Un blog que nace ante el intento por parte de algunos medios de desprestigiar el movimiento 15M ubicándolo en el marco anarcoperroflauta exclusivamente, ignorando a los miles de ciudadanos que toman las calles pidiendo libertad y justicia
Los consellers de Medio Ambiente y Agricultura deslizan el bulo de que la ley bloquea un proyecto para encauzar barrancos, pero el PP quiere rebajar de intensidad la norma para permitir una mayor edificabilidad en la huerta
No es nuevo que el PP señale la Ley de l'Horta como un problema para la política territorial valenciana, pero desde la fatídica DANA no ha dudado en utilizarla como palanca para sus intereses. El gobierno de Carlos Mazón está usando la coartada la DANA para lanzar un bulo: que la ley bloquea las intervenciones para encauzar los barrancos del Poyo y de la Saleta, por lo cual es necesario revertir esta legislación proteccionista del anterior gobierno del Pacte del Botànic.
Cuando Mazón compareció en las Corts Valencianes para explicar su gestión durante el episodio del catastrófico temporal, ya señaló directamente a esta ley como un obstáculo que impide la actuación de la que es responsable la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y este lunes se daba un paso más en este sentido. En una reunión de los consellers de Medio Ambiente y de Agricultura, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina, con los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA, ambos anunciaban una revisión de la legislación para “desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos”.
Como punto clave apuntaban recortar las responsabilidades del Consell de l'Horta, un organismo que integra a diversas conselleries, la Diputación de València, el Ayuntamiento de València, organizaciones agrarias y entidades de defensa de la huerta. Hasta la fecha, sus informes eran preceptivos y vinculantes, pero con el cambio normativo limitarán su responsabilidad únicamente a la materia agrícola.
El Consell que preside Mazón afirma que “actualmente, los informes sobre las mejoras en estos barrancos son desfavorables, a pesar de que los técnicos han reconocido la urgencia de estas intervenciones para evitar futuras inundaciones. Una vez aprobadas las modificaciones en la Ley de la Huerta, ambos proyectos quedarán desbloqueados, lo que obligará al Ministerio para la Transición Ecológica a ejecutar las obras”.
“Construir todo lo que se pueda”
Pero desde el PSPV y Compromís han negado la mayor, afirman que la legislación lo que hace es proteger el territorio y por ende a la ciudadanía, y que el PP se sirve de la DANA como “coartada” para profundizar en sus políticas de promoción urbanística.
La socialista María José Salvador, exconsellera de Territorio, afirma que que no hay “ningún informe que bloquee ni ponga en situación crítica la intervención sobre estos barrancos”. Salvador señala que “únicamente existen informes de subsanaciones y condicionantes como integración paisajística, la prueba es que los proyectos están en tramitación”.
Asegura la diputada del PSPV que “es un bulo del PP para continuar con su política de involución del territorio”. Recuerda así que el Plan Simplifica presentado por el Consell “vuelve a apostar por el urbanismo, es una contrarreforma de desprotección de territorio y facilita la construcción en territorio protegido”. Además explica que “la ecuación más adecuada es 'más protección del territorio=más protección de las personas”, pero que “el modelo del PP está en las antípodas” del suyo, y que consiste en “construir todo lo que se pueda”.
Desde Compromís la portavoz adjunta, Paula Espinosa, ha ido en la misma línea: “el Consell del PP miente cuando dice que la Ley de l'Horta ha supuesto un freno a la puesta en marcha de los proyectos de actuación”. Espinosa insiste en que “lo que exige esa ley es garantizar que esas obras se adapten al territorio protegido haciéndolas más útiles ante el contexto climático que sufrimos, pero en ningún caso prohíbe su adecuación”.
La diputada asegura que los consellers que asistieron a la reunión con los alcaldes “mintieron descaradamente”, y lamenta que “la tergiversación del PP sobre la realidad legislativa en la protección del territorio está siendo muy burda”.
Ambas diputadas coinciden en señalar que la responsabilidad de la paralización del encauzamiento fue del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, como ya denunció la anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Recuerdan que los proyectos databan de 2006 y 2007 y que con la entrada del Gobierno del PP perdieron fuerza hasta el punto de que caducaron el año 2017. Para entonces, y con la nueva legislación territorial, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tuvo que reiniciar el proyecto, que entró en la conselleria en 2022, un proyecto que todavía está en tramitación.
El equipo de Buñol que fue trasladado el 29 de octubre a la rambla mortal empezó a medir la escala a las 13 horas y fue retirado a las 15 horas, pese a que el barranco transportaba una importante cantidad de agua: “No lo había visto nunca tan lleno”
valoró Mazón, quien insistió: “Hemos dado ya suficientes explicaciones, cosa que otros no han hecho”. Pero todavía queda
n muchas respuestas por ofrecer.
Entre esas preguntas sin responder están estas dos: ¿por qué si la Generalitat tenía su propio equipo de medición de ríos y ramblas desplegado fue retirado a las 15 horas? ¿Por qué se habló de un apagón informativo si se disponía de los instrumentos para estar informado al segundo de cuánta agua podía bajar por los barrancos más peligrosos, entre ellos el ya fatídico Poyo?
Este periódico contó ya en exclusiva que el equipo de Buñol de los bomberos forestales de la Generalitat fue enviado a las 13 horas a medir el caudal del barranco de Poyo a la altura de Chiva. Tras dos horas allí y medir una escala de más de 80 centímetros y una segunda unos centímetros menor, la dirección del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia les mandó a la base. Pero no para ayudar en rescates o medir otros lugares, sino para que esperaran allí hasta que a las 19:30 fueron enviados a casa. Fueron estos bomberos los que por iniciativa propia salieron por la noche a ayudar en rescates de personas.
Uno de los miembros del equipo de Buñol que fueron a medir el barranco de Poyo ha hablado con elDiario.es y ha denunciado la fatídica decisión de ordenarles que dejaran de medir la escala del barranco. “La escala del barranco de Poyo a esa altura mide 2,5 metros. Nunca había visto tanta agua por ese tramo”, explica este bombero forestal. A esas horas, entre las 13.30 y las 15 horas, las mediciones dieron alrededor de 80 centímetros, sobre un 33% de su capacidad máxima. El barranco casi siempre va seco y mucho tiene que llover rambla arriba para alcanzar cotas mínimas. A las 17 horas, esa misma depresión geográfica transportaba cuatro veces el caudal del río Ebro. El puente que se observa en la imagen quedó seriamente dañado tras el paso de la barrancada.
Este bombero explica que las mediciones las fueron transmitiendo al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, quienes les coordina, a través de emisora, que es el instrumento de comunicación que utilizan para evitar la falta de señal telefónica. “Cuando nos enviaron a medir el barranco de Poyo cogimos comida porque pensábamos que íbamos a pasar la tarde allí. Cuando nos retiraron a las 15 horas, nos extrañó porque la escala de agua no era normal”, explica este bombero que hizo las mediciones el día 29 de octubre. Para este testimonio clave, “si Emergencias (en este caso los bomberos de la diputación que los coordina) no nos hubiera retirado, podríamos haber avisado de la crecida”. En ese caso, el Cecopi de las 17 horas hubiera tenido una información en tiempo real y no solo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que ahora critica la Generalitat.
“A las 19:30 horas nos mandaron a casa sin ninguna orden, igual que el día después de la DANA que nadie nos dio ninguna instrucción. Fuimos a la autovía A3 a rescatar personas por nuestra cuenta”, lamenta sobre la coordinación de los bomberos de la Diputación de Valencia, que son quienes dirigen a los bomberos de la Generalitat durante las alertas. Este bombero explica que las conversaciones entre los equipos de medición y el consorcio de bomberos se graban. La misma fuente explica que el medidor del barranco de Poyo estaba en perfectas condiciones porque dos veces al año se supervisan para que las pértigas de medición no se pierdan o puedan ofrecer datos erróneos debido a las hierbas o las cañas.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, en concreto su jefe José Luis Basset, fue quien coordinó todos los equipos de respuesta durante el día de la DANA.
El president justificó en el parlamento valenciano que, cuando intentó llegar al Cecopi del día 29, encontró “densidad de tráfico” producida por el “mal tiempo” en la carretera, lo cual “alargó el trayecto”. Los datos de la DGT y de su propia Conselleria muestran que no hubo ninguna incidencia en esa carretera que lleva desde su despacho a L'Eliana. Ni siquiera llovía
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia en Les Corts en la que explicó lo que hizo el 29 de octubre, día de la DANA EFE / Manuel Bruque
“No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la
l'Eliana”. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo en su comparecencia oficial en Les Corts Valencianes –el pasado 15 de
noviembre para explicar su gestión de la DANA– que el día de la tragedia tuvo dificultades para llegar al Cecopi, el Centro de Coordinación
Operativo Integrado, que se celebraba en una localidad a 19 kilómetros en línea recta desde el Palau de la Generalitat y donde supuestamente
estaba Mazón.
El mal tiempo y el estado de las carreteras, según la versión que dio el president en sede parlamentaria, habría retrasado aún más su asistencia a la reunión clave, en la que su consellera cesada Salomé Pradas estuvo desde las cinco de la tarde mientras él comía con una periodista para hablar de temas extemporáneos. Pero ni hacía mal tiempo, ni llovía ni había atascos en la carretera que lleva al Cecopi.
Pradas, según la propia versión de Presidencia de la Generalitat, llamó a Mazón a las 18.45 y le puso en antecedentes sobre la gravedad de la situación. En ese momento, siempre según la versión de este, habría salido desde su despacho hacia l'Eliana, encontrando dificultades para llegar al centro de mando de la emergencia, al que llegó pasadas las 19.30, con las riadas arrasando la provincia, muertos y personas intentando sobrevivir sobre capós y tejados.
Datos oficiales de la Conselleria de Infraestraestructuras de su propio Consell, así como los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), muestran que en la tarde del 29 de octubre, cuando se desbordaron el Barranco del Poyo y el río Magro, en la carretera que debía llevar al president desde su despacho al epicentro de la gestión no había ninguna incidencia y la circulación era totalmente normal, como cualquier día. La CV-35 (conocida como Pista de Ademuz) está al norte del barranco del Poyo, en una zona que no se ha visto afectada por las riadas.
Según el registro oficial de Cegesem, el organismo autonómico de gestión de vías de la Conselleria de Infraestructuras, no hubo esa tarde ningún problema de relevancia en ese punto. Los registros sí recogen una incidencia, pero es a las 22.02 horas, por una inundación en el punto kilométrico 85, a la altura de Titaguas, mucho más allá de donde se estaba celebrando el Cecopi y con Mazón ya en la sala y compareciendo por primera vez ante las cámaras.
El tráfico habitual
Los datos de aforo e incidencias de la DGT confirman lo mismo. El día 29 de octubre por la tarde, la carretera que va desde la ciudad de València al Centro de Coordinación Operativo Integrado no presentó ninguna anomalía, “el tráfico habitual de cualquier día”, confirman fuentes oficiales tras la consulta a los registros técnicos. Lo habitual en esa carretera pueden ser pequeñas retenciones de entre 3 y 5 kilómetros en horas punta. En tiempo, desde el Palau hasta el 112 de L'Eliana se tardan unos 25 minutos por carretera.
Además, como es público y conocido, en la capital ese “mal tiempo” que adujo el president que pudo complicar su llegada tampoco existió, porque ni siquiera llovía ni en la ciudad ni en el cinturón metropolitano, como tampoco en las ciudades de l'Horta Sud que quedaron arrasadas. Salvo algunos chubascos aislados durante la mañana, el día 29 de octubre de 2024 se recordará por las enormes cantidades caídas en las cabeceras del río Magro y el Poyo, mientras la capital y su entorno vivían con normalidad.
Si el president llegó pasadas las 19.30 horas al Cecopi de l'Eliana, según testigos presenciales, quiere decir que, en el caso de que estuviera en el Palau de la Generalitat, salió pasadas las 19 horas, contando con un trayecto en coche particular, que no lleva escolta ni tiene posibilidad de que le abran paso, en cuyo caso aún se podría tardar menos. Qué hizo Carlos Mazón entre las 18 horas, que acabó la comida con la periodista Maribel Vilaplana, y las 19.10 horas, que debió salir de su despacho, sigue siendo un misterio.
Desde Presidencia se han mantenido diversas versiones y horquillas horarias (comida privada, comida de trabajo, comida privada de trabajo), pero la última versión es que desde el restaurante El Ventorro se fue a trabajar a su despacho en el Palau de la Generalitat, en el casco antiguo de la ciudad. Allí supuestamente recibió la llamada de la consellera Pradas, que ha sido cesada y tampoco ha especificado públicamente si le intentó contactar antes y si lo pudo o no localizar.
Días después de la DANA se conoció que el día de las riadas, a las 18.28, el presidente llamó al alcalde de Cullera y le dijo, según la versión del primer edil, Jordi Mayor: “Estoy aquí en una reunión y ha salido tu nombre”. Con quién estaba el presidente de la Generalitat o dónde, sigue siendo otro misterio. Probablemente no fue con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, que estaba también sin cobertura en un viaje por a“No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la l'Eliana”. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo en su comparecencia oficial en Les Corts Valencianes –el pasado 15 de noviembre para explicar su gestión de la DANA– que el día de la tragedia tuvo dificultades para llegar al Cecopi, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, que se celebraba en una localidad a 19 kilómetros en línea recta desde el Palau de la Generalitat y donde supuestamente estaba Mazón.
El mal tiempo y el estado de las carreteras, según la versión que dio el president en sede parlamentaria, habría retrasado aún más su asistencia a la reunión clave, en la que su consellera cesada Salomé Pradas estuvo desde las cinco de la tarde mientras él comía con una periodista para hablar de temas extemporáneos. Pero ni hacía mal tiempo, ni llovía ni había atascos en la carretera que lleva al Cecopi.
Ruta desde el Palau de la Generalitat, donde tiene el despacho Mazón, y el centro de reunión de la DANA, en l'Eliana
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Pradas, según la propia versión de Presidencia de la Generalitat, llamó a Mazón a las 18.45 y le puso en antecedentes sobre la gravedad de la situación. En ese momento, siempre según la versión de este, habría salido desde su despacho hacia l'Eliana, encontrando dificultades para llegar al centro de mando de la emergencia, al que llegó pasadas las 19.30, con las riadas arrasando la provincia, muertos y personas intentando sobrevivir sobre capós y tejados.
Datos oficiales de la Conselleria de Infraestraestructuras de su propio Consell, así como los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), muestran que en la tarde del 29 de octubre, cuando se desbordaron el Barranco del Poyo y el río Magro, en la carretera que debía llevar al president desde su despacho al epicentro de la gestión no había ninguna incidencia y la circulación era totalmente normal, como cualquier día. La CV-35 (conocida como Pista de Ademuz) está al norte del barranco del Poyo, en una zona que no se ha visto afectada por las riadas.
Según el registro oficial de Cegesem, el organismo autonómico de gestión de vías de la Conselleria de Infraestructuras, no hubo esa tarde ningún problema de relevancia en ese punto. Los registros sí recogen una incidencia, pero es a las 22.02 horas, por una inundación en el punto kilométrico 85, a la altura de Titaguas, mucho más allá de donde se estaba celebrando el Cecopi y con Mazón ya en la sala y compareciendo por primera vez ante las cámaras.
El tráfico habitual
Los datos de aforo e incidencias de la DGT confirman lo mismo. El día 29 de octubre por la tarde, la carretera que va desde la ciudad de València al Centro de Coordinación Operativo Integrado no presentó ninguna anomalía, “el tráfico habitual de cualquier día”, confirman fuentes oficiales tras la consulta a los registros técnicos. Lo habitual en esa carretera pueden ser pequeñas retenciones de entre 3 y 5 kilómetros en horas punta. En tiempo, desde el Palau hasta el 112 de L'Eliana se tardan unos 25 minutos por carretera.
Además, como es público y conocido, en la capital ese “mal tiempo” que adujo el president que pudo complicar su llegada tampoco existió, porque ni siquiera llovía ni en la ciudad ni en el cinturón metropolitano, como tampoco en las ciudades de l'Horta Sud que quedaron arrasadas. Salvo algunos chubascos aislados durante la mañana, el día 29 de octubre de 2024 se recordará por las enormes cantidades caídas en las cabeceras del río Magro y el Poyo, mientras la capital y su entorno vivían con normalidad.
Si el president llegó pasadas las 19.30 horas al Cecopi de l'Eliana, según testigos presenciales, quiere decir que, en el caso de que estuviera en el Palau de la Generalitat, salió pasadas las 19 horas, contando con un trayecto en coche particular, que no lleva escolta ni tiene posibilidad de que le abran paso, en cuyo caso aún se podría tardar menos. Qué hizo Carlos Mazón entre las 18 horas, que acabó la comida con la periodista Maribel Vilaplana, y las 19.10 horas, que debió salir de su despacho, sigue siendo un misterio.
Desde Presidencia se han mantenido diversas versiones y horquillas horarias (comida privada, comida de trabajo, comida privada de trabajo), pero la última versión es que desde el restaurante El Ventorro se fue a trabajar a su despacho en el Palau de la Generalitat, en el casco antiguo de la ciudad. Allí supuestamente recibió la llamada de la consellera Pradas, que ha sido cesada y tampoco ha especificado públicamente si le intentó contactar antes y si lo pudo o no localizar.
Días después de la DANA se conoció que el día de las riadas, a las 18.28, el presidente llamó al alcalde de Cullera y le dijo, según la versión del primer edil, Jordi Mayor: “Estoy aquí en una reunión y ha salido tu nombre”. Con quién estaba el presidente de la Generalitat o dónde, sigue siendo otro misterio. Probablemente no fue con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, que estaba también sin cobertura en un viaje por asuntos privados en Xàtiva, como justificó luego. Mayor declaró públicamente que, en esta llamada, Mazón ni le habló de la DANA o la presa de Forata, de la que se temía que podía romperse: “No sé en qué estado estaba, pero no era estado de emergencia”. Tampoco se sabe quién sacó a colación el nombre del alcalde ante el president en esa hora de su agenda que ha quedado a oscuras.
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A comienzos de noviembre, pocos días después de la riada que arrasó varios municipios de Valencia, hablamos con Samuel Romero Aporta (Madrid, 1987), vecino de Aldaia. Es ingeniero de Caminos y forma parte de Ecologistas en Acción.
Los momentos previos a esta DANA pasarán a la historia como un ejemplo de desidia criminal, y la gestión posterior fue también lamentable. No olvidar y estar al lado de las personas y territorios requiere hacer un seguimiento de lo que está sucediendo ahora, y lo queremos hacer a través de los ojos y la experiencia de quienes lo viven cotidianamente.
Volvemos a hablar, por ello, con Samuel Romero, que realiza un balance y valoración de este último mes desde la zona cero.
¿Cómo ha evolucionado la situación?
Evoluciona de una forma tremendamente lenta. A un ritmo que, a todas luces, parece incompatible con vidas dignas. Todavía hay garajes inundados, calles llenas de barro, coches destrozados, aceras impracticables y casas sin esperanzas de mejora. La sensación es de olvido. Un olvido áspero como el barro seco que pisamos y respiramos cada día.
Estamos comprobando que vivimos en un sistema nada resiliente, donde el nivel de respuesta y recuperación queda siempre condicionado al pulmón económico de cada empresa y familia. Los cuidados, la salud mental, la respuesta a las necesidades de nuestros hijos e hijas y nuestras personas más dependientes han quedado en un segundo plano. Aquello que no se circunscribe a la monetización de la supuesta recuperación se ignora. Corremos el riesgo de normalizar nuevas realidades que suponen un enorme retroceso en nuestra calidad de vida.
¿Qué valoración te merecen en el plano general las medidas aprobadas?
Pues que, más allá de la valoración económica, se olvidan de la dureza de lo vivido. Estamos asistiendo una vez más al parcheado de situaciones catastróficas. El nivel de respuesta se centra en lo económico, que por supuesto es necesario para rehacer vidas, pero ignora de nuevo el problema de fondo. Hace apenas dos semanas, después de esta catástrofe, el presidente del Gobierno seguía hablando de crecimiento económico como si las consecuencias de ese crecimiento no estuvieran ligadas a la catástrofe vivida. Esta pasada semana, Mazón ultimaba detalles para aprobar la construcción de nuevos desarrollos en zonas inundables y la reforma que permita construir cerca de la línea de costa.
Es un nivel de irresponsabilidad tan tremendo que se perciben estas ayudas como una compra de silencio. En el día a día esa ayuda es inexistente. La forma de autoorganización del voluntariado fue una respuesta asombrosa e ilusionante. Después, siguió un despliegue de medios de mayor alcance que permitió comenzar a recuperar algunas calles, pero, hoy en día, apenas quedan medios. Y está todo por hacer.
¿Qué urgencia mayor hay que recuperar los colegios de nuestros hijos e hijas? ¿Qué urgencia mayor puede haber que reparar cada casa y cada calle pensando en no repetir errores pasados y contribuir a la transformación de nuestros pueblos y ciudades en entornos más amables y pensados para vivirlos?
Mi vecina lleva un mes sin salir de casa por no tener ascensor. Es un retroceso enorme en su propia dignidad porque estamos obligados a tener que pagar un dinero, que muchas familias no tienen, para reparar nuestro ascensor.
Hemos pensado antes en grandes cifras que en la crudeza de muchas realidades. Es el síntoma de la desconexión absoluta de las instituciones con la realidad social.
¿Cómo es la cotidianeidad de la vida en los pueblos arrasados?
Muy triste y dura. Intentamos recuperar cierta normalidad. Sobre todo, quienes tenemos hijos e hijas, intentamos que prime la alegría. Pero es duro levantar la persiana cada mañana y ver que tú y tu gente seguís sin ser una prioridad. Que tenemos que aprender a convivir con el barro, con el pueblo roto (en lo físico y lo metafórico), con coches amontonados en cada acera, respirando polvo. Y me niego. Me niego a aceptar una realidad que suponga destrozar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Es un riesgo normalizar contextos de miseria, de supervivencia y de ilusiones truncadas. El piloto automático de la supervivencia es muy peligroso porque nos nubla la imaginación de futuros mejores. Y yo sigo pensando que la organización consciente de quienes habitamos los pueblos es capaz de dibujar y conseguir vidas mejores, donde nuestro futuro no quede condicionado a la mercantilización de nuestras vidas o a indicadores económicos que nunca entenderán las necesidades reales.
¿De qué hablamos cuando escuchamos que los pueblos han vuelto a la normalidad?
Exclusivamente de la vuelta a rutinas de producción. La vuelta al trabajo. Es curioso que la primera prioridad fuese limpiar las calles. Pero exclusivamente la calzada. Las aceras siguen, en muchos casos, amontonando coches llenos de barro, siguen con las tapas del alcantarillado rotas, imposibles para el paso con un carro de bebé o una silla de ruedas.
Aquello que no se mercantiliza carece de prioridad. Porque aún hay cientos de niños y niñas sin colegios, sin parques, sin plazas y sin casas. La normalidad debe referirse al destrozo de lo común y lo público. Esa normalidad sí que han sabido recuperarla, porque la recuperación de cada casa, ayuda económica insuficiente a parte, parece condicionada a las posibilidades de pago de cada familia.
El capitalismo que nos ahoga entiende mucho de ese destrozo. Las empresas condenadas por la trama Gürtel siguen recibiendo contratos a dedo. Igual esa es la normalidad a la que se refieren. Mientras, nuestras rutinas se han visto condicionadas al barro, a tener que buscarnos la vida para que nuestros hijos e hijas no sufran las consecuencias de no ser la prioridad para quienes nos gobiernan.
¿Dirías que se está abordando el posDANA desde un enfoque de justicia y derechos?
No existe esa mirada. La recuperación económica no incluye indicadores de justicia y derechos. La búsqueda de recursos materiales para recuperarnos de los destrozos causados se ha quedado en manos del mercado económico. Y ese mercado vive constantemente de espaldas a cualquier enfoque de justicia o derechos porque consigue agrandar aún más las desigualdades.
Pensemos en una familia de clase trabajadora que ha perdido su hogar (probablemente el único) y su vehículo. Es probable, además, que su puesto de trabajo esté sujeto a alguna medida temporal de restricción de la actividad. Pensemos ahora en una familia acomodada que también haya perdido su casa y su vehículo. ¿Hay algún ápice de justicia en esta recuperación? ¿Qué familia podrá volver a alcanzar una vida digna?
El desborde de recursos inicial fue gracias al voluntarismo de la gente. Y eso es fantástico por la conciencia de clase y la solidaridad generada. Sin embargo, tiene un efecto pernicioso en el medio plazo: las instituciones se olvidan de gran parte de la respuesta porque ven atendida esa necesidad en las voluntades de quienes vinieron a ayudar. Pero es inaceptable que la recuperación de vidas se supedite al voluntariado.
¿Hay algún debate abierto sobre una reconstrucción consciente de que este tipo de eventos son ya una nueva normalidad?
Yo no veo ninguno más allá de algunas organizaciones ecologistas. Porque todo el planteamiento de fondo sigue intacto. Seguimos promoviendo el mismo urbanismo atroz, el mismo nivel de consumo y emisiones y el sostenimiento, como primera premisa, de un sistema económico que nos mata. De forma literal.
Parece que la respuesta continuada a las crisis endémicas del sistema (rescates bancarios sucesivos) forman parte de la normalidad. Pero plantear la reconstrucción de nuestras ciudades, pueblos y, sobre todo, el entorno natural, es una responsabilidad que nadie quiere asumir porque cualquier análisis riguroso y responsable choca de lleno con ese ansiado crecimiento económico centrado en consumir más y construir más. Nadie quiere abordar el debate de fondo sobre qué va a pasar en las ciudades y pueblos construidos en suelo inundable, cómo hacemos nuestro entorno más resiliente, cómo contribuimos a frenar el avance de las peores consecuencias del cambio climático.
¿Qué crees que se podría haber hecho de otra forma?
Desde luego, no permitir la normalización de contextos distópicos como el que vivimos. Porque siembra en el imaginario colectivo dos aspectos muy graves: el abandono de las instituciones públicas en la recuperación de nuestras vidas y el deterioro de nuestras condiciones de vida.
Lo primero es el nivel de aviso, por supuesto. La máxima responsabilidad de esta catástrofe es de la Generalitat Valenciana que ignoró por completo las alertas de la AEMET. Como ya comentamos, ignorar el cambio climático sistemáticamente conlleva a no tomar en consideración sus consecuencias y ningunear las alertas de la ciencia. Me cuesta asimilar aquellas ideologías que alardean de ignorar la ciencia. Es un retroceso social brutal. Es un insulto a la inteligencia.
En el nivel de respuesta he echado en falta dos cuestiones: comités de respuesta locales, que atiendan necesidades de principio a fin, y un comité de recuperación, con el foco en el medio plazo. A este le corresponde analizar lo sucedido y plantear, en el marco de la crisis ecológica y social actual, qué medidas deberían ir desarrollándose en cada plano para abordar este escenario: desde la educación, la sanidad, las emergencias, la protección de nuestros ecosistemas, la estructura de nuestros pueblos y ciudades, la forma de movernos.
En lo concreto, ha habido una falta absoluta de organización y viene precedida por la falta de aterrizaje de las instituciones en cada calle y en cada casa. La política local debe centrarse en las realidades más concretas para dar respuesta desde lo colectivo a esas necesidades. A nivel educacional no había otra urgencia que dar respuesta a los cientos de niños, niñas y adolescentes sin centro educativo. Un mes después, la respuesta es solo parcial. Es evidente que el contexto no tiene precedentes cercanos de una catástrofe similar. Pero ya deberíamos haber sido capaces de movilizar una respuesta más centrada en la crudeza de cada familia y realidad que en las grandes cifras.
¿Qué aprendizajes cree que habría que sacar de lo vivido?
El aprendizaje debe partir de aceptar la gravedad del cambio climático. Que quienes llevan décadas alertando de los efectos del cambio climático son, además, quienes tienen la capacidad de modelizar otros escenarios que minimicen los peores efectos. Nuestra vulnerabilidad se ha visto una vez más expuesta y debe servirnos para tomar consideración de cómo esa vulnerabilidad se maximiza actuando de forma individual, mientras que en colectividad somos capaces de sostenerla y protegerla.
En el camino hacia una transición ecológica y social más justa debe hacerse un ajuste inmediato de los indicadores que miden la eficacia de las políticas públicas. El cambio climático, la resiliencia de nuestras ciudades y pueblos y las condiciones de vida de cada persona deben situarse como primeros índices a medir en la implantación de cada política pública.
Los aprendizajes deben trasladarse a la configuración de nuestras ciudades, a la protección de nuestros ecosistemas como absoluta prioridad, a pensar los efectos en cadena del modelo centrado en un consumo ilimitado, en las desigualdades locales y continentales que genera ese modelo y en nuestra enorme dependencia como especie y como individuos de los ecosistemas y del resto de personas. El contexto de decrecimiento, es decir, la necesidad de consumir menos recursos a nivel global, plantea un nuevo escenario. El problema de entenderlo bajo el prisma de la distopía es que aquello que miramos ahora nos impide pensar futuros mucho mejores. Por eso la recuperación es una urgencia. Porque el contexto de decrecimiento global debe ser, además, justo. Y en ese reparto equitativo y justo de los recursos debemos ser perfectamente capaces de imaginar vidas mejores. Donde nuestras condiciones de vida estén garantizadas y tengamos la capacidad de decidir sobre nuestro tiempo.
Hay un punto de aprendizaje que nos debe servir para llevarlo a otras situaciones: la capacidad de movilizar recursos económicos en escenarios de crisis hace décadas que dejó de ser un problema. Lo hemos visto en otras situaciones similares o en los rescates bancarios. Siendo así debemos exigir ese mismo nivel de respuesta para afrontar la transición ecosocial. El dinero no debe ser un problema.
No parece que quienes gobiernan estén entendiendo la gravedad del escenario. Pero seguiré siempre pensando que la política tiene como fin encontrarse con las necesidades sociales para dar respuesta permanente a ellas, con el marco de nuestros ecosistemas como límite en el que todo sucede y, por supuesto, con los ingredientes de justicia y derechos que no pueden abandonarse. Puede que el plano institucional nos esté dando la espalda. Pero no se nos puede olvidar que está en nuestra mano darle la vuelta.
