El Tribunal Supremo ha decidido prohibir que un fondo buitre pueda instar el desahucio de un inquilino de una vivienda protegida en Madrid: los jueces anularon la venta de las viviendas públicas de Madrid a estos fondos y, por tanto, ya no son de su propiedad. La sala de lo civil recuerda que sus compañeros de lo contencioso han anulado esta venta masiva de 3.000 viviendas públicas por parte del ejecutivo regional y que, por tanto, el fondo no tiene derecho a desahuciar a nadie.
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