Miguel Ángel Muñoz Encinas
Madrid
14/07/2016
http://cadenaser.com/programa/2016/07/14/hoy_por_hoy/1468481082_935828.html
El 21 de junio, el diario
Público difundió unas
grabaciones del ministro del Interior conspirando con el jefe de la
Oficina Antifraude de Cataluña en busca de escándalos para perjudicar al independentismo. Esas conversaciones demuestran que
el Gobierno ha utilizado los resortes más opacos del Estado para combatir el secesionismo catalán desde hace años. Algo que también se ha hecho más reciéntemente contra Podemos.
Las grabaciones forman parte de un complejo puzle que se intuye pero
que no termina de encajar. ¿Existe una policía política a las órdenes
del Gobierno operando desde las denominadas cloacas del Estado?
La mayoría de esos escándalos que han afectado al independentismo
catalán, a sus partidos o a sus dirigentes ha tenido su origen en
investigaciones policiales de misteriosa procedencia: dossieres sin
membrete, informes sin firma, capturas de pantalla convenientemente
filtradas a los medios... Todo, facilitado desde los alrededores del
Ministerio del Interior. Algunas investigaciones han ido bien encaminadas, pero otras muchas no.
Por el contrario, de los numerosos casos de corrupción que han
sacudido al PP, ni uno solo ha tenido su origen en una investigación
policial. Todos han procedido de delaciones internas, de declaraciones
de arrepentidos o por la actuación de terceras personas o instituciones.
¿Cuándo empiezan a aparecer esas investigaciones policiales de las que nadie se responsabiliza?
Las primeras investigaciones surgen en verano de 2012. Las conversaciones difundidas por el diario
Público se publicaron cinco días antes de las
elecciones generales. El pasado miércoles, el propio ministro
Jorge Fernández Díaz seguía viendo una clara intencionalidad política en el momento en el que se habían difundido.
El ministro debía de saber bien de lo que hablaba porque ese criterio
de oportunidad política a la hora de difundir según qué informaciones
ha sido uno de los principios que ha guiado su actuación. En las propias
grabaciones reveladas por
Público, el ministro se retrata al hablar con
Daniel de Alfonso,
el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, sobre las investigaciones
que hay sobre dos destacados dirigentes convergentes, Felip Puig y
Francesc Homs, que entonces eran
conseller de Interior y portavoz de la Generalitat, respectivamente.
Esa conversación se produce apenas quince días antes de la
consulta separatista del 9 de noviembre de 2014. El ministro lo quería
"para la semana que viene" porque le interesaba políticamente.
Los primeros informes surgen en verano de 2012; es decir, pocos meses
antes de las elecciones anticipadas que convocó Artur Mas en Cataluña
de noviembre de ese año. El independentismo catalán está entonces en
plena efervescencia. Este es el contexto en el que empiezan a aparecer
esas opacas investigaciones policiales.
¿A quiénes investigan los primeros informes?
Los primeros dossieres investigan a personas de todo el ámbito independentista, desde
Artur Mas o
Jordi Pujol y toda su familia hasta
Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán que antes dirigió la Asamblea Nacional Catalana. También al exalcalde de Barcelona,
Xavier Trias, o a destacados miembros de Convergència y Esquerra, como demostraron las grabaciones de
Público.
Artur Mas, Jordi Pujol y las supuestas comisiones ilegales
En el verano de 2012 aparecen dossieres sin firma pero con membrete de la
UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, sobre el supuesto cobro de
comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol y Artur Mas. Les atribuyen fortunas acumuladas en bancos suizos que nunca se pudieron acreditar.
La entidad helvética Lombard Odier dice que esas cuentas no existen y
el Ministerio del Interior se quita de en medio
y asegura que no reconoce ese informe como oficial y que desconoce su
autoría. Todo esto llevó a Jordi Pujol a preguntarse el 11 de enero de
2013 "
¿qué coño es esto de la UDEF?".
Supuesto blanqueo de capitales de Jordi Pujol Ferrusola
En verano de 2013, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola denuncia,
acompañada de policías de la UDEF, el supuesto blanqueo de capitales y
fraude fiscal de su exnovio.
A raíz de esa denuncia, el juez Pablo Ruz abrió una investigación que destapó el supuesto
pago de ocho millones de euros en comisiones ilegales
por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña al
hijo mayor del expresidente catalán durante casi una década. Jordi Pujol
Ferrusola está imputado por blanqueo de capitales. La causa sigue
instruyéndose en la Audiencia Nacional.
El patrimonio de Oleguer Pujol
En el verano de 2014, la UDEF llevó a la Fiscalía Anticorrupción un
dossier sobre el patrimonio multimillonario de otro hijo de Jordi Pujol,
Oleguer, con la sospecha de que procedía de
comisiones ilegales cobradas por su padre.
El informe le atribuye una fortuna de 300 millones de euros y un
patrimonio inmobiliario valorado en más de 2.000 millones. Ninguna de
las dos denuncias resultó cierta.
Oleguer Pujol está imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito fiscal vinculado a unos beneficios cobrados en el extranjero y no declarados, no por lo que decía ese dossier.
La cuenta en Andorra de Jordi Pujol
En verano de 2014, la Policía acreditó la existencia de una cuenta
corriente en un banco andorrano a nombre del expresident Jordi Pujol.
Nadie había ordenado esa investigación.
El cuerpo filtró la noticia al diario El Mundo.
Pujol reaccionó con un comunicado en el que
reconocía la existencia de esa cuenta pero la vinculaba a un dinero que le dejó en herencia su padre.
Sin embargo, la investigación judicial sobre las cuentas de los Pujol
en Andorra acreditó movimientos de ingentes cantidades de dinero de
origen desconocido que se repartieron todos sus hijos durante años.
A raíz de aquello, el Parlament abrió una comisión de investigación en la que compareció un altivo y desafiante Jordi Pujol. El
expresident no entendía que le estuvieran haciendo eso a él y
dio a entender que igual no caía solo si se escrutaba igual a toda la clase política.
Pujol intentó justificarse diciendo que él no entró en política para
hacer dinero, que ya tenía dinero antes de entrar en política, aunque
existan enormes cantidades que aún no haya podido probar de dónde han
salido.
La cuenta en Suiza de Xavier Trias
El 27 de octubre de 2014, dos semanas antes de la consulta independentista del 9-N,
la Policía filtró a El Mundo la existencia de una supuesta cuenta en Suiza del entonces alcalde de Barcelona con casi 13 millones de euros. Para tratar de acreditar la autenticidad
el diario llegó a publicar el número de cuenta corriente.
Esa misma mañana del 27 de octubre, visiblemente enfadado,
Trías negó tajantemente en la Cadena SER la existencia de esa cuenta.
El exalcalde de Barcelona logró que
el banco UBS certificara que no tiene ningún dinero guardado en esa entidad y que el número de cuenta publicado ni siquiera corresponde a la numeración que utiliza ese banco. Consecuentemente,
la fiscalía archivó la investigación porque no había motivos para seguir con ella.
Los dossieres sobre Carme Forcadell
Como reveló la Cadena SER,
la Policía también elaboró y distribuyó informes sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
que fue antes presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las
instituciones civiles que más ha impulsado el indepedentismo.
Se investigó a Forcadell y también a su marido, a sus hijos, hermanos
y a los principales miembros de la asociación, a los que se llega a
vincular con ETA. Nada de eso se ha demostrado.
De todas las investigaciones sobre el entorno del independentismo
catalán, solo dos iban bien encaminadas: las del dinero del clan Pujol
en Andorra y sus tejemanejes. El resto era
mercancía averiada.
La financiación de Podemos y el informe PISA
El secesionismo catalán no ha sido el único objetivo de la Policía. Desde el verano pasado, también
Podemos
pasó a ser algo prioritario. Como consecuencia de la amenaza que supone
la formación de Pablo Iglesias para la hegemonía del PP en
ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de España, determinados
departamentos policiales trabajan para hurgar en las finanzas de la
formación morada.
Agentes de la UDEF acumulan informaciones sobre las cuentas de Podemos con las que hacer
un informe, denominado PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que
intentan colocar en el Tribunal Supremo y
en la Audiencia Nacional
para que se impute a los dirigentes del partido por financiación
ilegal. Tanto jueces como fiscales tumban el informe. Después de que el
dossier saliera a la luz, Pablo Iglesias apuntó directamente al
Gobierno.
El jefe de la UDEF terminó enviando el informe PISA al Tribunal de Cuentas, que aceptó
incorporarlo a sus trabajos de auditoria sobre la financiación del nuevo partido político.
En paralelo también hay otro intento de poner en cuestión las finanzas de Podemos.
Varios agentes de la UDEF visitaron en Estados Unidos al que fue ministro del Poder Popular para las Finanzas de Hugo Chávez.
Los policías querían que ratificase en una declaración la veracidad de
un documento en el que el entonces presidente venezolano aprobó destinar
siete millones de euros a crear en España "fuerzas políticas y
movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más
afines al gobierno bolivariano", en lo que la Policía considera una
clara referencia al nacimiento de Podemos. Se levantó atestado policial
de aquella iniciativa, no avalada por ningún juez, que a día de hoy aún
no se ha judicializado.
Ninguna iniciativa sobre los escándalos del PP
De todos los grandes escándalos de corrupción que han afectado a dirigentes del PP (el
caso Rato, el
caso Gürtel, el
caso Púnica, el
caso Gustavo de Arístegui-Pedro Gómez De la Serna, el
caso Bárcenas...),
ninguno ha tenido su origen en una investigación por iniciativa de la
Policía, sino en la denuncia de arrepentidos, terceras personas o
instituciones.
Qué dice el Gobierno
La Cadena SER ha ofrecido a Jorge Fernández Díaz que dé su versión
pero el ministro del Interior en funciones ha declinado la invitación.
De todas formas, como hemos comprobado, cada vez que una investigación
policial ha hecho agua, el Ministerio ha negado la oficialidad de los
documentos.
A Fernández Díaz se le preguntó en el Congreso por la actuación de
una parte de su departamento, pero lo ha negó todo, como el pasado 6 de
abril, antes de que el diario
Público desvelara las grabaciones
en las que el ministro habla abiertamente de filtrar a los medios
investigaciones policiales sobre políticos independentistas catalanes.
En noviembre de 2014, el ministro aseguró en el Congreso que, ante
los primeros indicios sobre la supuesta cuenta en Suiza de Xavier Trias,
su departamento ordenó a la Policía que indagara sobre esta y que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "como es su obligación",
abrieron una investigación y la trasladaron a la Fiscalía
Anticorrupción. También aseguró que, después de que
El Mundo publicara sus portadas sobre el entonces alcalde de Barcelona, Asuntos Internos buscaba el origen de la filtración.
Sobre el origen de audios y su posterior filtración, no sobre su contenido,
el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación.
Patricia López, la periodista que las reveló, sospecha que está en el
punto de mira de la Policía. "No tengo constancia legal puesto que no
existe todavía un juez que esté encargado de todos estos hechos y los
investigadores de la comisaría general de la Policía Judicial no pueden
realizar determinadas investigaciones, como [rastrear] el
posicionamiento de mi teléfono o del teléfono de Carlos Enrique Bayo [el
director de
Público], los correos electrónicos que hayamos
podido recibir o enviar... Para todo eso se necesita una orden judicial
que, en estos momentos, la Policía no tiene", explica López. "Pero sí
nos han llegado informaciones, incluso por propios policias, de que
saben que nos hemos reunido con alguien en un parque. A lo mejor esas
reuniones no tienen absolutamente nada que ver con las grabaciones del
ministro del Interior, pero nos sorprende que miembros del Cuerpo
Nacional de Policía puedan saber que esas reuniones se han efectuado",
añade.
¿Puede investigar a personas sobre las que no pesa denuncia alguna y sin que medie ninguna orden judicial?
La Policía tiene "capacidad de investigar", pero "está completamente
prohibido" que lo haga con "carácter prospectivo", es decir, que indague
sobre una persona para ver si encuentra algo sospechoso, explica Álvaro
García, de la Unión Progresista de Fiscales.
Dadas las capacidades de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, éstas deben tener "mucho cuidado" en cómo las
ejercen, explica García. Excepcionalmente, recuerda, en supuestos como
yihadismo o terrorismo se establecen observaciones sobre algunos grupos
de persona de riesgo, pero únicamente cuando está en juego la seguridad
del Estado.
"Lo que no podemos tener es una Policía de la que desconfiemos, que se instrumentalice con otros fines", zanja Álvaro García.
