Casos como el de Dani Jiménez, joven de Algeciras que falleció el pasado mes de junio encerrado en un calabozo presuntamente como resultado de supuestos abusos policiales, forman parte de una larga lista de excesos del poder policial que consiguen salir a la luz gracias al trabajos de organizaciones en favor de los derechos humanos, organismos internacionales y la propia labor documental ciudadana. Todos tienen en común el objetivo de denunciar las prácticas abusivas de los cuerpos policiales españoles.
Plataformas como SOS Racismo han registrado hasta 571 casos de brutalidad policial en España durante los últimos 20 años; y no es raro encontrarse de manera periódica con algún video o documento que denuncie actuaciones abusivas realizadas por agentes de policía, en el ejercicio (o no) de sus funciones.
Estas actuaciones a menudo quedan amparadas por una serie de mecanismos jurídicos y legales, protocolos ambiguos, por la nula transparencia de los cuerpos con el exterior, o incluso por la mera conformidad social respecto a los abusos.
En ocasiones tienen que ser los propios agentes los que aceptan públicamente esta realidad ante la falta de claridad o transparencia, como cuando el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent i Peña, reconocía en TV3 que efectivamente existe un “sesgo étnico” en el campo de las identificaciones policiales, o como cuando la propia Policía Nacional reconoce que ha utilizado por “error” fuego real a la hora de disolver manifestaciones pacíficas.
La cuestión es dilucidar si estos abusos son, como efectivamente se suele defender, simples casos aislados o “manzanas podridas”, o si responden a problemas sistemáticos más profundos: la falta de transparencia y democratización dentro de los cuerpos policiales, la abusiva relación de poder que separa a los agentes respecto a los ciudadanos y/o una legislación que facilita que se den estos abusos de poder de la policía (...)
+ George Gonzalo 24/2/21 LAULTIMAHORA.ES
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