jueves, 31 de octubre de 2024

Campo de Tejada, el corazón del garbanzo blanco: la cooperativa que dignifica el trabajo a cielo abierto, de Sara Rojas

 Sara Rojas   17 de agosto de 2024

El crecimiento de esta sociedad agrícola con 45 años de historia se ha traducido en el desarrollo de sus socios y socias y de la comarca en la que se inserta, a caballo entre Sevilla y Huelva. Formada por 1.200 agricultores y por un equipo de 42 trabajadores, funciona como “una casa” con distintas secciones y un niño “mimado” por todos: el garbanzo.

La historia de la cooperativa agrícola Campo de Tejada es la de “una gran familia” que sigue “marchando unida” por tierras andaluzas desde 1979. Entonces, un grupo de agricultores sembró en Escacena del Campo (Huelva) la semilla de lo que es hoy una firma de referencia en el sector del cereal y, sobre todo, del garbanzo blanco lechoso. 

A los 186 asociados con los que echó a andar esta sociedad hace 45 años les unía el deseo y la necesidad de almacenar y comercializar sus productos agrícolas de forma conjunta. Con el tiempo, fue creciendo hasta sumar un total de 1.200 agricultores y agricultoras, procedentes de 38 municipios de Huelva, Cádiz y Sevilla, que sienten la cooperativa “como una familia”. 

Así lo expresan socios tan veteranos como Ricardo Escobar, hijo de uno de los fundadores, que heredó la cartilla de su padre en 1983. Cuando Ricardo habla de la empresa a la que ha dedicado buena parte de su vida desde que dejó el ejército para entregarse al campo, sus ojos brillan de emoción y agradecimiento. “Si no fuera socio de esta cooperativa, hubiera vendido lo poco que tenía”, dice mientras recorre las instalaciones de la antigua fábrica de corcho, que fueron adaptadas hace décadas para cumplir su función actual de almacenes agrícolas. 

Con esta afirmación, Ricardo pone en valor este tipo de sociedad cooperativa por “el respaldo” que supone para los trabajadores del campo. En ese sentido, Antonio Tomás Morales, gerente de Campo de Tejada desde hace 16 años, afirma que “hoy en día es imposible sobrevivir en el campo sin estar asociado”. 

Se refiere a que, más allá de facilitarles todo lo necesario para el cultivo (esto es, semillas, fertilizantes y demás productos fitosanitarios), la cooperativa les proporciona un servicio de asesoría para que puedan sortear el “obstáculo” que encuentran muchos de ellos en la burocracia y, concretamente, en la tramitación de la PAC (Política Agrícola Común).

Una apuesta por la diversificación 

Al lema de “lo mejor que tiene la cooperativa son sus socios”, Ricardo añade “y un equipo de trabajadores que es fabuloso”. En la actualidad, han conseguido consolidar una plantilla estable de unos 42 trabajadores, ampliable durante la campaña. 

La agricultura sigue siendo el corazón que bombea esta “casa”, como la describe José Miguel Montero, uno de sus empleados más avezados. Pero la inquietud y ambición que lleva esta familia en el ADN la llevó a apostar por diversificar sus actividades. Así pues, desde 1993, empezaron a incorporar otras secciones a la netamente agrícola: una sección de créditos, otra de semillas, servicio de telefonía, estación de servicio, una sección de asesoría técnica y jurídica, así como una tienda agrícola y un pequeño supermercado. 

De todos estos servicios no solo se benefician los asociados. De hecho, la tienda la visitan a diario personas de fuera del pueblo que encuentran en ella chacina, aceite de oliva, vinos y quesos, además de los productos más reconocidos de Campo de Tejada. Ejemplo de ello es Belén, una vecina del municipio onubense de Villalba que cada 15 días pasa por la cooperativa para llevarse un cargamento de garbanzos que reparte entre sus compañeras de trabajo. “Es un encargo”, explica esta clienta antes de pasar por caja, sosteniendo en los brazos incontables paquetes de garbanzos. 

“Mis hijos se han criado aquí” 

A cargo de la tienda se encuentra Pepa Carmona. Llegó a la cooperativa en 1986 y durante 15 años vivió allí, en la casa del guarda, junto a su marido. “Mis hijos se han criado aquí”, asevera desde el otro lado del mostrador. También José Miguel Montero, el expendedor, ha crecido en este entorno, pues se incorporó como trabajador a los 18 años y ya ha cumplido medio siglo. Con la sonrisa que dedica cada día a los clientes, describe así la empresa en la que lleva más de media vida trabajando: “Somos una familia porque aquí lo compartimos todo”. Y en efecto lo son porque muchos de ellos comparten lazos de parentesco, además del día a día y la pasión por el campo.

Gracias a la diversificación que ha introducido la cooperativa, José Miguel cuenta con un puesto fijo y Campo de Tejada se ha convertido en la “estructura económica más importante que hay en Escacena del Campo y en los municipios colindantes”, como sostiene orgulloso el gerente. “Cuarenta y dos familias viven de esto”, remarca Antonio Tomás antes de afirmar, apoyándose en los datos, que el crecimiento de esta sociedad ha llevado aparejado “el desarrollo de los socios y de toda la comarca”. 

El producto estrella

La cooperativa recibe el nombre de la histórica comarca Campo de Tejada, situada a caballo entre las actuales provincias de Huelva y de Sevilla. En este enclave único para el cultivo se dan las condiciones idóneas para cosechar una de las variedades de leguminosa más preciadas por los consumidores: el garbanzo blanco lechoso. 

La singularidad del terreno –compuesto por los llamados “suelos de barro” con alto contenido en arcilla y potasio– y la cercanía del océano Atlántico otorgan al garbanzo “una finura” inigualable. De ahí que once de los municipios que integran esta sociedad produzcan amparados por el sello de calidad IGP (Indicación Geográfica Protegida) ‘Garbanzo de Escacena’. La única certificación de calidad de legumbres que existe en toda Andalucía.

Por esta razón, el garbanzo es el niño “mimado” del que presume la familia Campo de Tejada. Al ser el “producto estrella” de la cooperativa, invierten buena parte de sus esfuerzos y recursos en cuidarlo. Con ese afán, en 2006 iniciaron un proyecto de investigación junto al Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y la Universidad de Córdoba, con objeto de conseguir una variedad del blanco lechoso más resistente a las enfermedades que suelen atacar a los cultivos.

En Campo de Tejada, el programa de mejora del garbanzo está en manos de Inmaculada Izquierdo. Esta bióloga gaditana mantiene intacta la pasión por la investigación tras 17 años al frente del laboratorio de la cooperativa onubense. Reconoce que al principio le costó adaptarse a un entorno “tan poco dado a abrirse a la mujer”. Pero pronto se sintió acogida por sus compañeros. Y, después de “trabajar mucho”, ahora se percibe “muy reconocida” en la empresa. De su lado, Antonio Tomás –quien también es biólogo– destaca como aspecto diferencial de esta entidad que las mujeres representan “un peso importante”.

Cribado, clasificación y envasado

Aunque todo el mundo la conoce como “la cooperativa de los garbanzos”, lo cierto es que este producto tan solo representa un 8% del volumen de producción y facturación anual de Campo de Tejada. Frente a las 1.500 toneladas de garbanzo que producen al año, de cereal obtienen alrededor de 22.000 toneladas y de girasol unas 7.000, según indica el gerente.

Otro de los rasgos característicos de esta compañía es que los agricultores entregan el 100% de su producción. De esta forma, depositan su “confianza plena en la cooperativa” para que sean sus trabajadores quienes lleven a cabo la tarea minuciosa de cribado, clasificación y envasado. 

Para ello cuentan durante todo el proceso con maquinaria de última tecnología, pues están convencidos de que “hacer más eficiente la producción y reducir el gasto solo se puede conseguir con tecnología”, como manifiesta quien dirige esta entidad avalada por el premio ‘Impulso de la Calidad’ que le concedió en 2022 la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Hasta hace poco era Agustín, el encargado de la cooperativa, quien calibraba la textura del garbanzo de forma manual, a través de sus dedos. Hoy han delegado esta labor en un instrumento denominado texturómetro, que agiliza el procedimiento de cribado en el laboratorio. A pocos días de jubilarse, Agustín confiesa que “va a ser duro” despedirse del lugar en el que ha pasado los últimos 22 años.

Retos del presente y el futuro

“Hemos sido capaces de seguir aquí porque nos hemos adaptado a los nuevos tiempos”, concluye Ricardo, quien al posar la mirada en la chimenea de la antigua fábrica recuerda que pronto van a celebrar el 50 aniversario. 

Entre los retos que les deparan hasta entonces, el gerente subraya que van a tener que dar respuesta al “problema del relevo generacional” que sufre esta comarca, con una “población envejecida” que se refleja en la edad media del socio (65 años). Apuestan también por ampliar la familia, uniendo fuerzas con otras cooperativas. 

Y así, sin dejar de cosechar confianza, fieles a los valores que plantaron los fundadores en 1979 y abiertos a continuar innovando, los miembros de la sociedad Campo de Tejada seguirán trabajando para allanar el camino de quienes dedican su vida a esa otra “fábrica sin techo”, como ellos llaman al campo.

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Los trabajadores de Duralex transforman la empresa en un cooperativa para evitar el cierre, Albert Solé

11/08/2024    
Salvador Valverde

 La famosa marca de cristalería llevaba años cambiando de dueños y con constantes problemas económicos 

Las vajillas de los mejores restaurantes del mundo salen de este pequeño taller del Poblenou


Duralex se reinventa como cooperativa para evitar a la gente

La vajilla ámbar presente en muchas casas españolas de los ochenta.duralex

La emblemática marca Duralex, auténtico icono nacional en Francia y reconocible en España gracias a sus piezas transparentes de color rojo o verde, ha iniciado una nueva vida y se ha convertido en una forma de colaboración. Tras 20 años, problemas económicos y una suspensión de pagos en abril, la empresa de vajillas indestructibles fue salvada por sus 226 trabajadores. Desde 2021, la empresa pertenece a un grupo francés que también comercializa otro tipo de vidrio. Pero el modelo ha cambiado. Para evitar a la chica, ahora habrá empleados que trabajarán para las naderías de la marca, gracias a una cooperativa de producción (SCOP). La modalidad les permite poseer menos del 51% del capital y tener derecho a voto en las decisiones importantes.

El 26 de julio, el tribunal comercial de Orleans, ciudad cercana a su planta de producción, validó el proyecto presentado por la dirección y al que respondió el ayuntamiento de sus empleados. La empresa consideró que transformar la marca en cooperativa sería una propiedad sólida para el futuro de la empresa. Mucho más que otras ofertas presentadas por empresas industriales. El primero es el de los fabricantes de vidrio y propone retener a 183 de los 226 empleados de la empresa. Luego, con dos financieras, deberán quedarse con los 125. La SCOP, a cambio, se quedará con todos los puntos.

La decisión del tribunal puso fin a unos meses de incertidumbre y acabó con la vida de los trabajadores de la única fábrica que había en Francia, en La Chapelle-Saint-Mesmin, una localidad de 10.000 habitantes situada a 120 kilómetros de la citada París. Se trata de un «proyecto comercial y de marketing coherente y serio» que cuenta con «todas las garantías» y que parece capaz de mantener «la actividad de los empleados en condiciones viables», justifica la ley. El plan, reembolsado en más del 60% de la planta, cuenta también con el apoyo de los entes locales y regionales, lo que supone una garantía para el mantenimiento del empresario en la zona.

“¡Duralex se está escapando!”, celebró Roland Lescure, Ministro de Industria Destacada. en la red social. François Bonneau, el presidente de la región Centro-Val de Loira Donde está ubicada la fábrica, se ha hecho cargo de la victoria que involucra a la industria y a la patronal de la zona, y ha registrado el apoy

o de la región al proyecto, con un adelanto reembolsable de un millón de euros y ayudas para garantizar préstamos bancarios. . El alcalde de Orleans, Serge Grouard, también celebró la decisión del tribunal. El Ayuntamiento ofreció comprar el terreno de la cristalera por un importe estimado entre 5 y 8 millones de euros.

Un modelo de gestión alternativo

Duralex, con clientes en 110 países, ha enfrentado problemas financieros durante varias décadas. Hace una semana todo en Puntaba estaba roto. En 2022, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania afectó a la empresa, que se vio obligada a hibernar su calefacción durante cinco meses por el horror de los gastos. La decisión fue radical y pudo tenerse en cuenta por las reservas acumuladas en los almacenes, equivalentes a estos meses de producción.

La empresa, que en aquel momento pudo trabajar con sus empleados en ERTE, puede reiniciar sus actividades gracias a un préstamo del Estado francés de 15 millones de euros. Pero la ayuda no es suficiente. En 2023, la fabricación del Nuevo Duralex Internacional, en casa, costará 24,6 millones de euros. En 2022 ganaron 31 millones.

La empresa modelo de vidrio también estudió en el comercio hace dos años, en plena era de la covid-19 en 2020. En ese momento, Duralex, con 248 empleados, solicitó un proceso de administración judicial con miras a su venta. Finalmente fue absorbida por el grupo francés International Cookware -ahora La Maison française du verre-, también propietario de la marca de vajillas de vidrio Pyrex. Yo tampoco he estado en este mes de abril. Pero con una diferencia: la vidriería hecho en franciaHoy he sido adquirido por nuestros propios empleados.

«No queremos volver a vivir la misma situación durante un año», declaró en conversación telefónica Suliman El Moussaoui, delegado sindical de la Confederación Democrática del Trabajo de Francia (CFDT), el mayor sindicato de Francia, y alcalde de esta empresa. «Decidimos llegar a nuestro destino por nuestras propias manos y gestionar nuestro propio negocio», añade este trabajador de 43 años que alcanzó el puesto 17 en Duralex.

Es cierto que con el cambio de dueños también habrá un cambio de filosofía empresarial. “Los ex funcionarios están ganando dinero, no retrocediendo. Y, sobre todo, te beneficias de las ayudas estatales. No queremos ganar el dinero. Ahora con SCOP podemos tener un mejor control sobre las cuentas”.

El modelo es sencillo y conecta gracias a una gran movilidad colectiva. El régimen de la sociedad cooperativa estipula que cada persona jurídica representa un voto en las juntas generales, lo que significa el monto del capital adquirido. Los empleados de la SCOP son los socioalcaldes de la empresa y comparten de manera equitativa tanto los riesgos como las principales decisiones estratégicas. Esta modalidad organizativa no significa que no haya conflictos, si los empleados tienen voz.

“Es un retroceso de los empleados en la permanencia de sus herramientas de producción y de sus habilidades. Es un proyecto a gran escala, con un compromiso”, explicó Vincent Vicart, economista del CEPII, un centro francés de investigación en economía internacional, a la emisora ​​France Culture.

En Francia, hay un total de 2.697 SCOP con 60.056 empleados, desde 2023 de la confederación general de estas cooperativas. Además, los estatutos preveían una presentación justa de los beneficios anuales de la empresa. Una parte se destina a todos los empleados en forma de participación en los beneficios o salario adicional. Otra cosa es para los empleados sociales en forma de dividendos.

El proyecto de la dirección y la mayor parte de la fábrica promete diversificar la oferta de productos, ampliar mercados y desarrollar alianzas. España – donde la familia Alcántara utilizó la vajilla en la serie Dime– este es su segundo mercado importante. Pero el nuevo ruido no fue aceptado por unanimidad y debió ser convocado por parte de los trabajadores y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato, que había sido presentado por otra oferta.

El objetivo, por ahora, es apoyar la producción y mantener viva la marca. Más de 100 trabajadores invirtieron 500 euros para los gastos más urgentes, según la CFDT. El tiempo libre y el desafío son inmensos. El director de la fábrica, François Marciano, animó a los franceses a volver a adquirir la emblemática botella, robusta e irreductible. La empresa, creada en 1945, revolucionó un sector que utilizaba principalmente la tierra y que actualmente adolece de numerosas dificultades. Ahora queda ver si la empresa, como debe insistir, es realmente irreductible.

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miércoles, 30 de octubre de 2024

Pueblos Vivos Cuenca ¿Qué frena el desarrollo de la España rural?

 13/10/2024  

NUESTRA ASOCIACIÓN

Participamos en el 5º Encuentro Estatal Stop Ganadería Industrial

La localidad toledana de Retamoso de la Jara ha celebrado un nuevo encuentro estatal de la Coordinador Stop Ganadería Industrial con el foco puesto, entre otros asuntos, en el fin del periodo de moratoria para la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha, previsto para el 31 de diciembre de 2024,

En el encuentro también se ha expresado “preocupación” por lo que consideran “la nueva amenaza” para los pueblos: la instalación de plantas de biogás. Y no solo en esta comunidad autónoma, porque proliferan proyectos por todo el país.

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De hecho, la consejera de Desarrollo Sostenible de C-LM, Mercedes Gómez, ha hablado de las bondades del Plan de Biometano que está preparando la Junta, en un evento organizado por Cepsa.

Parece desconocer la consejera la multitud de problemas que están acarreando estas plantas en las localidades donde se instalan, como por ejemplo en Llutxent (Valencia), cuyos vecinos protestaron esta semana ante TVE:

NOTICIAS

La falta de casas frena el desarrollo en la España rural

El mal estado de los edificios y el valor sentimental que les dan sus dueños lastra la oferta de vivienda de alquiler en los municipios pequeños.

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Concentraciones ante los hospitales contra los recortes en sanidad

Protesta en el Hospital de Cuenca

Trabajadores del ámbito sanitario se han concentrado a las puertas de los hospitales de las capitales de provincia de la región, para protestar por las restricciones en las contrataciones en el Sescam.

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El activismo vecinal logra modificar las normas urbanísticas que paran el establecimiento de macrogranjas en Jumilla

Ha sido un largo camino desde que el verano de 2020 la vecindad y las diferentes entidades, asociaciones y colectivos de Jumilla y de la comarca (Yecla y Cieza), en su derecho constitucional a un medioambiente saludable, se unieron para defender una forma de vida sostenible ahora, y en la que seamos capaces de dejar a las generaciones venideras los recursos necesarios para una vida plena.

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El Ayuntamiento de Almansa deniega la Licencia de Actividad a la Planta de Biogás

“Desde el Ayuntamiento, no podíamos consentir que los vecinos tuviéramos que soportar los malos olores propios de una empresa de estas características. En ningún caso la empresa justifica cómo evitaría el riesgo de que se produjeran. Se ha concluido que aún en el mejor escenario posible, con todas las medidas correctoras en funcionamiento, la contaminación por olores tiene una alta probabilidad en algunas zonas de segundas residencias y de la zona industrial de ‘El Saladar’ (no olvidemos que la reindustrialización de la ciudad pasa obligatoriamente por esa zona), además de que no pueden descartarse afecciones a zonas más amplias en caso de algún tipo de mal funcionamiento”. 

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LECTURA RECOMENDADA

La Política Agraria Común (PAC), que representa un tercio del presupuesto total de la UE, ha apoyado económicamente a los productores agrarios con los objetivos de garantizar una renta justa y mejorar su competitividad y su posición en la cadena de valor.

Entre sus objetivos actuales también se incluye disminuir el impacto de la agricultura en los ecosistemas y la biodiversidad. Según el Plan Estratégico de la PAC de España, la herramienta para la consecución de dichos objetivos son los ecoesquemas.

Estas medidas, que cuentan con un amplio apoyo social y científico, han espoleado una reacción muy crítica por parte del sector agrario español y europeo.

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VÍDEO RECOMENDADO

¿El biogás como solución energética o ambiental?

Continuamente nos muestran el biogás como una solución más para la mejora ambiental. En este vídeo te ayudan a descubrir la realidad.

RUTA SUGERIDA

Un recorrido por Campos del Paraíso

Nos vamos esta vez hasta el municipio de Campos del Paraíso, constituido por los pueblos de Carrascosa del Campo, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Loranca del Campo y Olmedilla del Campo.

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Colabora en la defensa de los pueblos de Cuenca

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Alarma en la Sierra de Peñamayor por la aprobación de un nuevo proyecto de investigación minera. ELSALTODIARIO.COM

 ELSALTODIARIO.COM   Ismael Juárez  31 AGO 2024

El proyecto Astur A para la investigación minera amenaza a los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El Gobierno autonómico insiste en que la investigación no implica que se vaya a explotar el paisaje, pero los precedentes justifican las protestas.

Panorámica desde Pico La Vara. Foto Guitarra Nalon (CC BY-NC)

Todas las reacciones:
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Los vecinos de cuatro municipios asturianos y los ecologistas acaban de perder la batalla en lo que califican “un nuevo episodio de especulación minera”. El Gobierno de Asturias ha desestimado esta semana el recurso de reposición que la plataforma vecinal Salvemos Peñamayor y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies habían presentado contra un proyecto de investigación minera que pretende explorar la presencia de cobalto, níquel, cobre, oro y plata en los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El gobierno asturiano insiste en que este proyecto, denominado “Astur A”, tiene “como objetivo exclusivo la investigación” y argumenta que “la concesión de un permiso de estas características no implica necesariamente la apertura de una explotación”.

Fructuoso Pontigo, voz histórica del ecologismo asturiano, señala que hay cierta “trampa” en esta afirmación ya que “el derecho a investigar, a explorar, concede un beneficio. Es decir, si tú acreditas que hay recursos en una determinada zona y que es viable su explotación, es muy difícil que luego puedan negarte el derecho a dicha explotación.”

Un informe realizado por Ecologistas en Acción en 2019 señalaba que una compañía minera puede demandar a un gobierno si se retira el permiso para uno de sus proyectos y que la herramienta que las empresas utilizan para ello es el tribunal de arbitraje internacional establecido por el Tratado de la Carta de la Energía y su mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados, que prevé que las comunidades autónomas otorguen indemnizaciones por daños a los inversores cuando un proyecto se detiene debido a la oposición social o a otros motivos. Si bien la UE se ha retirado recientemente del Tratado de la Carta de Energía, salida que se hará efectiva por parte de España el 17 de abril de 2025, dicho tratado tiene una cláusula por la que sus disposiciones se seguirán aplicando durante 20 años a los países que opten por retirarse.

Lo llamativo del caso, “aunque no es tan llamativo porque está ocurriendo en todas partes”, según Pontigo, es que el derecho a investigar se lo han concedido a la empresa Asturmet Recursos S.L, “una empresa unipersonal, con un capital social de 3.000 euros, que a su vez es filial de la británica Technology Minerals PLC. Ninguna de las dos se dedica a la explotación minera, sino a la exploración. “Es decir”, insiste este experto, “aquí hay toda una cadena de especulación. Ellos ahora no tienen permiso de extracción, sino de investigación, pero como he dicho, al investigar, luego no les van a poder quitar el derecho de explotación. Y este tipo de empresas lo que hacen luego es vender ese derecho a otras empresas que sí explotan o incluso a otras empresas intermediarias que trafican con este derecho”. Añade que “aquí en Asturias la mayoría de los proyectos se hacen así, se traspasan de unas empresas a otras.”

El informe de 2019 ya alertaba de que la abstracción financiera de la minería permite a compañías como Asturmet Recursos SL, empresas que no tienen capacidad para la explotación, utilizar los recursos minerales como forma de especular de forma legal.

En suelo asturiano “solo hay dos empresas que están funcionando y que tienen capacidad de explotación, además de estar llevando proyectos de investigación. Una es Orovalle, que, en realidad, es una filial de la empresa canadiense Orvana; y Minersa”, que tiene su sede en Euskadi, pero cuyo principal accionista es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance S.A., controlada a su vez por la estadounidense Blackstone. El resto de proyectos en suelo asturiano, “y suman más de cuarenta”, señala Pontigo, son proyectos de investigación que se llevan a cabo por medio de empresas intermediarias.

Desde la plataforma Salvemos Peñamayor lamentan que “si llegara a haber una explotación en el futuro, nosotros no sabemos a día de hoy qué empresa la llevaría a cabo porque dependería de quién compra esos derechos de explotación.” En este sentido, se muestran muy críticos con las reciente declaraciones de la Consejera de Transición Energética en las que se refirió al proyecto “Astur A” como “investigación científica”, “cuando eso no tiene ningún sentido porque lo que se está investigando son materias primas minerales de carácter estratégico, declaradas así por la Unión Europea. Todos sabemos que este proyecto de investigación se hace para ver si pueden abrir una explotación minera rentable. Y lo están haciendo sin contar con los vecinos”.

Efectos nocivos de la investigación minera

“Cuando hablas de una mina, la gente piensa en las minas de antes, en las de carbón”, razona Fructuoso Pontigo, “pero este tipo de materias primas que están buscando son distintas porque hay otro tipo de materiales asociados a este tipo de extracciones. Esto lo podemos ver en las minas de oro que los romanos explotaron en Salave. Después de dos mil años la zona sigue contaminada porque los materiales que pretenden extraer están en proporciones de gramo por tonelada, con lo cual hay que triturar todo ese material, hay que tratarlo con productos como el arsénico, el cianuro o el ácido sulfúrico”.  Además, “el carbón se trabaja a grandes profundidades, pero no es el caso de estos materiales que se extraen mucho más cerca de la superficie”.

Los vecinos y los ecologistas aseguran que estas explotaciones van a tener un efecto notable en el paisaje y pérdidas de agua en lugares eminentemente ganaderos, y donde también se está tratando de potenciar un turismo rural asociado al senderismo y al deporte, “pero donde quieren poner a circular camiones que sacarán materiales de una planta de clasificación de materiales y residuos”.

El proyecto “Astur A” no es el único. Hay otros proyectos de investigación en ciernes en diversos municipios asturianos: “Astur B”, “Astur C” y “Astur D”. Los vecinos todavía manejan la posibilidad de poder parar todos estos intentos de exploración “mediante recursos que ya se han puesto y se seguirán poniendo”.

Desde la plataforma “Salvemos Peñamayor” tienen claro que no quieren que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación “porque eso abre la puerta a la explotación minera, dentro de un marco especulativo, y porque además el propio proyecto de investigación tiene sus riesgos.” Por eso creen que “si el Gobierno del Principado de Asturias o el Estado quieren conocer a nivel geológico los terrenos, que es algo comprensible, deberían ser las administraciones las que a través de universidades y empresas contratadas lo llevaran a cabo, no a través de empresas intermediarias que especulan con los derechos de explotación y las venden luego al mejor postor.”

Los vecinos no sabían nada del proyecto

Vecinos y ecologistas aseguran que se enteraron de este proyecto en junio pasado, “aunque se había presentado en 2021”. Desde “Salvemos Peñamayor” explican que “el gobierno asturiano lo había publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) y los ayuntamientos, supuestamente, tan solo pusieron una nota del asunto en el tablón de corcho de cada ayuntamiento, pero nadie se había enterado de nada hasta este año. Ni los vecinos, ni las empresas que pueden verse afectadas por este proyecto de investigación.”

El gobierno asturiano se defiende argumentando que los procedimientos para informar sobre la concesión de este derecho a investigar y explorar materias primas ha sido respetado, según obliga la ley vigente, y que en su momento nadie presentó alegaciones. “Puede que respetaran la ley, pero claramente la ley es insuficiente porque las miles de personas que vivimos en estos cuatro municipios no nos habíamos enterado. En cuanto lo supimos en junio, hicimos una asamblea a la que asistieron cientos de personas, se formó una movilización vecinal, nació una plataforma y a continuación pusimos una serie de recursos a marchas forzadas.” Es por esto que desde la plataforma creen que desde el Principado de Asturias y desde los ayuntamientos “deberían reflexionar un poco sobre lo que significa 'información pública'. No se pueden escudar en que han cumplido el trámite cuando la verdad objetiva es que al final nadie se había enterado”.

Lo cierto es que la ley española prevé una participación meramente reactiva. Como ha denunciado Ecologistas en Acción en su informe de 2019, en España “la administración se limita a publicar los anuncios en el boletín oficial pertinente y, en algunas ocasiones, a poner a disposición del público la documentación correspondiente. Esto además requiere a menudo la insistencia por parte de los ciudadanos”. El citado informe subraya que las organizaciones medioambientales y la ciudadanía se enfrentan continuamente a grandes dificultades para acceder a la información medioambiental en poder de las diversas autoridades mineras. Esto a menudo conduce a una violación de las obligaciones internacionales en términos de participación ciudadana y derechos de acceso a la información medioambiental sobre proyectos mineros.” Desde el ecologismo se insiste, además, que debe considerarse el derecho de las comunidades locales a decir no a la minería, ya que afecta a sus modos de vida, y todo ello debe estar basado en la participación ciudadana y en el consentimiento libre, previo e informado adecuada y efectivamente.

Especulación minera en España

El pasado marzo, el Consejo de la UE aprobó un Reglamento de Materias Primas Fundamentales. Con él se busca garantizar para el espacio comunitario el suministro de estas materias primas para la transición ecológica y otro tipo de industrias estratégicas. La UE necesita reducir su dependencia de China, pero la realidad es que las empresas extractivas con sede en la Europa comunitaria son una minoría y no se dispone de un fondo específico para financiar la extracción por lo que se está apostando por destinar el dinero para la exploración, algo que acaban haciendo pequeñas empresas y que, según Ecologistas en Acción, acaba promoviendo “prácticas mineras altamente especulativas, no sostenibles y poco responsables.”

El norte de Europa y la Península Ibérica son algunos de los espacios europeos donde hay mayores yacimientos de las llamadas Materias Primas Fundamentales y es en estos lugares donde en los últimos años se han incrementado la solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros. Tal  y como se ha señalado anteriormente en El Salto, el 95% de la licencias mineras de minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización se sitúan en cinco comunidades: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura. Por ese orden. Y los minerales que abarcan estas licencias son: aluminio, cobalto, cobre, grafito, estaño, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, uranio, vanadio y wolframio.

España se encuentra, de esta forma, en el centro de un contexto económico y geopolítico que está llevando a que, según denuncian desde Ecologistas en Acción, las comunidades autónomas estén realizando licitaciones públicas masivas de derechos mineros caducados “de modo que vastas áreas de terreno, muchas dentro de la Red Natura 2000, se ponen a disposición de las compañías mineras.”

Los ecologistas lo tienen claro: el interés de grandes corporaciones y de los inversores en economía responde a un afán especulativo alentado por la transición energética y digital. La estrategia de la UE de promover la minería en toda Europa está haciendo crecer, según ellos, la especulación, empujada en el caso español, por una ley de minas aún vigente que fue redactada durante el franquismo. Un diagnóstico general que se puede manifestar en casos locales como el de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. O como resume Fructuoso Pontigo: “Al final estamos hablando de especuladores que están saliendo al abrigo de muchos proyectos de este tipo que se están poniendo en marcha y que la Comisión Europea llama proyectos mineros de interés general”.

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OTRA COSA:  CTXT. Teoría del árbol, de Ricardo Aguilera

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