Destituido sólo dos meses después de estallar la pandemia, declaró ante el juez y la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que las directrices eran sólo "recomendaciones" de las que el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estaba "plenamente informado".
Como director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Carlos Mur de Víu, médico y psiquiatra, fue el firmante de los protocolos de la vergüenza, las directrices que vetaron el traslado de miles de mayores dependientes desde las residencias a los hospitales.
La primera versión de los protocolos tiene fecha de 18 de marzo de 2020, cuatro días después de aprobarse el estado de alarma. Luego hubo tres más: los días 20, 24 y 25. Todas ellas con la firma de Mur de Viú. El 13 de mayo de 2020, apenas 48 horas después de que la plataforma Marea de Residencias presentara las primeras querellas por lo ocurrido en las residencias contra Isabel Díaz Ayuso, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y varios directores de residencias, Mur de Viú fue destituido de su cargo. Ninguna de esas querellas ha prosperado en los tribunales.
Un año después de que firmara la tercera versión de los protocolos, el 24 de marzo de 2021, el ex director general compareció ante la fugaz comisión de investigación –fue disuelta al adelantarse las elecciones y el Partido Popular se negó a reabrirla tras obtener mayoría absoluta en las urnas– que se había constituido en la Asamblea de Madrid. Allí, Mur de Viú admitió haber rubricado la directriz. Aunque intentó desmarcarse: dijo haber mostrado su "disconformidad" con algunos de los criterios utilizados para determinar la capacidad funcional de una persona, como el índice de Barthel, que mide la autonomía de un paciente, o "la exclusión por enfermedades neurodegenerativas".
También aseguró que el protocolo firmado por él era un texto que definió como "documento de consenso". Igualmente, negó que fueran "simples borradores" como sostuvo en su momento Ayuso, y defendió que se trataba de "protocolos destinados a homogeneizar criterios" entre residencias y hospitales. Según su testimonio, no eran órdenes estrictas, sino "recomendaciones" pensadas para "el bien último de cualquier persona enferma". Mur de Viú afirmó, además, que fueron valorados por las sociedades médicas, ya que pretendían "priorizar a los pacientes con mayores posibilidades de beneficiarse de unos recursos sanitarios entonces al límite".
Según la querella colectiva por "delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios" presentada en octubre del año pasado por 115 familiares de víctimas, Mur de Viú no sólo estampó su firma digital en los protocolos, sino que "también los distribuyó entre altos responsables de las entonces consejerías de Sanidad y Políticas Sociales". No obstante, él mismo reconoció en la Asamblea de Madrid que las directrices "se basaron en borradores previos" elaborados por el geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los redactores técnicos de los protocolos y quien terminó sustituyéndolo al frente de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria.
En marzo de 2023, Mur de Viú compareció ante el juez como testigo en una investigación sobre el fallecimiento de tres mayores en la residencia DomusVi Albufera. Durante su declaración, se reafirmó en que los protocolos no tenían carácter vinculante y aseguró que "[Enrique Ruiz] Escudero estaba plenamente informado" sobre ellos. En octubre de ese mismo año, volvió a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid, donde insistió en que los documentos "no eran de aplicación obligatoria". Un mes después, en noviembre, compareció de nuevo como testigo, señalando una vez más a Ruiz Escudero como responsable de la difusión de los protocolos.
Los médicos no fueron a las residencias, sino a Ifema
Tanto ante el juez como ante los diputados de la Asamblea de Madrid, el ex director general no tuvo reparo en atribuir la falta de médicos y enfermeras para medicalizar las residencias "como hubiera sido debido" a la "canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo", en referencia al hospital de campaña abierto en Ifema y a los hoteles medicalizados. De hecho, precisó que "los 600 médicos y 821 enfermeras" destinados a Ifema constituían el personal con el que se pensaba medicalizar las residencias. Y que los profesionales sanitarios que terminaron llegando a algunos de los centros eran los que "quedaron tras montar el hospital de Ifema".
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Tras su controvertido paso por la sanidad pública madrileña, Mur de Viú ha continuado su carrera en el sector. Según detalla él mismo en su perfil de LinkedIn, dirigió el Centro de Atención a las Toxicomanías (CAT) en Barcelona desde que abandonó el Sermas hasta octubre de 2021. Desde entonces ejerce como jefe del Servicio de Salud Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Antes de dirigir la Coordinación Sociosanitaria de Madrid, un cargo en el que sólo permaneció ocho meses, había sido gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Además, es profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid desde 2013.
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