El experto de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo destapa con
argumentos las consecuencias de la gestión privada de los suministros
urbanos
"Derecho humano implica que a una familia sin recursos no se le puede cortar el agua; es como nos hicieran pagar por el aire y, al que no lo hiciera le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran"
"Los planes hidrológicos están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva", explica acerca del futuro que ha reservado el Gobierno para los ríos españoles
"Derecho humano implica que a una familia sin recursos no se le puede cortar el agua; es como nos hicieran pagar por el aire y, al que no lo hiciera le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran"
"Los planes hidrológicos están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva", explica acerca del futuro que ha reservado el Gobierno para los ríos españoles
Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier
foro local o internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual
entre la sociedad civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una
óptica económica para analizar la situación del vital líquido en sus
múltiples dimensiones. Los cálculos de este profesor emérito en la
Universidad de Zaragoza, que en 2003 se convirtió en el primer español
en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa,
ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del Ebro. Ahora
destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de la
privatización de los suministros urbanos.
2015 es año electoral y el debate sobre el agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el saneamiento?
Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral sino
porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor
cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales
modelos de privatización.
Se da
la paradoja de que el discurso de la no privatización ha sido abrazado
por partidos que han privatizado en algunos municipios o, cuanto menos,
no han apoyado el empuje ciudadano.
Los
actuales modelos de privatización son sofisticados y han hecho que
entraran sectores de la izquierda, presionados por la anorexia
financiera de la Administración. Lo primero que hace falta es ser
consciente, más que culpar a nadie de traidor. El modelo de
privatización es sofisticado y el debate ha requerido un nivel de
información técnica, social y política que muchas veces los dirigentes
políticos no tenían. Pero tampoco pretendo disculparles, pues hay mucha
gente que no puede alegar que no sepa. Por ejemplo, se suelen hacer
empresas mixtas, pero siempre con una cláusula en la que, en nombre del know how y de mutuo acuerdo, las partes acuerdan que el socio minoritario queda a cargo de la gestión.
En algunos países europeos el discurso antiprivatización es también patrimonio de la derecha. Las votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al respecto incluyen por eso a un sector de la derecha centroeuropea que sistemáticamente vota en contra de la privatización del agua
En segundo lugar, siempre hay otra cláusula que amarra
la cuestión económica: compras, contrataciones y subcontrataciones son
decididas también en nombre del know how privado. La paradoja es que, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado. Cuando necesitan hacer compras o adjudicaciones lo hacen dentro de su grupo.
Lo que se consigue es que, aun si un alcalde o una institución pública
quisieran controlar el negocio, no tendrían información suficiente ni
tampoco capacidades de decisión, pues previamente se ha firmado que las
toma el privado. Calculo que, de los beneficios de los grupos
empresariales, cuando no hay corrupción, más de la mitad está subsumido
legalmente en esas adjudicaciones directas, sin concurso público. La
tercera clave es otra cláusula que alarga estos contratos por un mínimo
de 20 años. No solamente para asegurar el negocio a largo plazo, sino
para asegurar la irreversibilidad de una decisión política. Así, hay
alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que tienen mandatos por
cuatro años pero que toman decisiones por 40.
En todo caso, ¿es posible parar dicha "sofisticación" privatizadora? ¿Cómo?
Primero, tiene que aparecer en el compromiso electoral. Y aparte, tiene
que haber un referéndum, pues se está hipotecando la capacidad de
decisión de los siguientes alcaldes. Esto no lo harán nunca porque todas
las consultas en esta materia han sido ganadas por entre el 70 y el 90%
de los planteamientos en contra de la privatización. Ahora ya se ha
incorporado a la conciencia de la gente, en su cabreo. Y también en el
nivel de información de los dirigentes, en una situación en donde, al
haber crecido mucho las opciones políticas emergentes que amenazan con
barrer a otros, todo el mundo ha sido mucho más sensible. Bienvenidos.
Éste no debe ser un patrimonio de unos pocos. En algunos países europeos
el discurso antiprivatización es también patrimonio de la derecha. Las
votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al respecto incluyen por
eso a un sector de la derecha centroeuropea que sistemáticamente vota en
contra de la privatización del agua.
Los problemas por el agua aumentan ya no exclusivamente en el Sur, sino también en países como España, donde el agua provoca los desahucios más silenciosos.
¿Qué ha supuesto en términos prácticos que Naciones Unidas reconociera,
en 2010, el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos?
Durante años el lobby
privado se ha opuesto a que se hablara de 'derecho humano'. Prefería
hablar de 'derecho fundamental'. Rehuyeron del término 'derecho humano'
hasta que ya no han tenido más remedio que aceptarlo. Se trata de un
término tipificado en la legislación internacional, de manera que, una
vez incorporado por Naciones Unidas, y cuando se tipifique, lo que
todavía se está haciendo en el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa
de Alemania y de España en tiempos de Zapatero, será una obligación
internacional y se podrá denunciar a un Gobierno frente a un tribunal
internacional por incumplimiento de derechos humanos. Lo temen.
La situación actual es difícil de revertir y lo que está haciendo el lobby
privado es irse a las alternativas que le quedan, que son feas. Por
ejemplo, decir que los derechos humanos se van a gestionar desde el
mercado. Afirma que son buenos gestores de derechos humanos, preguntan
quién se lo paga, y miran al Estado o suben las tarifas. Porque ellos
tienen que tener beneficios. Tomar el derecho humano como una visión que
asegura que no todo se compra y se vende en el mercado ha sido una muy
buena estrategia del movimiento anti-privatización.
¿Qué implica hablar del agua y el saneamiento como un derecho humano?
No toda el agua es derecho humano. Estamos hablando de unas cuotas
básicas, de unos servicios básicos. Derecho humano implica que a una
familia en vulnerabilidad o en pobreza no se le puede cortar el agua. Es
como si mañana nos hicieran pagar por el aire y, al que no pudiera
pagar, le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran. No puede ser.
¿Se trata entonces de una cantidad fija por encima de la cual ya puede operar el mercado?
Alrededor del derecho humano están los servicios de agua y saneamiento
en su conjunto, no solamente los 30-40 litros por persona y día básicos.
Ese conjunto, tener por ejemplo 24 horas al día agua de calidad en
casa, debe ser un derecho de ciudadanía, es decir, de acceso universal,
bajo una lógica de gestión pública y no de negocio.
A
diferencia de los humanos, los derechos de ciudadanía tienen deberes
recíprocos. Por ejemplo, de orden tarifario: vamos a pagar el agua, sí,
pero de forma que quien no pueda, no tenga que hacerlo por lo básico.
Consiste en organizar los derechos de ciudadanía como norma de acceso
universal. Y eso tampoco lo garantiza el mercado, que garantiza derechos
de clientes, no de ciudadanos. Los procesos de privatización
transforman la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre,
es expulsada.
¿Eso implica que lo privado debería estar excluido per se
del derecho humano al agua? La postura de la primera relatora de
Naciones Unidas en esta área, Catarina de Albuquerque, quien dejó hace
poco el cargo, sí admite la presencia privada, aunque bajo determinadas
condiciones.
Teóricamente puedes contratar
el trabajo de un privado y tenerlo controlado. Pero en la práctica no
está siendo así; controlar a un monstruo que es 100 veces más grande que
la institución pública que lo contrata es imposible y menos a través de
contratos que ya están modulados para que en la práctica no sean
controlables. Aun así podría ser, pero entonces los contratos tendrían
que ser por cuatro años, reversibles, transparentes, decididos
democráticamente… tantos condicionantes que, al final, sale más caro el
control del privado que la gestión pública participativa.
El agua tiene que ser una cuestión municipalista. Siempre ha estado
cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo que no se
haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más
locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia
municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en
donde la democracia sea lo más barato y lo más eficaz.
La primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito reunió cerca de dos
millones de firmas a favor de la gestión pública. Ahora la estudia la
Comisión Europea, que ha puesto trabas a pesar de que la aceptó en un
principio. ¿Ha sido una victoria diluida?
Es
una victoria pero no definitiva; es parcial. La primera gran victoria
es que los grandes sindicatos europeos se lanzan a este territorio, cosa
que no había sucedido antes. Y lo hacen arriesgando, poniendo 80.000
euros por delante para llevar a cabo la Iniciativa. Se arrastró además a
la socialdemocracia alemana, al SPD. Segundo, dos millones de firmas no
cambian el eje de giro pero sí fuerzan el debate europeo, es decir, el
Parlamento Europeo pasa a debatirlo, lo que significa visibilidad
pública, prensa… de repente es un problema, entra en la agenda. Y
tercero, lo hace al calor de realidades ya nacionales como la italiana,
ahora la griega, y puede que la española.
Sin embargo y pese a este empuje ciudadano que se vive en el
continente, al agua todavía le cuesta cuajar con la fuerza que arrastran
movimientos como el de la sanidad pública y el de la educación pública.
Muchas veces la gente, mientras el agua llegue a casa y sea de calidad,
mientras no se envenenen los críos o acaben en el hospital, mientras
pueda pagarla, no se levanta en alerta. Aunque a la ciudadanía le parece
mal si alguien propone la privatización. Pero la señal de alerta es más
difícil. Ahora está pasando lo mismo que con la electricidad, que antes
podíamos pagarla con cierta facilidad y, de repente, a mucha gente se
la cortan. En el agua empieza a suceder, sobre todo cuando llega el
saneamiento, que duplica el recibo. Y entonces la gente, aunque lo pueda
pagar, se pregunta. Y a partir de ahí viene la alerta sobre lo privado.
Por eso la crisis ha añadido una mayor sensibilidad.
Cambiando de tercio, Europa está preocupada por los planes que el
Gobierno reserva a los ríos españoles. ¿Espera que finalmente la
Comisión Europea haga un balance crítico y que los planes se revisen?
Los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre
con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla
efectiva, porque los Gobiernos no se responsabilizan de la ejecución de
la ley más que en la formalidad. Así acaba habiendo impugnaciones
legales que son exitosas pero tardan una década sentar jurisprudencia.