11 de mayo de 2025 Ruth Toledano
10.04.2025 RTVE. ES (TEXTO) / A. VERDUGO (VÍDEO)
"Quien no conoce su historia está condenado a repetirla". Con esta célebre frase, el filósofo y escritor español George Santayana quería resaltar la importancia de aprender nuestro pasado para evitar los mismos errores en el futuro. Un mantra que para Guillermo García, profesor en el IES La Cabrera (Madrid), no son palabras vacías, sino el núcleo de su asignatura.
Sus alumnos de 4º de ESO aprenden el qué, pero también el cómo y el porqué de lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista. "Una enseñanza siempre desde el lado de las víctimas", subraya durante sus clases.
Imagen de Guillermo García y algunos de sus alumnos durante una de las clases.
"Quiero saber lo que han vivido mis antepasados y otras personas", comenta a TVE una de sus alumnas. Muchos presentan curiosidad e interés, aunque este profesor de Geografía admite que el primer día llegaron como un folio en blanco, sin saber reconocer las fuentes fiables.
"Hoy en día, hay muchas tesis revisionistas sobre la Guerra Civil y la dictadura de Franco contrarias a todo el consenso científico", comenta García. Frente a esta cascada desinformativa, este docente apuesta por fomentar el pensamiento crítico.
"La concentración del poder, el uso de las violencias, la discriminación por etnia, sexo o u orientación sexual. Nos pensamos que son elementos que habían desaparecido, pero que están volviendo", explica a TVE Enrique López, colaborador de Aulas con memoria, un proyecto para aprender historia desde las aulas.
A la hora de profundizar sobre temas históricos como la Guerra Civil o el franquismo, ambos profesores lamentan la falta de tiempo. "Son temas que no se ven tanto en historia", asegura otra de las alumnas, que echa de menos la falta de materiales didácticos.
Aunque el proyecto se encuentra en una fase inicial, ya cuentan con 25 guías elaboradas por expertos del CSIC. Se trata de un primer paso para que estimular la memoria en las aulas.
Marta Montojo Mont-roig del Camp (Tarragona) — 5 de mayo de 2025
Acampada de la protesta.
Llegar ahí tiene su complejidad. Hasta el viernes no se sabrá la ubicación exacta del lugar. Sólo unos pocos activistas conocen las coordenadas. Los móviles deben ir apagados o en modo avión.
Los coches que llegan el jueves por la noche para ayudar a preparar el campamento, han de respetar protocolos de seguridad.
Ya en las inmediaciones, intentando dar con alguno de los organizadores para llegar al terreno y visto el ambiente, surge una pregunta obvia: ¿Cuál ha sido el punto de contacto con ellos? “Digamos que funcionan como una cebolla, y nosotras hemos hablado con una de las capas”, contesta una activista del coche que ha salido desde Madrid el jueves por la mañana.
A las siete en punto del viernes habrá una asamblea para organizar la logística, nos dicen al recibirnos finalmente en un lugar de acampada provisional. A las siete de la mañana del viernes, ya desayunadas, varias decenas de personas en círculo escuchan las instrucciones. A lo largo del día hay que montar la cocina, los baños, los lavabos, la barra donde se servirán bebidas por la noche y una carpa y escenario que han remolcado desde Andalucía dos hermanos que se dedican al circo social.
En ese campamento improvisado en un olivar de Mont-roig del Camp (Tarragona), se estrena en público Revoltes de la Terra, un nuevo movimiento inspirado en el francés Soulèvements de la Terre (SLT). Nutrido en buena medida de la cultura asociativa del independentismo catalán, Revoltes de la Terra nace para ser una “constelación de luchas” por un interés común: la defensa del territorio y el anticapitalismo, explican sus impulsores.
El método de protesta de SLT—movimiento que el Gobierno francés quiso disolver al considerarlo “ecoterrorista”— mezcla lo lúdico y festivo con la acción directa. Por un lado, la vertiente más “festivalera”: un campamento donde se organizan actividades, talleres, conciertos e incluso zonas infantiles. Por otro, la más disruptiva: la protesta, con desobediencia civil, ocupación de terrenos privados —generalmente para frenar o sabotear proyectos industriales— y potenciales disturbios con la policía.
En el lugar de la acampada, un terreno cedido por los vecinos de Mont-roig a los activistas, más de mil personas se llegan a congregar el viernes, día en que la ubicación deja de ser secreta. Allí convergen militantes de grupos ecologistas como los de Extinction Rebellion —al menos una veintena de activistas de este colectivo acuden al encuentro— o de Ecologistas en Acción, movimientos por la vivienda, ecoaldeas, agrupaciones campesinas, centros sociales okupados, partidos políticos, organizaciones de jóvenes independentistas y sindicatos, entre otros.
El foco de la acción con la que se estrena este movimiento ecologista catalán es la fábrica de componentes para baterías de coches eléctricos que la multinacional surcoreana Lotte proyecta instalar en un terreno cercano al olivar de las revueltas de la tierra. Entre la urbanización Club Mont-roig y la fundación Más Miró —una masía en la que veraneó el artista Joan Miró—, la planta de Lotte Energy Materials espera producir cada año 30.000 toneladas de elecfoil, finas láminas de cobre para baterías eléctricas. El clima es favorable para esa producción, según la compañía, y el lugar es estratégico: hacia el norte, en Martorell (Barcelona), queda la fábrica de Seat. En el sur, en Sagunto (Valencia), Volkswagen impulsará una planta de baterías.
Los vecinos y agricultores de la región denuncian que la zona del Camp de Tarragona está ya muy castigada. La provincia acoge explotaciones energéticas (entre ellas, las centrales nucleares Vandellós II y Ascó), focos turísticos como Salou o el parque temático de Portaventura, complejos petroquímicos y una refinería de Repsol.
La sequía que asfixió en 2024 al Camp de Tarragona arruinó los cultivos de avellanas y de oliva. “Los avellanos han muerto casi al 100%, y los olivos al 80%”, lamentan desde Revolta Pagesa. También lo han sufrido los algarrobos y los almendros de secano. “Llevamos tres años sin regar del pantano Riudecanyes”, se queja Ramón Rojo, portavoz de esta asociación.
“El agua tiene que venir primero a la agricultura antes de que pongan más químicas y más industrias”, zanja. Se calcula que Lotte empleará cada día unos 2.000 metros cúbicos de agua en la producción de elecfoil.
El sábado, día central de la protesta, los participantes se multiplican: 3.000 personas se movilizan contra Lotte, entre activistas, plataformas de vecinos de Mont-roig y colectivos como Revolta Pagesa o Unió de Pagesos, el principal sindicato agrícola catalán. La acción consiste en ocupar el terreno, plantar árboles y hacer una cadena humana. La policía finalmente no aparecerá, para decepción de muchos activistas, acostumbrados a protestas más “cañeras”, como las llaman. Entre esos activistas están Mahaut y Simon, unos franceses que militan en SLT. “Pero para ser la primera acción, está muy bien”, valoran.
La multitud marcha, campo a través, hasta el terreno donde se construirá la fábrica. Son varias horas a pie, aunque algunos conducen tractores. Varios de ellos, jóvenes agricultores, se sumaron también a las tractoradas que a lo largo del 2024 se manifestaron, en parte, contra las medidas del Pacto Verde Europeo.
Rojo no encuentra en ello ninguna contradicción: “Estamos aquí para defender el suelo agrario, para defender la agricultura y el Camp de Tarragona, para que no haya más contaminación de la que ya tenemos”.
Revolta Pagesa ha protagonizado disputas recientes con los grupos ecologistas, a raíz del freno a la constitución de la Agencia de la Natura de Catalunya y a la reintroducción del lince ibérico. Las tensiones entre el mundo rural y el ecologismo son frecuentes, y la Ley de Restauración de la Naturaleza fue uno de los grandes frentes de batalla del año pasado.
Los levantamientos de la tierra en Francia surgen en 2021 de la experiencia de las Zonas a Defender —establecimientos de resistencia en que se instalan activistas locales y venidos de otros lugares para luchar contra determinados proyectos industriales, como ampliaciones de aeropuertos o construcción de carreteras— y los KlimaCamps, campamentos de formación en la que los activistas enseñan y aprenden métodos para exigir justicia climática.
Soulèvements de la Terre rompe con el ecologismo más urbano y con aquellas formas de protesta de Extinction Rebellion o Fridays For Future, que se centran en pedir a las autoridades un cambio para atajar la crisis climática. “Pero ese cambio no va a venir de ahí”, sentencia el francés Camille Teixó, que participa en Soulèvements de la Terre. En ese ambiente, Teixó cuenta que “había un punto de desesperación, y la gente salía a la calle a pasear su impotencia”. La idea de SLT, y de Revoltes de la Terra, es justamente devolver al activismo climático el espíritu de victoria y “conectar con la potencia colectiva”.
Residente en Catalunya desde hace años, el activista habla catalán con los impulsores de Revoltes de la Terra. También maneja el castellano a la perfección. Admira el tejido asociativo de Catalunya, y admite que gran medida de lo logrado en la composición de Revoltes de la Terra bebe de la cultura independentista. Pero precisamente la idea de esta composición de colectivos es “superar las diferencias ideológicas”, matiza.
Como SLT, Revoltes de la Terra logra aliarse con el mundo rural. En Catalunya, estos ecologistas comparten con el campo la reivindicación identitaria. La unión desde la división. El primer día, el jueves por la noche, solo dos periodistas están presentes en el olivar. Ninguna pertenece a un medio de Catalunya. El único idioma de la acampada —en la que hay personas llegadas de todo el Estado español y de otros países, como Francia y Reino Unido— es el catalán. Sólo en la primera asamblea logística se facilita un punto de traducción simultánea al castellano.
El viernes por la tarde, los portavoces de Revoltes de la Terra deciden hablar por primera vez con la prensa. Acuden al encuentro cuatro periodistas. Ninguna de las reporteras allí presentes habla catalán.
—Después de hacer vuestras declaraciones en catalán, ¿podríais contestar en castellano? — pregunto a los portavoces.
La persona que facilita el contacto con medios de comunicación rechaza la propuesta, pero sugiere que las preguntas se contesten en español.
—Uf, per mi és que és un tema ideològic — contesta la coportavoz de Revoltes de la Terra Marta Roig, y niega también esa posibilidad.
El fantasma que recorre el campamento a lo largo del fin de semana es el objetivo de la protesta, que desvela una suerte de guerra contra la movilidad eléctrica. La transición energética es un tema espinoso que divide desde hace tiempo al movimiento ecologista. Cuando se inician estas conversaciones con los participantes en este encuentro, enseguida aparecen términos como “tecnosolucionismo”, por un lado, y “colapsismo” por el otro. Unos rechazan la apuesta por las renovables y la movilidad eléctrica para frenar la crisis climática; mientras que otros creen que no aprovechar estas tecnologías es una forma de resignación ante un escenario peor de calentamiento global, y una aceptación de sus consecuencias.
“El problema es que aquí no se está cuestionando para nada la movilidad que está habiendo”, resume Eduard Alzina, coportavoz de Revoltes de la Terra. “Están proponiendo una solución a corto plazo que no es viable ni para todo el mundo. Toda esta industria requiere unos minerales y una explotación y una contaminación en el sur que tampoco es viable y que tampoco es verde y lo que hay que cambiar es el modelo de movilidad individual que existe hoy en día”.
“Lo que nos ofrece el capitalismo verde europeo es llevarnos a un punto de no retorno. La única solución que nos ofrecen es resolver el capitalismo con más capitalismo”, arguye Marta Roig. “Es pintar de verde lo que ya hay”, coincide Camille Teixó.
“Apostamos y defendemos un modelo social que prioriza a las personas y el territorio, que se encuentra en las antípodas del patrón neocapitalista predominante que encarnan a los grandes lobbies económicos”, sostiene por su parte el líder de Salvem Mont-roig, Jep Borrull.
Marcos pasea con su bici por el terreno de la protesta. Ha venido desde Cantabria para apoyar. Critica la “mal llamada transición energética” que a su juicio es en realidad una “transacción energética”. Arguye que la transición “no es cierta”. “No deja atrás el petróleo, el carbón, el gas, que es fundamental para hacer los juguetes tecnológicos punteros”, dice en referencia a las energías renovables. Cuenta que le sorprendió “para mal” que Red Eléctrica lograra recuperar la electricidad “tan pronto” tras el apagón del pasado lunes. Para él, se ha perdido una oportunidad de mostrar a la población las consecuencias de un colapso.
El concejal de la CUP en Valls (Tarragona), Pere Vidal, explica que “nos preparamos para lo peor y esperamos que pase lo mejor”, dice Vidal, quien considera que “la distopía ya está aquí”.
Para Albert Villena, uno de los 14.000 vecinos de Mont-roig, el coche eléctrico “no es el problema en sí”. Pero exige la participación ciudadana en un proyecto de esas dimensiones, con ese consumo de agua. “Una planta de este tipo es lo suficientemente importante como para que pueda votar todo el mundo. No puede ser una decisión política porque el Gobierno cree que es lo mejor para todos. Eso lo hacían los reyes absolutistas franceses, pero ahora ya no toca”.
20/5/2025
Los colectivos del CSA la Tabacalera de Lavapiés acusan al Ministerio de Cultura de negarles acceso a sus espacios históricos, las asociaciones de vecinos reclaman equipamientos para el barrio y el proyecto del ministro Urtasun es una residencia artística “para paliar la precariedad".
La historia de la Fábrica de Tabacos es ampliamente conocida. Se ha contado muchas veces y aquí va otra más, no vamos a ser menos. Situada en el número 53 de la madrileña calle de Embajadores, construida a finales del XVIII como fábrica de Aguardiantes, a partir de 1809 se convirtió en Real Fábrica de Tabacos y Rapé (aunque este último elemento lo acabó eliminando). Allí las célebres cigarreras madrileñas organizarían algunas de las primeras huelgas de la historia de España, como el “tumulto laboral” de 1830 en el que exigieron mejores condiciones. La privatización de Tabacalera/Altadis en los 2000 lo dejó sin uso, siendo adquirido por el Ministerio de Cultura en el año 2003, prácticamente entonces como un inmueble abandonado.
Hasta ahí es casi historia industrial y laboral, con el broche de la privatización como final al siglo XX. En 2007, siendo ministro de Cultura César Antonio Molina y con el edificio aún sin ningún tipo de uso, se proyectó convertirlo en el Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV). Diferentes problemas legales con el concurso público y más tarde de recortes presupuestarios paralizaron el proyecto, dando lugar a que la Dirección General de Bellas Artes cediese parte del espacio a las primeras asociaciones culturales que darían lugar al Centro Social Autogestionado (CSA) “La Tabacalera".
Esta cesión, de hecho, se hizo oficial en 2012, a nombre de Asociación Cultural CSA La Tabacalera de Lavapiés, creada por la asamblea del propio CSA, y al calor de las movilizaciones del 15M. Finalmente, los pasos para convertir el espacio en un centro de residencias artísticas no se dieron hasta mediados de 2023 con las obras de mejora y acondicionamiento, aprobándose una segunda fase de las mismas en 2024. Ya en marzo de este año se creó el Centro de Producción y Residencias Artísticas Tabacalera, a propuesta del actual Ministerio de Cultura presidido por Ernest Urtasun (Sumar). Se anunció en Consejo de Ministros, además, como un proyecto destinado a paliar “la situación de extrema fragilidad del sector creativo, agudizada por la pandemia”.
“Parece que no quieran que entremos de nuevo porque somos molestos para sus intereses. Porque nosotros estamos seguros de que materialmente es posible la vuelta del CSA a sus territorios históricos”: Pablo García Bachiller, arquitecto y miembro del CSA
Para nosotros, las constructoras y sus intereses se han apropiado del edificio”, opina Pablo García Bachiller, arquitecto y miembro de la asamblea del CSA Tabacalera de Lavapiés. “Y nos da la impresión de que el ministerio no se sabe defender de eso, que es un poder muy grande. Ellas están dentro, nosotros estamos fuera, y había un acuerdo de que cuando las primeras obras que están a punto de terminar, las que llaman envolventes, finalizasen, los colectivos íbamos a poder volver a los espacios históricos. Parece que no quieran que entremos de nuevo porque somos molestos para sus intereses. Porque nosotros estamos seguros de que materialmente es posible la vuelta del CSA a sus territorios históricos ya. Eso es una realidad material”.
Aunque con diferentes criterios, los diferentes colectivos de la Asamblea del CSA han denunciado la desaparición o traslado sin permiso de materiales de algunas de las actividades que se realizaban antes de la obra y se dejaron en el interior del edificio con compromiso de no tocarse. También que, contando con algunas visitas en las que se ha señalado “muy mala comunicación” por parte del Ministerio de Cultura, no se les ha permitido el acceso prometido antes siquiera de la aprobación de las obras, una negociación que se remonta incluso al anterior ministro del ramo, Miquel Iceta.
Las obras de fachadas, cubiertas y carpinterías arrancaron en el verano de 2023 y son esa primera fase que está a punto de culminar. La segunda, la de rehabilitación de espacios interiores, es la que se aprobó en 2024. En total sumarán más de 12,5 millones de euros. Los trabajos implican “la demolición y limpieza de todos aquellos componentes espurios respecto a la arquitectura del edificio original”, y sus nuevos usos se encuentran comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Ya desde el comienzo de los trabajos ha habido todo tipo de polémicas. El Ayuntamiento de Madrid exigió la cesión de parte de los espacios para equipamientos públicos a comienzos de 2024, siendo respondido por la propia oposición municipal que era una petición “sin sentido” en la medida que el propio consistorio “lleva años privatizando equipamientos del barrio”. Por su parte, ya en 2025 la Asociación Vecinal La Corrala de Lavapiés también pidió espacios vecinales, ya que “aunque la presencia cultural define al barrio, la zona ya tiene muchos espacios dedicados al arte [La Casa Encendida, Circo Price, Museo de la Felicidad] y pocos para los vecinos”.
En paralelo la última actuación de las obras de espaldas a la asamblea del CSA ha sido la eliminación, a finales de abril, de los murales de la fachada posterior del edificio, que dan a la calle Miguel Servet. Se trataba de una serie de pinturas realizadas por conocidos autores de arte urbano en varias ediciones de la convocatoria ‘Muros’ entre 2014 y 2019, en algunos casos con obras que han permanecido como parte del entorno del lugar más de 10 años.
“Entendemos que se está produciendo una destrucción patrimonial. El objetivo de intervención que da la Gerencia de Infraestructuras es preservar la arquitectura original y destruir todo lo que ellos consideran espurio”, agregan desde el CSA
Bachiller agrega que desde el CSA “entendemos que se está produciendo una destrucción patrimonial. El objetivo de intervención que da la Gerencia de Infraestructuras es preservar la arquitectura original y destruir todo lo que ellos consideran espurio. Es pretender que la memoria el valor patrimonial de la Tabacalera es el del edificio cuando se construyó en su origen, negando el valor de en él, de esa fábrica llena de mujeres que revolucionó socialmente el barrio y fue cuna del sindicalismo obrero. Como asamblea autogestionaria nos consideramos herederas de esos movimientos sociales y nos oponemos a ello”.
Algunos colectivos dentro de la asamblea si apuntan a la posibilidad que da el futuro centro de residencias para “normalizar nuestros mecanismos de militancia cultural y nuestros posicionamientos ultra transversales de la cultura”. Aún así, coinciden en reclamar a Cultura mayor transparencia en el proceso y garantizar el regreso de los mismos a sus espacios, que ahora ven puesto en duda. El Salto se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el Ministerio de Cultura para consultar su versión oficial sobre esta situación, sin recibir ninguna respuesta al respecto.
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