La Consejería de Hacienda, a petición de la patronal del juego, emite
un informe en contra y lleva a los tribunales la regulación que se había
aprobado en el Ayuntamiento con el aval de otras dos consejerías, Fomento y Salud
El 17 de noviembre pasado se publicó en el boletín oficial el acuerdo
al que el Ayuntamiento de Cádiz, que dirige José María González
(Adelante Andalucía), había llegado en septiembre –con la abstención
del PP– para ubicar en el Plan Urbano los establecimientos de apuestas
y de juegos de azar "a más de 500 metros de distancia de los accesos
normales de entrada o salida" de los colegios, centros deportivos y
espacios socioculturales. El objetivo de la regulación era, según la
memoria de la modificación, "evitar la instalación actividades de juego
en el radio de visión de espacios frecuentados por menores y jóvenes,
con el objeto de proteger a los mismos de la ludopatía".
Hace menos de un mes, el 11 de enero, en un escrito firmado por el propio consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), la Junta de Andalucía decidió
recurrir ese acuerdo, con el argumento de que la Ley del Juego establece
que las competencias para "planificar los juegos y apuestas en la Comunidad
Autónoma" son del Consejo de Gobierno y por tanto el Ayuntamiento de
Cádiz se ha "extralimitado" en sus atribuciones.
Sin embargo, la decisión de Bravo se tomó en contra de dos informes de la
propia Junta de Andalucía, uno de la Consejería de Fomento, que dirige
Mari Frán Carazo (PP) y otro de la Consejería de Salud, cuyas riendas
lleva Jesús Aguirre (PP), que habían avalado la modificación del plan urbano
sin poner objeciones relevantes. Esta documentación, de haber sido contraria
a lo que pretendía hacer el Ayuntamiento de Cádiz, podría haber frenado el
cambio en el plan urbano, pero no lo hizo. Por el contrario, la Junta apoyó
la modificación (...)
+ ELDIARIO.ES Daniel Cela / Javier Ramajo 7 de febrero 2021
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