el
Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto con medidas urgentes para
paliar la sequía provocada por el bajo nivel de agua disponible. El
descenso de lluvias durante la temporada primaveral se ha situado un 23%
por debajo de la media, siendo especialmente seco el mes de abril con
una caída del 60%. Esto nos sitúa ante la primavera más seca desde 1965,
según la Agencia Estatal de Meteorología. Las medidas contempladas en
el decreto implantan la sequía en tres cuencas hidrográficas –Júcar,
Segura y Duero-, así como la moratoria en el pago de las cotizaciones a
la Seguridad Social, la condonación del canon y la tarifa
correspondientes al año 2017 o créditos presupuestarios para paliar el
descenso de ingresos en las confederaciones hidrográficas. Junto a las
disposiciones dirigidas a agricultores y ganaderos, el Real Decreto
establece el aumento del canon a las eléctricas por producción de
energía hidráulica; y permite la compraventa de derechos del agua
eliminando las restricciones impuestas hasta la fecha.
En circunstancias normales la declaración de sequía
vendría acompañada de una restricción en consumo del agua por parte de
los grandes acaparadores de este recurso, amén de echar mano de las
reservas acumuladas en los embalses a lo largo del año. No sucede así en
España. A pesar de contar con el mayor número de embalses por
superficie y población del mundo –en términos generales, España ocupa el
quinto lugar por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón-, el nivel de reserva hídrica se encuentra 16 puntos por debajo del volumen de agua acumulada por estas fechas el año pasado.
“De cada diez litros de agua que se van para el regadío sólo vuelve uno al río”
Tanto
organizaciones ecologistas como la oposición política señalan la
absoluta preponderancia del regadío (con la connivencia del Ejecutivo y
las comunidades autónomas) como el principal causante de la ínfima
cantidad de agua embalsada. Según la última encuesta del INE (2015)
sobre el uso del agua por sectores, el regadío acapara el 84’3% del agua de España, mientras que el abastecimiento a la población y el consumo industrial ocupan el 15’7% restante.
Si tenemos en cuenta los retornos a través de las redes
de suministro, Ecologistas en Acción eleva la cifra de consumo de agua
del regadío al 90%: “De cada diez litros de agua que se van para el
regadío sólo vuelve uno al río, mientras que en el agua para el
abastecimiento humano vuelven ocho de cada diez. Tenemos que pensar que
los consumos por habitante se han reducido en las últimas décadas.
Madrid en 1991 consumió 600 hectómetros cúbicos, con cuatro millones y
medio de habitantes. Actualmente ha aumentado la población a seis
millones y medio y consume menos de 500. Ha caído el consumo más de un
30% por habitante y estamos viendo situaciones impensables hace veinte
años, como disputas por quién se queda las aguas residuales de Madrid
para usarlas en riego. Parece 'Mad Max', pero es la realidad”, subraya
el responsable de aguas de la organización Santiago Martín.
En su último informe sobre los efectos del cambio climático en nuestro país, Ecologistas en Acción alarmaba sobre la pérdida del 20% del agua disponible en los últimos veinticinco años.
Una de las principales causas reside en la sobreexplotación de los
acuíferos por parte de los regantes. Especialmente preocupante es la
situación de Doñana, en cuyo entorno se encuentran 3.000 hectáreas
ilegales de regadío que han reducido los humedales en un 80% y en más
del 90% el volumen de lagunas estacionales poco profundas. Estas cifras
publicadas por World Wide Foundation en su campaña Salva Doñana, se
suman al medio millón de pozos ilegales que la propia organización
calcula que existen en España. Según fuentes del Ministerio de
Agricultura consultadas por este diario, la cifra se elevaría a más de
un millón de pozos “aunque no se dan las cifras oficiales para no alarmar a la población”.
“Vivimos constantemente al día a día y derrochamos agua sin pensar en la próxima sequía”
Frente
a la política de embalses implantada con la dictadura de Primo de
Rivera -y continuada por la Segunda República, el franquismo y durante
la vuelta a la democracia-, ecologistas y catedráticos sostienen que la
mayor fuente de acumulación de volúmenes de agua para etapas de sequía
no son los grandes embalses, sino la preservación de los acuíferos. “Las
sequías se gestionan en tiempos de normalidad, que es lo que no hemos
estado haciendo. Hemos sobredimensionado las demandas y eso lleva a que
cuando no prevés la gestión del agua y hay una pequeña falta de lluvias
todo el sistema se viene abajo”, defiende Pedro Arrojo –creador de la
Fundación Nueva Cultura del Agua y diputado de Unidos Podemos en el
Congreso-. En la misma línea se expresa Santiago Martín de Ecologistas
en Acción: “Vivimos constantemente al día a día y derrochamos agua sin
pensar en la próxima sequía. Seguimos aumentando cada año hectáreas de
regadío para aumentar la exportación alimentaria, pero realmente estamos
exportando agua que es lo que nos hace falta”.
En términos de sobredimensionamiento de nuestros
recursos hídricos, el Partido Popular ha encontrado un gran nicho de
mercado desde su llegada al gobierno en la producción masiva de
agroalimentos, principalmente herbáceos (cereales, arroz), frutales y
hortalizas que son los que más agua consumen. La facturación de la
exportación del sector agroalimentario ascendió de 15.053 millones en
2009 a 48.300 en el último año. La propia ministra Tejerina cifraba a
principios de julio, en la Jornada sobre "Crecimiento empresarial y
competitividad", el aumento de las exportaciones del sector en un 51% desde 2011.
Fruto de esta meteórica carrera por salir de la crisis a través de la
producción agroalimentaria, el sector ha optado por que cultivos
históricamente de secano -como el olivo o la vid- pasen ahora a
producirse en regadío para aumentar su extensión y lograr mayores
beneficios.
Aunque los herbáceos siguen representando más de la
mitad del uso de agua del sector (55’2%), el olivar y el viñedo ya
ocupan el cuarto lugar de consumo de regadío. Ecologistas en Acción
aboga por una moratoria en la concesión de nuevas hectáreas de regadío
y, según sus cálculos, para lograr cierto reequilibrio hídrico habría
que reducir de los 4’1 millones de hectáreas actuales a -como máximo- 3’2.
Desde Unidos Podemos, Pedro Arrojo aboga por un redimensionamiento de
las explotaciones y las demandas similar a la reforma aprobada por el
Gobierno en materia pesquera.
La sequía, “una excusa para liberalizar los mercados de agua”
Una de las denuncias que se vienen acumulando con
cada declaración de sequía es el oportunismo para abrir a manos privadas
la compraventa de los derechos del agua. El camino iniciado con la Ley
de Aguas de 2001 abría la puerta a la liberalización de los mercados del
agua, pero limitando los intercambios a situaciones de sequía y desde
el sector agrícola al sector urbano a un precio fijado por el gobierno.
El segundo empujón al liberalismo hídrico vendría de
manos socialistas en 2007 eliminando las dos restricciones mencionadas.
Sería en la época de mayoría absoluta del PP cuando este, en unos de
sus habituales decretazos, eliminaría la necesidad de reconocer el
excedente de agua para realizar un trasvase de una cuenca hidrográfica a
otra. Con el presente Real Decreto, el Gobierno popular da el
espaldarazo definitivo y vuelve a levantar las restricciones para el
libre mercado del agua permitiendo la venta total de la concesión del
agua, vaya a ser utilizada en un futuro o no.
“Lo que están incentivando es que los pequeños
productores más débiles sean expulsados y obligados a vender su
concesión a grandes regantes y productores por un módico precio. De este
modo, están pasando a utilizar el agua como una mercancía que tiene el
valor de lo que indique tu concesión; lo que en el mundo ambientalista
llamamos “aguas de papel”, opina Pedro Arrojo.
El Gobierno incluye sólo tres cuencas en la declaración de sequía
Otro conflicto surgido del decreto ministerial tiene que ver con la decisión del Gobierno de haber limitado al Júcar, Segura y Duero la declaración de sequía, dejando fuera al resto de cuencas de las medidas contempladas. Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), ponen el acento en la temporada de invierno y primavera anómalamente seca y cálida que ha afectado a su comunidad, a Catalunya y Cantabria: “No entendemos por qué han dejado fuera la Ebro del decreto de sequía. Con los parámetros que usa el propio Ministerio resulta que el Ebro, desde Cantabria hasta Aragón y la margen derecha, tienen los mismos parámetros de falta de lluvias y agua disponible que las demás cuencas que han entrado en el Decreto”. “Lo que reclamamos es que entrará el Ebro de forma parcial porque en las zonas de los Pirineos no habido escasez de lluvia. De hecho, en los mapas que manejaba el Ministerio, aparecían en rojo las zonas de Cantabria y la margen derecha del Ebro”, añade el presidente de UAGA José Manuel Penella.
Otro conflicto surgido del decreto ministerial tiene que ver con la decisión del Gobierno de haber limitado al Júcar, Segura y Duero la declaración de sequía, dejando fuera al resto de cuencas de las medidas contempladas. Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), ponen el acento en la temporada de invierno y primavera anómalamente seca y cálida que ha afectado a su comunidad, a Catalunya y Cantabria: “No entendemos por qué han dejado fuera la Ebro del decreto de sequía. Con los parámetros que usa el propio Ministerio resulta que el Ebro, desde Cantabria hasta Aragón y la margen derecha, tienen los mismos parámetros de falta de lluvias y agua disponible que las demás cuencas que han entrado en el Decreto”. “Lo que reclamamos es que entrará el Ebro de forma parcial porque en las zonas de los Pirineos no habido escasez de lluvia. De hecho, en los mapas que manejaba el Ministerio, aparecían en rojo las zonas de Cantabria y la margen derecha del Ebro”, añade el presidente de UAGA José Manuel Penella.
Desde el partido Unidos Podemos, su portavoz en la
Comisión de Medio Ambiente va más allá y critica el uso equivocado que
el Gobierno realiza del concepto de sequía: “Si atendemos a las
estadísticas del ministerio resulta que el Júcar y el Segura han tenido
los niveles más altos de precipitaciones de los últimos treinta años.
Con lo cual el Duero es el único que ha tenido una sequía meteorológica
como tal. El Gobierno mezcla dos conceptos de escasez diferentes que no
dependen tanto de la meteorología, sino de la mala gestión realizada en
torno al agua. El déficit hídrico que arrastra el Segura es un buen
ejemplo de ello y están pagando las consecuencias del pésimo diseño del
trasvase Tajo-Segura. La Unión Europea ya nos ha dado un toque de
atención para que separemos los dos conceptos de escasez antes de
finales de año”.
“Dentro de medio año voy a tener que pagar el doble”
Ni
siquiera las medidas encaminadas a aliviar las perdidas y los gastos
derivados del temporal son acogidas con buenos ojos por los agricultores
y ganaderos. Anunciadas a bombo y platillo, tanto las medidas
contempladas en el Real Decreto como el adelanto del dinero por parte de
Bruselas de la Política Agraria Común (PAC) -anunciado hace un par de
semanas por la ministra Tejerina- no vienen a resolver la situación de
los trabajadores del campo, sostiene Nicolás Chica de la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA): “Que adelanten el dinero de la PAC no es
ninguna novedad, se lleva haciendo los dos últimos años. Establecer en
un decreto una reducción del coeficiente de módulos no es una medida
real. Si no hay actividad, no hay ingresos ni beneficios. Apliques el
coeficiente fiscal que sea al final será cero porque no habrá
beneficios. Como que afirmen que van a exonerar del pago de las cuotas
de la Seguridad Social durante seis meses. Mire usted, lo que está
estableciendo es un periodo de carencia y me está permitiendo que
retrase el pago, pero dentro de medio año voy a tener que pagar el
doble”.
Otra de las medidas fuertemente atacadas por los
agricultores y ganaderos ha sido la vinculación de las ayudas a la
existencia de un seguro agrario. Mientras el Ministerio de Agricultura
obliga a la contratación del agroseguro, detalla el presidente de UAGA,
el Ejecutivo no ha parado de recortar el presupuesto para este fin. En
los presupuestos para 2018 recientemente aprobados, el recorte en
seguros agrarios ha sido de diez puntos respecto al ejercicio anterior.
“La política del Gobierno está siendo cicatera. Por un lado, pide el
aseguramiento del sector y, por otro, está desincentivando a los
trabajadores con los recortes y la subida de los seguros a dejar de
contratar los mismos”, explica José Manuel Penella. Pedro Arrojo se
expresa en otros términos y achaca al Gobierno la falta de unos seguros
que abarquen al regadío, dado que en la actualidad los agroseguros sólo
cubren a las explotaciones de secano. “Las aseguradoras están dispuestas
a asegurar el clima adverso, pero no la insensatez humana derivada de
los sistemas de riego. Como ha pasado este año, que por culpa de una
mala gestión y un sobredimensionamiento de las demandas existan
problemas de escasez de agua cuando llueve menos”.
Un canon hidroeléctrico que incumple la Ley de Aguas
El Gobierno del Partido Popular sorprendía a
mediados de junio a las eléctricas con una subida del gravamen por
utilización de las aguas continentales para la producción de energía
eléctrica. El oligopolio eléctrico malacostumbrado al gozar del apoyo
gubernamental atacó con vehemencia la subida del 22 por ciento al 25’5%
del canon hidráulico. Unos 35 millones de aumento, según cifras del
diario Cinco Días y posteriormente ratificadas por el sector. La medida
anunciada por el escaso volumen de agua en los embalses permitirá al
Gobierno paliar el consiguiente descenso de ingresos proveniente de la
producción de energía hidráulica.
Como es habitual en cualquier subida decretada por
el Ministerio de Energía, las eléctricas no tardaron en afirmar que la
medida repercutirá en la factura de los consumidores. Además, consideran
injustificada la subida puesto que el gravamen se introdujo para
reducir el déficit de tarifa y, en estos momentos, ya existe superávit.
Este hecho no es cierto dado que, aunque el desequilibrio haya sido
menor del esperado hasta el mes de abril, el déficit de tarifa se situó
en 1.345 millones de euros.
De los 194 millones obtenidos sólo se destina a calidad de las aguas 64 millonesEsta
decisión, tal y como contempla la Ley de Aguas, tiene como leitmotiv el
mantenimiento del dominio público hidráulico; con la obligación de que
el dinero recaudado mediante el canon revierta en la mejora de los
cauces y la calidad de las aguas. Mediante pregunta parlamentaria, el
coportavoz de Equo Juan López de Uralde denunciaba que el dinero
obtenido por la producción de energía eléctrica no se está reinvirtiendo
en actuaciones hidrográficas. “Solamente un tercio de lo recaudado va a
la mejora de las aguas. De los 194 millones obtenidos sólo se destina a
calidad de las aguas 64 millones. No sabemos cuál es el destino de 134
millones y se está incumpliendo la ley porque no se destina el 98% de la
recaudación a la mejora del dominio público hidráulico como marca la
Ley de Aguas”, afirma el diputado de Equo.........................................................
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