De la conspiración a la sublevación antirrepublicana: Aquel 20 de julio de 1936 en Granada

Rafael Gil Bracero, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y una de las referencias más acreditadas en la provincia sobre la Guerra Civil, firma este relato especial sobre los días previos en Granada a la sublevación. Con este artículo y las informaciones que publicaremos en días sucesivos, El Independiente de Granada quiere rendir homenaje a los que lucharon por la II República, legítimamente constituida, en el 80 aniversario del inicio de la cruel Guerra Civil. 

http://www.elindependientedegranada.es/cultura/conspiracion-sublevacion-antirrepublicana-20-julio-1936-granada Rafael Gil Bracero - Domingo, 17 de Julio de 2016

P.V.M.

Tapia del Cementerio de Granada. declarado Lugar de la Memoria Histórica.

La sublevación antirrepublicana del 36 se retrasó en Granada hasta el 20 de julio, hasta primeras horas de aquella tarde. De inmediato se controlaron y detuvieron a las autoridades legítimas de la República y se procedió a desarrollar el terror, en el que participaron elementos militares y civiles, con protagonismo de los falangistas y militantes cedistas fascistizados.

En la primavera de 1936 se registran los primeros movimientos de una trama conspirativa militar de marcado sesgo antirrepublicano y antidemocrático en Granada. Trama conspirativa que cuenta con cualificada participación de la derecha tradicional y la ultraderecha fascista de la época (los monárquicos, los tradicionalistas-carlistas, los católicos de la CEDA, los “camisas viejas” de la Falange Española, los “jonsistas”) quienes respaldaron y alentaron al mando militar para derrocar al gobierno legítimo mediante una insurrección armada. Para cierto sector de la derecha -sin duda asustada ante el triunfo de las izquierdas y los avances del Frente Popular- sería la insurrección militar una solución defensiva ....”porque -según se lee en el editorial de 1 de julio de IDEAL- todavía es tiempo de unirnos a quienes luchan para salvar los principios tradicionales de España y volver a una organización donde el espíritu ocupe el cenit de la jerarquía. Llegamos cuando más falta hacen los luchadores”.

Una conspiración militar que en todo caso obtuvo en éxito parcial porque el desenlace del pronunciamiento en Granada se decidió casi tres días después que en el resto de España sublevada: fue realidad sólo a partir de las seis de la tarde del lunes 20 de julio de 1936. La salida del ejército a la calle, acompañado de varias decenas de voluntarios civiles vino a ser más el resultado de la decisión de varios jefes que actúan in extremis frente -y para eludir- la escrupulosa legalidad con que se conducen tanto el Comandante Militar de la Plaza, el general Miguel Campins Aura, como el gobernador civil César Torres Martínez y el resto de autoridades locales desde los parlamentarios como directivos de partidos, sindicatos y concejales de la capital y pueblos granadinos.

No hubo unanimidad rebelde, por lo que no es correcto hablar de “Alzamiento” del Ejército como un todo monolítico, lo que explicaría las dudas y dilacciones de los tres días que median entre el 17 y el 20 de julio de 1936 en Granada capital. Respecto a la conspiración civil tampoco hay una iniciativa clara por las direcciones de partidos políticos, si bien el objetivo último de la insurrección militar coincide con los intereses que aquellos persiguen. Si se advierte un protagonismo de la Falange Española es porque en ella militan destacados rebeldes (Valdés, Nestares), falangistas, monárquicos, cedistas que se pliegan a las condiciones de los militares. Granada va a ser fácilmente dominada por los uniformes militares tan pronto como se neutralice al general Campins Aura y a un grupo reducido de oficiales reacios a proclamar el estado de guerra y a sacar las fuerzas a la calle contra la legalidad republicana.

El General Miguel Campins Aura en calidad de Comandante Militar de la Plaza de Granada mantuvo desde la tarde noche del 17 de julio su firme postura de permanecer al lado del Gobierno: “en Granada no habría un soldado rebelde” dijo al último gobernador civil republicano César Torres Martínez. Frente a esa firme resolución -que al final le costó la vida- los conspiradores pensaron que “aquí no queda más remedio que emplear las pistolas”. La determinación de Campins se explica por su sentido del deber, por sus convicciones liberales y su elevado sentido profesional de la milicia al servicio del poder civil y de la legalidad. Considera Campins que no se daban condiciones en Granada que justificaran “un bollo y aventura militar”. Como él mismo dejara escrito tampoco conocía los planes que tramaban desde meses en los acuartelamientos de la guarnición granadina....Por el contrario para los intereses de los rebeldes, la lealtad del Comandante Militar era un obstáculo que ponía en peligro la insurrección armada en la demarcación territorial.

El acoso y vigilancia de los jefes y oficiales hacia Campins se acentúa cuando se conoce su negativa a proclamar el estado de guerra en los termino categóricos y duros que le manda el general Queipo de Llano (el nuevo “virrey de Andalucía”), quien ya desde esas primeras horas solicita y actúa de forma dura y cruel contra todos los opuestos al Alzamiento. Desechada la solución Campins, la dirección rebelde (Muñoz Jiménez, Rodríguez Bouzo, Rosaleny Burguet, Valdés Guzmán) se aprestarán a cerrar el compromiso de la oficialidad de Infantería, Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad y Asalto y Comisaría de Vigilancia. Ciertamente hubo que vencer alguna duda o reticencia del Arma de Infantería (Basilio León Maestre esgrimiría la escasa guarnición, escaso municionamiento y una clase de suboficiales y tropa poco propicia a asonadas e intentonas militares).

Esas dudas derivaron en reuniones y movimientos de enlace en los que sobresalen por su “habilidad” los capitanes José María Nestares Cuéllar, Mariano Pelayo Navarro y Antonio Fernández Sánchez. Tras dos días de encuentros más o menos clandestinos en los cuartos de banderas de los regimientos, los jefes y oficiales rebeldes lograron el apoyo de todos las armas e institutos de orden público con sede en la capital de la provincia y además habrían logrado el respaldo de la Falange Española, de la CEDA y de los monárquicos quienes se van a incorporar a una hora determinada al grueso de las fuerzas que operen en la calle.

Mientras esto ocurría en la parte rebelde las dos máximas autoridades republicanas -el gobernador civil y el comandante militar- respetaron la legalidad con escrupulosidad que se demostró más tarde suicida para la suerte del régimen. Confiaron en que nada iba a suceder por lo que se negaron armar y repartir municionamiento a los grupos milicianos y sindicalistas que las reclamaban.... para impedir cualquier intento insurreccional.

Se ultimaba un plan de ocupación del centro de capital de Granada (para el día 21) cuando los preparativos hubieron que adelantarse a la tarde del lunes 20 de julio de 1936, ¡casi tres días después de la sublevación de la guarnición de Africa!. El desencadenante fue la orden cursada desde la Comandancia Militar a los jefes y oficiales para organizar una milicia armada que debía socorrer a los gubernamentales de Córdoba y la propia constatación de que se iba a proceder a entregar armas a voluntarios que se habrían desplazado desde Jaén por encargo del gobernador y partidos republicanos.

Rafael Gil Bracero es desde 2012 presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Autor de numerosas publicaciones, como Revolucionarios sin revolución: marxistas y anarcosindicalistas en guerra, Granada-Baza, 1936-1939 (Universidad de Granada, 1998);  Caciques contra socialistas: poder y conflictos en los ayuntamientos de la república, Granada 1931-1936, junto a Mario López Martín, Diputación Provincial de Granada, 1997 o Motril en guerra: de la República al franquismo (1931-1939), también junto a Mario López Martín (El Varadero de Motril (Granada) : Asukaría Mediterránea, 1997). Es profesor de Historia en la Universidad de Granada.