El 25 de septiembre, en un acto de apoyo al referéndum catalán
en el Teatro Micalet de Valencia, un centenar de ultraderechistas de
España 2000 se concentró en la puerta para reventar el acto. La
concentración había sido permitida por la delegación del gobierno
español. Dos semanas antes, cuando Anna Gabriel estuvo en esta la
ciudad, la extrema derecha le lanzó amenazas de muerte.
El 7 de octubre, en una manifestación unionista en Palma, una mujer
que estaba en la parada de la Asociación Sobiranista de Mallorca (ASM)
fue herida y asaltada. Al día siguiente, en Barcelona, catorce
organizaciones de extrema derecha se sumaron a la manifestación de
Sociedad Civil Catalana, en el que se cometieron numerosas agresiones
racistas y ataques a periodistas.
Los hechos más graves tuvieron lugar durante la Diada del Nueve de
Octubre en Valencia: la ultraderecha intentó reventar la manifestación
valencianista (organizada legalmente) y agredió a varios
manifestantes. La policía española y la delegación del gobierno español
actuaron con pasividad.
A este desbocamiento de una extrema derecha marcada por el
anticatalanismo, hay que añadir la indefensión de cargos electos, como
los de Podemos, en Zaragoza, donde fue agredida la presidenta de las
Cortes de Aragón, y más agresiones de este verano, como las que tuvieron
lugar durante la marcha del Orgullo LGTBI en Murcia.
La protección y la impunidad de los ultras se mantienen desde hace
décadas, pero este último mes, debido al referéndum catalán, las
acciones se han multiplicado, y no ha habido ningún detenido. En España,
hay una extrema derecha que seguramente tiene mucho más poder y mucha
más presencia en el margen de la escasa representatividad electoral.
Diez magistrados de los dieciséis del Tribunal de Orden Público
(TOP), piezas clave de la represión del régimen, acabaron en el Tribunal
Supremo o la Audiencia Nacional española en democracia. En el caso de
la policía, tampoco hubo depuración ni en la sección más representativa
de la dictadura, la Brigada Politico-social, encargada de perseguir y
reprimir la oposición. El jefe de esta brigada, el comisario Roberto
Conesa, y una buena parte de la sección fueron reciclados en la guerra
sucia del estado español.
Por delante de las organizaciones armadas (principalmente ETA y el
GRAPO), el español toleró grupos de extrema derecha neofascista como la
Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), el Batallón Vasco Español,
el Grupo de Acción Valencianista o la Milicia Catalana . Dentro de los
grupos había politicos y militares que gozaban de la complicidad de los
aparatos del estado español y activan violentamente y con una gran
impunidad al margen de la ley. Posteriormente, un buen grueso de los
miembros se formó Parte del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación),
una agrupación parapolicial financiados, coordinados y entrenados por el
gobierno español y la administración, y que van a
terminar llamándose ‘terrorismo de estado ‘.
Una muestra del poso nostálgico es la manifestación del pasado enero,
en el que más de un millar de agentes de los sindicatos minoritarios de
los Mossos (SPC, CAT y USPAC), el sindicato mayoritario de la Guardia
Urbana de Barcelona (SAPOL), los sindicatos de la policía española
(SIPEOL) y la Guardia Civil (ASIGC) protestaron principalmente contra la
CUP por la persecución política, con voluntad de marcar la política, a
pesar del paso del tiempo. Grupos ultras y plataformas de legionarios
españoles también hicieron un llamado a participar, mostrando el vínculo
que aún existía.
La última llegada masiva de la policía española y la Guardia Civil ha
sacado a la luz una serie de estampas: actores cantando el himno con
letra de Pemán (del bando franquista), imágenes amenazantes, proclamas
claras para actuar contra la población y casos de catalanofobia .
Un neofranquismo que campa a sus anchas
En España, actualmente, encontramos asociaciones de extrema derecha, que
más que ilegalizadas, han sido favorecidas. La más conocida es la
Fundación Francisco Franco, que fue subvencionada y actualmente mantiene
documentos oficiales secretos (de la Jefatura del Estado y la
Presidencia hasta el 1973), pero encontramos muchas más, que se dedican a
difundir el legado de personajes franquistas o ‘la verdad histórica ‘
Son ejemplos la Fundación División Azul, la Fundación José Antonio Primo
de Rivera, Serrano Suñer, Fundación Yagüe o Queipo de Llano.
En fechas clave, son habituales decenas de actos de talante
franquista, principalmente misas, sobre todo durante el 20 de noviembre,
aniversario de la muerte de Franco, y también en la de Primo de Rivera.
La última vez, la delegada del Gobierno en Cataluña en ese momento,
Llanos de Luna, participó en un homenaje a la División Azul. Mientras
tanto, el gobierno español ha decidido llevar al Tribunal Constitucional
el reconocimiento del Parlamento de Navarra a las víctimas de la
extrema derecha y la policía que hubo durante la transición.
Hay que agregar asociaciones como la ultracatólica HazteOir, que
inexplicablemente fue subvencionada y ha sido declarada de utilidad
pública, lo que le permite la exención del IBI y más beneficios
fiscales.
En el ámbito de los partidos políticos, los nostálgicos franquistas
de La Falange, Falange Española de las JONS y Falange Auténtica, y
neonazis como Alianza Nacional, Democracia Nacional, Movimiento Social
Republicano (MSR) -con sede en Barcelona- y España 2000 – con sede en
Valencia, y que actualmente tiene siete concejales- son totalmente
legales. La mayoría de estas formaciones se manifiestan impunemente,
como ocurre durante las concentraciones del 12 de octubre, en las que
muestran banderas franquistas, amenazan a los periodistas y hacen
cánticos amenazadores.
Uno de los casos más flagrantes de esta impunidad fue la operación
Panzer, en la cual se desarticuló a un grupo de dieciocho neonazis que
tenía un arsenal de armas que incluía armas del ejército español, como
lanzagranadas o armas cortas. La organización se financió mediante la
venta de armas y promovió las ideas de ultraderecha y el odio contra los
inmigrantes y los homosexuales. Decían que era una organización
criminal que tenía contacto con políticos, empresarios y miembros de las
Fuerzas Armadas españolas (dos de los cuales eran militares). Pero la
inexplicable desaparición de las armas incautadas y el hecho de que se
declararan nulos los grabaciones telefónicas llevó a la absolución de
todos los acusados, entre los que se encontraba Pedro Cuevas, asesino
confeso de Guillem Agulló. Incluso se obligó a indemnizarles por el
material destruido.
https://www.vilaweb.cat/noticies/lextrema-dreta-desbocada-i-impune-a-lestat-espanyol/
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OTRA COSA: Canción Del Hombre Nuevo, de Daniel Viglietti
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